Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de mayo de 2015, p. 11
Con el aval del PRI y el PAN, la comisión especial del Senado para dar seguimiento al caso Oceanografía pretende dar por concluidos sus trabajos, a lo que el PRD se opone, bajo el argumento de que
La comisión senatorial, que preside la priísta Lizbeth Hernández, presentó un informe que se pretende sea el final, en el que sostiene que el fraude cometido por Oceanografía hay indicios de un fraude monumental a Petróleos Mexicanos (Pemex)y se pretende proteger a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.
ya no representa riesgo económico o legal para Pemex, ya que la ahora empresa productiva del Estado tomó
todas las medidas para el cobro de penalizaciones contractuales y de garantíaspor un monto superior a 506 millones de pesos.
Los senadores perredistas Dolores Padierna, Angélica de la Peña y Mario Delgado, integrantes de esa comisión, presentaron un contrainforme, en el que sostienen que ese organismo no debe cancelar sus actividades “hasta que se conozca la dimensión exacta del daño causado a Pemex por empleados y servidores públicos que consintieron todo tipo de irregularidades.
Resaltan que prueba de ello es que en febrero pasado Pemex Exploración y Producción pagó más de 525 millones de pesos a Oceanografía, por orden del juzgado tercero de distrito en materia civil, y presuntamente por haber incumplido contratos pactados con la naviera antes de que ésta fuera intervenida por el gobierno federal.
Los perredistas resaltan que Pemex aceptó la culpabilidad, ya que
En el contrainforme destacan asimismo que la investigación que la Procuraduría General de la República lleva cabo se concentró en Amado Yañez, dueño de Oceanografía, y
Concluyen que Oceanografía ilustra
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por descuido, negligencia o connivencia no apeló del fallo y aceptó pagar esa multa millonaria, que irá a los acreedores de Oceanografía.
En el contrainforme destacan asimismo que la investigación que la Procuraduría General de la República lleva cabo se concentró en Amado Yañez, dueño de Oceanografía, y
se dejó de lado a socios y sobre todo a protectores políticos. Agregan que la dependencia informó oficialmente a la comisión que
no existe ninguna acción penal en contra de Mario Alberto Ávila Lizárraga y Carlos Mouriño Terrazo, hermano del secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.
Concluyen que Oceanografía ilustra
el uso de Pemex como botín del partido que gana las elecciones presidenciales, ya que la magnitud de los contratos de la empresa petrolera se presta a la corrupción a gran escala.
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