El Sol del Centro
16 de noviembre de 2014
Mario Mora LegaspiSe trata de una lucha generada desde la sociedad civil, pues considera que no es justo que a los pobres se les siga cobrando altas tarifas por el suministro eléctrico.
La reducción de las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el servicio de energía eléctrica, ha sido una bandera que muchos han utilizado con fines político-electorales, aunque, se debe de reconocer, hay quienes efectivamente han llevado a cabo movimientos reales con el objetivo de ayudar a la gente para que ese organismo reduzca el pago tarifario de ese vital servicio, que desgraciadamente van en perjuicio de la economía de los que menos tienen.
Este tema es muy difícil y controvertido puesto que la propia CFE argumenta que ellos no imponen las tarifas y le pasa la "bolita" a las Secretarías de Hacienda y a la de Energía, que según funcionarios de la paraestatal son dependencias que conforman un Consejo que es el que efectivamente autoriza las tarifas.
"Entonces los gobiernos estatales y municipales, por mucho que quieran ayudar a la ciudadanía no pueden hacer nada, por eso se extraña que anuncien fuertes respaldos a esa problemática", comentó el analista económico a este Diario.
Ante las altas tarifas marcadas por la CFE, mencionó que se trata de la vertiente de "una política criminal", en la que "la economía está al servicio de las grandes empresas nacionales y extranjeras" y en la que, por ende, el pueblo es el perjudicado.
Apuntó que para revertir dicho problema, se requiere la organización de la clase trabajadora, así como modificar la política económica. "El problema es de fondo. El alza de las tarifas es el efecto de una política totalmente equivocada, por un lado, en el aspecto de privatizar un área estratégica de la economía nacional, como es la industria eléctrica, y por otro, por su carácter anti-popular, ya que afecta a los sectores más pobres de la población y al campesinado".
Se retiraron los subsidios que había para los ejidatarios y campesinos pobres y, en cambio, la gran empresa sigue recibiendo ese beneficio en las tarifas, agregó.
"Es una política criminal, en la que el pueblo paga los costos de la privatización, ya que, al margen de la ley, el gobierno, sobre todo a partir de Vicente Fox, creó los contratos de servicios múltiples, con lo que los empresarios privados generan electricidad y resulta que el Gobierno Federal está obligado a comprársela al precio que le exigen los empresarios particulares", explicó Márquez Márquez.
De esa manera, dijo, cuando en nuestro recibo de luz se expresa que nos subsidian los primeros 250 kilowatts, en realidad lo que apoyan es a las empresas privadas generadoras de energía eléctrica.
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