Martín Esparza Flores
Más que inconcebible parecería imposible que en México pudieran darse, en pleno siglo XXI, condiciones de esclavitud laboral. En los libros de texto nos dicen que la misma fue abolida por el cura Miguel Hidalgo meses después de la consumación de la Independencia, el 6 de diciembre 1810. Sólo que en esta esfera de inhumana explotación, la lacerante realidad echa por tierra tanto a la historia como a las demagógicas políticas sociales que lejos de proteger los derechos humanos y laborales de miles de mexicanos, permiten a empresas privadas inferir los más incalificables abusos en su contra, en nuestro propio territorio. Y no pasa nada, en buena medida por los estropicios causados a nuestra Constitución por gobernantes y legisladores apátridas.
En su sentencia emitida en noviembre pasado por el Tribunal Permanente de los Pueblos, organismo internacional que agrupa a personalidades de invaluable reputación mundial en el campo de las ciencias, las artes, las leyes y la defensa de los derechos humanos, dedicó un apartado especial de su informe final para hablar del abrumador tema de la esclavitud en México donde citó evidencias sobre la utilización de trabajo esclavo, como el registrado en la empresa jitomatera Bioparques de Occidente, con sede en Tolimán, Jalisco, y a la que la Secretaría de Desarrollo Social en 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, premió con 10 millones de pesos por su supuesta “responsabilidad social”.
De la “empresa modelo”, fueron liberados el 10 de junio de 2013, 272 jornaleros —191 hombres, 45 mujeres y 36 menores de edad—, que eran explotados en los campos de cultivo, casi en condiciones de esclavitud, similares a un campo de concentración. Caso similar se presentó en las firmas Empaques Casillas y Bonanza, de Autlán, donde otros 280 jornaleros sufrían la más absoluta de las violaciones a sus derechos fundamentales.
En el actual escenario de la reforma energética y sus leyes secundarias, nuevamente el artículo 27 ha enfrentado uno de sus peores embates para dar certidumbre jurídica a las trasnacionales e inversionistas privados que acentuarán el “extractivismo energético”, mediante el saqueo y depredación de nuestros recursos naturales como el viento y el agua. La Ley General de Aguas que está a debate en el Congreso es una las últimas fechorías que busca consumar el Estado mexicano.
Los cambios de la reforma laboral están legitimando una semiesclavitud laboral al pauperizar la mano de obra de millones de mexicanos, sobre todo jóvenes, negándoles la estabilidad laboral y el derecho a un futuro promisorio como lo garantizan los beneficios de la seguridad social.
Llegó el momento para que el pueblo de México tome conciencia de que los cambios realizados a nuestra Constitución han terminado por dar garantías a las trasnacionales y las élites económicas, aniquilando los derechos del resto de la población.
Por eso, urge echar atrás las reformas a nuestra Carta Magna, pues se ha llegado a extremos tales como consentir la esclavitud y pretender la privatización de nuestra agua.
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