A EL SOL DE HIDALGO acudieron decenas de trabajadores municipales despedidos sin justificación de las presidencias de Singuilucan y Francisco I. Madero. Foto: El Sol de Hidalgo.
El Sol de Tulancingo
11 de febrero de 2012
Por Erwin Reyes EL SOL DE TULANCINGO
Pachuca, Hidalgo.- Arturo Gil Borja, asesor jurídico de empleados que fueron despedidos de manera injustificada de los municipios de Singuilucan y Francisco I. Madero, pidió la intervención de las autoridades correspondientes para solucionar este problema.
A nombre de más de 60 inconformes, aseguró que se están violentando los derechos laborales de los trabajadores despedidos de sus trabajos sin tener argumento alguno por parte de Joel González y José León López, presidentes municipales de los municipios de Francisco I. Madero y Singuilucan, respectivamente.
Puso en tela de juicio las capacitaciones que realiza a las presidencias municipales la Secretaría del Trabajo, a través del Tribunal del Arbitraje, a fin de preservar y respetar los derechos laborales de quienes han creado una antigüedad.
"Pareciera que más bien es para decirles cómo correr a la gente que por muchos años ha laborado al servicio del municipio, sin distingos de colores, lo cual demuestra que los alcalde no han aprendido nada, realizando despidos masivos e injustificables", dijo.
"Por declaraciones de distintos líderes estatales, dijo, ya tenemos conocimiento que en todo el estado, en lo que va de la administración, ya se han efectuado más de 800 despidos injustificados".
Aseguró que aunque no son de la misma región, Francisco I. Madero y Singuilucan, los trabajadores despedidos se están uniendo con objeto de pedir se respeten sus derechos laborales.
Aseveró que el cien por ciento de la gente que ha sido despedida de estos lugares es oriunda de los municipios en referencia, lo que ocasiona que haya una disminución en los ingresos de las familias de la región.
"No son personas que trabajan por colores partidistas, es gente que está al servicio de la población".
Adelantó que en el caso del municipio de Singuilucan, el monto que actualmente se demanda por indemnización de los trabajadores despedidos de manera injustificada, asciende a más de 540 mil pesos, sin contar los salarios caídos.
Recordó Gil Borja que existen dos casos en Singuilucan, donde dos trabajadores ganaron un laudo a favor de 200 mil pesos cada uno, poniendo en riesgo el presupuesto del municipio.
Singuilucan recibe entre 16 y 18 millones de pesos anuales de presupuesto, y a menos de 20 días del actual gobierno, ya debe aproximadamente un millón entre laudos e indemnizaciones legales constitucionales, precisó el abogado.
En el caso de Francisco I. Madero, dijo, el municipio ya tiene una deuda de más de 300 mil pesos por indemnizaciones, antes de que se haya realizado un juicio, el cual, aseguró, podría endeudar al municipio con aproximadamente seis millones de pesos, de los 20 que tiene para ejercer durante el primer año de gestión..
Hizo un llamado al Gobierno del Estado para realizar un exhorto a los municipios y respetar el derecho de antigüedad de los trabajadores que sin motivo alguno fueron despedidos y pagar las indemnizaciones de las personas que no podrían ser reinstaladas en sus trabajos.
Adelantó que podrían recurrir a la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), pues en ambos casos fueron despedidas mujeres embarazadas, violándose los derechos de trabajo en el ámbito federal.
"De no ser respetados estos derechos -manifestó-, pedirán el apoyo de los diferentes sindicatos al servicio de los municipios para apoyarlos en un paro estatal, a efecto de que se respeten los derechos de los trabajadores sindicalizados.
"Qué pena que en este momento la gente que pidió el voto en cada municipio ahora deje desamparada a la gente que votamos por ella; mejor que nos digan de qué se trata para saber por quién votamos este uno de julio", señaló el licenciado Arturo Gil Borja.
Pachuca, Hidalgo.- Arturo Gil Borja, asesor jurídico de empleados que fueron despedidos de manera injustificada de los municipios de Singuilucan y Francisco I. Madero, pidió la intervención de las autoridades correspondientes para solucionar este problema.
A nombre de más de 60 inconformes, aseguró que se están violentando los derechos laborales de los trabajadores despedidos de sus trabajos sin tener argumento alguno por parte de Joel González y José León López, presidentes municipales de los municipios de Francisco I. Madero y Singuilucan, respectivamente.
Puso en tela de juicio las capacitaciones que realiza a las presidencias municipales la Secretaría del Trabajo, a través del Tribunal del Arbitraje, a fin de preservar y respetar los derechos laborales de quienes han creado una antigüedad.
"Pareciera que más bien es para decirles cómo correr a la gente que por muchos años ha laborado al servicio del municipio, sin distingos de colores, lo cual demuestra que los alcalde no han aprendido nada, realizando despidos masivos e injustificables", dijo.
"Por declaraciones de distintos líderes estatales, dijo, ya tenemos conocimiento que en todo el estado, en lo que va de la administración, ya se han efectuado más de 800 despidos injustificados".
Aseguró que aunque no son de la misma región, Francisco I. Madero y Singuilucan, los trabajadores despedidos se están uniendo con objeto de pedir se respeten sus derechos laborales.
Aseveró que el cien por ciento de la gente que ha sido despedida de estos lugares es oriunda de los municipios en referencia, lo que ocasiona que haya una disminución en los ingresos de las familias de la región.
"No son personas que trabajan por colores partidistas, es gente que está al servicio de la población".
Adelantó que en el caso del municipio de Singuilucan, el monto que actualmente se demanda por indemnización de los trabajadores despedidos de manera injustificada, asciende a más de 540 mil pesos, sin contar los salarios caídos.
Recordó Gil Borja que existen dos casos en Singuilucan, donde dos trabajadores ganaron un laudo a favor de 200 mil pesos cada uno, poniendo en riesgo el presupuesto del municipio.
Singuilucan recibe entre 16 y 18 millones de pesos anuales de presupuesto, y a menos de 20 días del actual gobierno, ya debe aproximadamente un millón entre laudos e indemnizaciones legales constitucionales, precisó el abogado.
En el caso de Francisco I. Madero, dijo, el municipio ya tiene una deuda de más de 300 mil pesos por indemnizaciones, antes de que se haya realizado un juicio, el cual, aseguró, podría endeudar al municipio con aproximadamente seis millones de pesos, de los 20 que tiene para ejercer durante el primer año de gestión..
Hizo un llamado al Gobierno del Estado para realizar un exhorto a los municipios y respetar el derecho de antigüedad de los trabajadores que sin motivo alguno fueron despedidos y pagar las indemnizaciones de las personas que no podrían ser reinstaladas en sus trabajos.
Adelantó que podrían recurrir a la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), pues en ambos casos fueron despedidas mujeres embarazadas, violándose los derechos de trabajo en el ámbito federal.
"De no ser respetados estos derechos -manifestó-, pedirán el apoyo de los diferentes sindicatos al servicio de los municipios para apoyarlos en un paro estatal, a efecto de que se respeten los derechos de los trabajadores sindicalizados.
"Qué pena que en este momento la gente que pidió el voto en cada municipio ahora deje desamparada a la gente que votamos por ella; mejor que nos digan de qué se trata para saber por quién votamos este uno de julio", señaló el licenciado Arturo Gil Borja.
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