Por Adriana Manjarrez / Dossier Politico
Dia de publicación: 2010-09-10
Los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero en Cananea son presos políticos, señaló el diputado federal por el Partido del Trabajo, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
“Son presos políticos, están ahí no porque hayan cometido algún delito, sino están ahí en represalia a la resistencia que han estado manteniendo, son presos políticos sin duda”, dijo en entrevista con Dossier Político la noche del jueves, luego de reunirse en el Palacio de Gobierno con el secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova.
Señaló que los 22 mineros recibieron un pésimo trato durante la detención, pues hubo golpes, maltrato y vejaciones, aunque el jueves la situación estuvo más tranquila, les dieron alimentos y no están en celdas, sino en un lugar menos “duro”.
“Están ahí privados de su libertad y en un acto de represalia del Gobierno”, consideró, “entonces en esencia están siendo reprimidos, están siendo perseguidos y me parece que el Gobierno tiene que modificar su actitud frente a ellos, de lo contrario, está claro que quieren repetir la historia de 1910, ahora de manera caricaturesca”.
Acompañado por Miguel Pompa Corella, presidente de la comisión de diputados para atender los problemas mineros en el país, y un representante del líder nacional de la UNT, Francisco Hernández Juárez, el polémico legislador comentó que la reunión con Larios Córdova fue muy fuerte, abierta y franca, pues de ambas partes hablaron con claridad.
Indicó que le dijeron al secretario que perciben al Gobierno del Estado inclinado a favor de la empresa, haciendo uso de todo el aparato estatal en contra de los trabajadores, pues mientras 600 elementos patrullan las calles de Cananea, los narcos hacen de las suyas en otras partes.
“Le planteamos también con mucha firmeza que no hay solución a Cananea, que decirles a los mineros ‘liquídense’ no es solución, que esa mina no va a trabajar, que eso va a acabar en tragedia y que el Gobierno del Estado tiene que replantearse el asunto”, precisó.
Esqueda, mismo rumbo
“Le planteamos lo de Esqueda, que es otra vez el mismo caminito, con un asunto nuevo, entre comillas, y que muestra otra vez la prepotencia y la arrogancia de Grupo México y que eso no puede seguir así, y que nosotros vamos a apoyar a los trabajadores con todo”, añadió Fernández Noroña.
Respecto a las declaraciones del gobernador Guillermo Padrés en el sentido de que aplicarán todo el peso de la ley contra los responsables del enfrentamiento, el diputado dijo que muestra una actitud parcial, de entrada, pues se ataca a los mineros, pero no se busca a los asesinos de transportistas o a los narcos.
“Está bueno que el oriundo de Cananea se ponga a hacerle el trabajo sucio a los dueños de Grupo México, que no tienen con Cananea más relación que la explotación de la mina”, expresó. “Me parecería de una torpeza inaudita del gobernador hacer eso, y si lo hace, el martes nosotros le vamos a contestar en la Cámara”.
“No le veo al Gobierno del Estado, la verdad es que no le vi voluntad de atender el asunto de fondo, yo los veo muy subordinados a los intereses de la empresa de Grupo México”, reiteró Fernández Noroña.
Complicidad mediática
Dijo que extraña y preocupa el hecho de que prácticamente ningún medio de comunicación nacional se preocupe por lo que está pasando en Cananea, lo que muestra que hay complicidad con Grupo México, pues ni siquiera acuden al lugar de los hechos a investigar qué está ocurriendo.
“Alguien me tiene que explicar cómo hacen 22 mineros para jalar un gatillo de una pistola calibre 22”, expresó, “eso está lindo, si alguien me explica ese fenómeno impresionante de la naturaleza humana, se gana el Nóbel, yo creo”.
Según la tesis de algunos mineros, paramilitares contratados se hicieron pasar por trabajadores para desencadenar el enfrentamiento ocurrido el miércoles, que dejó a varias personas heridas, tres de ellas con arma de fuego. Sin embargo, dijo que él no tiene los elementos suficientes como para afirmar esto.
“Pero dicen que hubo un enfrentamiento, vale, decenas contra decenas o centenas contra centenas, y hay 22 detenidos, todos mineros, todos de la sección 65, entonces me parece que hay parcialidad. ¿Cómo puede ser posible que haya un enfrentamiento entre dos grupos tan numerosos, hay heridos de los dos grupos tan numerosos y sólo haya detenidos de un lado?”, anotó.
Gobierno negligente: Pompa
El Gobierno del Estado es negligente e incumplido con los trabajadores, consideró en entrevista Miguel Pompa Corella, presidente de la comisión de diputados para atender los problemas mineros en el país.
“Si hay un responsable que hizo estos disparos, como dice el subprocurador que lo hay, que lo castiguen y que lo metan al bote y que lo encierren, y que hagan un ejemplo de eso”, explicó, “en lo que no estoy de acuerdo es que tengan ahorita en estos momentos a 22 gentes detenidas”.
“Veo un Gobierno del Estado negligente, omiso, que no ha cumplido con el compromiso que hizo para con los trabajadores, veo un gobierno federal del que ya no me extraña nada, que lejos de cumplir con esa promesa de campaña de crear empleos, esté terminando con los pocos que había”, añadió.
Además de percibir a un presidente de la República a quien no le interesan los mexicanos, se ve a un secretario del Trabajo que lejos de preocuparse por hacer su función, anda destapándose para ser candidato a la presidencia, comentó Pompa Corella.
“Estamos viendo que a los trabajadores se les trata como delincuentes, y a los delincuentes se les deja transitar libremente, entonces es un sinsentido y son cosas que realmente molestan, agreden, que da coraje”, expresó. “Los sonorenses somos gente de palabra, somos gente de pantalones, y yo veo que le tienen un temor enorme a Grupo México, yo no sé por qué, no me lo explico”.
Por otro lado, dijo, la empresa está despidiendo a los trabajadores de Esqueda por telegrama, sólo porque decidieron legítimamente cambiarse de sindicato, sin que haya una autoridad laboral que le pida cuentas.
Destacó que estará pendiente del proceso jurídico contra los 22 detenidos, con el fin de asegurarse de que se les brinde un trato realmente justo, apegado al Estado de Derecho.
