Oliver García
el visto bueno
Pachuca
Tras el decreto emitido por el ex presidente Felipe Calderón el 11 de octubre de 2009, el cual extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LFC), organismo encargado de producir, distribuir y comercializar la energía eléctrica en el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, la mayor parte de los 44 mil trabajadores pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aceptaron su liquidación, pero poco más de 15 mil la rechazaron, y desde entonces han pugnado para recuperar sus empleos.
La propuesta para terminar con los pleitos legales era la constitución de una empresa que compitiera con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que quedó a cargo del servicio donde dejó de operar la primera empresa.
Con respecto a la participación del Estado, el actual subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, ha asegurado que el gobierno no otorgará capital ni la empresa para la generación de empleos.
La sociedad cooperativa LF del Centro quedó constituida ante notario el pasado 10 de junio, con lo que los ex trabajadores y las instalaciones serán parte de un proyecto de compañía con inversión privada. Falta todavía un acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), la de Energía (Sener), para que se utilicen las plantas generadoras bajo la figura de concesión.
De acuerdo con Vicente Espinoza Contreras, subsecretario general de la división Pachuca del SME, de materializarse la propuesta 235 trabajadores de la división serían restablecidos.
“La empresa portuguesa Fénix, que va a invertir, está por entregar a más tardar en un mes un proyecto de contrato colectivo de trabajo a la Asamblea General del sindicato, para que lo apruebe”, dijo.
Sostiene que el contrato colectivo de trabajo contempla la capacitación, pues con la reforma energética, si bien se permite la asociación, el resultado debe ser energía limpia que no contamine. “Ya han recorrido las plantas generadoras, se piensa que sea en la planta de Lechería, en el Estado de México, donde se construyan dos plantas de ciclo combinado”. En Hidalgo existe una que se ubica en Tula, aunque la de mayor capacidad está en Necaxa, Puebla.
“No estamos pidiendo que salga una erogación del gobierno para que nos repartan dinero, sino que nos den el trabajo que teníamos. Han dejado que inversionistas extranjeros lleguen y traigan a su personal, incluso petroleros y gente de la CFE están siendo despedidos”.
Agregó que el consorcio extranjero fue el que se acercó al SME, y que para la administración de la cooperativa los empleados conformarán la mesa directiva y el consejo de administración de vigilancia.
“Se tienen que desincorporar los bienes de Luz y Fuerza, plantas, fábricas y talleres. La sociedad mercantil se haría cargo también de la producción de bienes y servicios como insumos, postes”.
Cuestionado sobre lo que una empresa de este tipo es capaz de ofertar al usuario para convertirse en una alternativa y ser competitiva, destacó que prometen ofrecer a 0.540 centavos el kilowatt hora en zonas donde se ubica una hidroeléctrica.
La CFE utiliza distintos precios, de acuerdo con el tipo de servicio. En función de la temporada cálida del año, se aplica una tarifa para el sector doméstico. Si se desea consultar junio, por ejemplo, la página indica un precio de $0.711 por kilowatt hora en consumo básico, $0.839 en intermedio bajo y $1.071 en intermedio alto.
Pese a las críticas recibidas durante la liquidación, afirma que en su división se daba un buen servicio.
“Antes te avisaban y te daba tiempo de ir a pagar. Ahora llegan y te cortan la luz, o para no cortártela te piden un dinero, pero hay veces que ni es gente de Comisión Federal, es contratada de otros estados y si vas y reclamas ya te pusieron la luz.
“Rebasas los 250 kilowatt hora y te están aplicando una tarifa de alto consumo. Anuncian que ya bajó la tarifa industrial 30 por ciento, comercial 23 por ciento y la doméstica 10 por ciento”.
¿Por qué desapareció?
Como parte del discurso oficial, Fernando Gómez, quien fungía entonces como secretario de Gobernación, aseguró que la medida se debió a que su funcionamiento ya no era conveniente para la economía nacional. “Con el dinero de los contribuyentes se subsidió la operación de Luz y Fuerza del Centro hasta un grado que ya no era sostenible; lo que se busca es que la red sea operada de forma más eficiente, donde no se tenga que apoyar de manera extraordinaria”, informó a medios nacionales durante un conferencia ofrecida por la Presidencia de la República (12/10/2009).
El gobierno federal ofreció una cantidad para liquidar a quienes así lo decidieran. Entre 2009 y 2010 el gasto de la extensión fue de 21 mil 115 millones de pesos.
De acuerdo con la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel, el sindicato interfería con la administración. “La modernización fue impedida y obstaculizada por la falta de productividad, tardándose tres veces más que en la CFE” (13/10/2009).
Y puesto que más de 90 por ciento de la energía que comercializaba LFC la compraba a la CFE, era un organismo distribuidor y comercializador. “Las pérdidas totales triplicaban las pérdidas de la CFE. Desde 1997 la plantilla pasó de 34 mil 706 trabajadores a 44 mil 504; las plazas temporales se convertían en permanentes”.
El contrato colectivo otorgaba permiso con goce de sueldo hasta por 10 meses en un año, pago de viáticos, transporte, alimentación y lavado de ropa a trabajadores que salen de su lugar de trabajo aunque sea el traslado en la misma ciudad, aseguró.
Destacó que la empresa no tenía un fondo para cubrir el pasivo laboral, que ascendía a 240 mil millones de pesos, de los cuales 80 mil millones de pesos eran para trabajadores activos y 160 mil para el personal jubilado.
Vicente Espinoza replica la información con la que en su momento se defendieron los trabajadores. “O no hicieron bien sus cuentas o sus datos estaban mal. Por venta de energía se generaban 55 mil millones de pesos y en nómina se gastaban siete mil millones de pesos, les quedaban 48 mil millones, ¿para dónde se iba ese dinero?
“Calderón decía que se gastaban 42 mil millones de pesos, pero no eran para los trabajadores, sino para el subsidio de energía. Tiene más de dos años que se quitó, a dónde se fue ese dinero que es de los impuestos del pueblo”.
“Nosotros no pedimos estar en las calles, simplemente por un decreto, esto lo impulsó el gobierno anterior, pero el gobierno en turno le ha venido dando largas, no quiere ver protestas de los trabajadores, campesinos, maestros y estudiantes, pero no le da solución a sus problemas”.
La liquidación de Luz y Fuerza ocurrió en el marco de la elección del líder del sindicato, Martín Esparza, en una contienda muy cerrada que le dio el triunfo de nueva cuenta. Por supuestas irregularidades durante el proceso, el gobierno panista no lo reconoció como líder.
En un acercamiento al fenómeno, el titular de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Óscar Álzaga Sánchez, reflexiona, desde una perspectiva político legal, sobre el objetivo del ex presidente. Sostiene que careció de facultades constitucionales para eliminar por decreto al organismo (Revista Alegatos 75, 2009, UAM).
Detrás del “golpe”, dice, el ex presidente pretendía recuperar la confianza de la oligarquía nacional y el capital extranjero, y continuar con el proceso de privatización de la industria eléctrica en favor del capital privado nacional e internacional.
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