La ONU-DH llamó al gobierno mexicano a “asumir con emergencia y acelerar la implementación de las recomendaciones pendientes” para combatir la desaparición forzada, la cual “constituye un ultraje a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.
Por lo anterior, le urgió a cumplir con su agenda, la cual incluye la emisión de una ley general en la materia, el reconocimiento de la figura de “declaración de ausencia por desaparición” y el combate efectivo a la impunidad.
La agenda también abarca el fortalecimiento de los servicios forenses independientes, la protección de las víctimas y de los testigos de desaparición, la “regulación apropiada del uso de la fuerza”, y el establecimiento de un mecanismo nacional de búsqueda de personas que contaría con un banco de datos genéticos así como un registro de las personas desaparecidas.
La ONU-DH reiteró la necesidad de que el gobierno reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada en recibir quejas de víctimas, tal como lo estipula el artículo 31 de la convención en la materia, que firmó México en 2001.
El pasado martes, el canciller mexicano José Antonio Meade Kuribreña aseveró en términos vagos que “el tema de la posibilidad de reconocer esta jurisdicción (sic) es un tema que está siendo evaluado”, por lo que todavía “no existe una fecha puntual”.
Como lo documentó Proceso (1984), desde hace tres años el gobierno mexicano desdeña al comité: Se negó dos veces en seguir las recomendaciones de la ONU en reconocer su competencia e ignoró en tres ocasiones las solicitudes del comité a visitar el país.
Si bien la ONU-DH se alegró de algunos éxitos en México, como el retiro de la reserva que impedía el juicio por parte de un tribunal civil de militares involucrados en desapariciones forzadas, o avances legislativos en Coahuila, afirmó que todavía existen grandes retos.
La ONU-DH recordó al gobierno mexicano que las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa se suman a las “numerosas desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos” que “siguen afligiendo a muchas familias y se añaden a las desapariciones cometidas en la etapa de la así denominada ‘Guerra Sucia’”.
Retomando las palabras de Enrique Peña Nieto, la ONU-DH planteó que el asidero del problema se encuentra en “esa combinación de condiciones inaceptables de debilidad institucional”, pero subrayó que las familias y las organizaciones juegan un “rol invaluable e insustituible” en las transformaciones institucionales.
“Lo anterior supone, además, que las propias autoridades respeten el derecho de las personas a defender los derechos humanos de las personas desaparecidas”, añadió.
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