Reformas estructurales, venero de conflictos/I
Martín Esparza Flores
El carácter punitivo y privatizador de la reforma educativa está por llevar la gobernabilidad a su fase más crítica del sexenio una vez que la Secretaría de Educación Pública y las más altas instancias del gobierno federal han reiterado que la evaluación académica de más de 300 mil profesores en el país no tendrá marcha atrás; es decir, que las propuestas planteadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como por expertos en la materia, para impulsar un cambio sustancial al actual modelo educativo, serán nuevamente ignoradas, priorizando el punto de vista empresarial que, mediante organizaciones como Mexicanos Primero, busca cercenar la seguridad en el empleo de miles de docentes en el país.
Tal y como aconteció en 2013, en que las voces del magisterio fueron aisladas en la implementación de la reforma y sus lesivas leyes secundarias, el gobierno mexicano porfía en mantener su verticalidad en la toma de decisiones en un asunto de la importancia y magnitud como el tema de la educación. De nueva cuenta, tanto las autoridades como el propio sector empresarial que alienta el modelo privatizador rehúyen debatir los irresueltos temas de la agenda educativa como ocurrió con el debate público acordado por la CNTE y Mexicanos Primero, el pasado 29 de mayo, y al que esta última organización se negó a asistir a sabiendas de que el proyecto oficial esconde parámetros e indicadores establecidos por las empresas multinacionales y los organismos internacionales como la OCDE, para arrebatarle a la educación su sentido social y humanista, por una dinámica competitiva que la transforme en una simple mercancía, donde la anunciada evaluación, lejos de alentar una verdadera superación académica, se convierta en un instrumento administrativo para poder despedir a miles de docentes —se calcula que 30 mil por año.
La innegable politización de la reforma educativa, utilizada como estratagema para aminorar presión en el pasado proceso electoral anunciando que la evaluación de suspendía por tiempo indefinido para después regresar con el argumento de que se aplicará a como dé lugar, no únicamente trastocó la negociación que se mantenía con las diversas secciones de la CNTE, sino que sacó a la luz una serie de falacias que por la falta de recursos presupuestales serán inviables de llevar a la práctica, como la puntual ejecución del nuevo programa de estímulos a la docencia, anunciado a finales de mayo, y que suplirá a la carrera magisterial.
Como una burla a los profesores, los lineamientos contemplados en el nuevo proyecto supeditan el pago de las compensaciones extras a la disponibilidad de recursos; es decir, que en los actuales momentos de estrechez presupuestal sencillamente de nada valdrá que los mentores cubran con los perfiles de superación académica establecidos por el cuestionado Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Al no haber fondos públicos, sencillamente no existe la obligación gubernamental a otorgar tales estímulos.
No hay comentarios :
Publicar un comentario