Estamos a un año de la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica y se han implementado cambios importantes en el sector eléctrico en México. Entre éstos vale la pena resaltar la separación del Centro Nacional de Control de Energía de la estructura orgánica de CFE, asegurando así que la CFE funcionará como un jugador más en el mercado eléctrico mayorista a partir del 1 de enero del 2016. Por otro lado, se cuenta ya con nuevos Criterios de Interconexión para Central Eléctricas y Nuevos Centros de Carga, así como nuevas Reglas del Mercado Eléctrico Mayorista, que fueron publicadas recientemente. Por lo que hace a la promoción de las energías renovables, se cuenta ya con los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición.
Finalmente, el nuevo documento de planeación del sector, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), que es el documento que reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de centrales de generación eléctrica, y los programas de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución, ya fue publicado. Se podría decir que la emisión de estos documentos se ha dado siguiendo al pie de la letra el plan de ejecución que se planteó para la reforma energética en materia de electricidad.
Pero es muy diferente si hablamos de la implementación de la reforma en términos de avances. Si bien es cierto que ha habido una importante reducción en las tarifas eléctricas, explicadas en buena medida por la reducción en los precios del combustóleo y el gas natural (pero no completamente), lo cierto es que esta misma reducción, que no tiene nada que ver con la reforma, ha tenido repercusiones importantes en el sector. Para la empresa productiva del Estado CFE, las pérdidas en el primer trimestre de 2015 ascendieron a 16,305 millones de pesos, un incremento de 2.8 veces frente a sus pérdidas del mismo periodo del año pasado, que fueron de 5,814 millones de pesos. Esto se explica en buena medida por la reducción en los ingresos netos de la compañía, los cuales pasaron de 78,290 millones de pesos en los primeros tres meses de 2014 a 73,449 millones de pesos en el mismo periodo de 2015.
Por otro lado, esta reducción en las tarifas se ha traducido en una falta de compradores de energía para proyectos privados. Empresas como Bimbo inclusive llegaron a declarar que podrían dejar de comprar electricidad a empresas de energía renovable y volver a contratar a la CFE ante la caída que han tenido las tarifas. Otras empresas se encuentran en la misma situación, ya sea buscando renegociar sus contratos o esperando que las tarifas bajen aún más, pues así lo sigue promoviendo la retórica gubernamental. Lo cierto es que los inversionistas privados no encuentran las condiciones para financiar sus proyectos, pues las tarifas tan bajas en el sector industrial se traducen en un universo más reducido de clientes que cuenten con la calidad crediticia necesaria y que estén dispuestos a firmar un contrato de compraventa de energía por 15 años o más. La pregunta real aquí es, si no es negocio para los privados, que de acuerdo con la reforma son más eficientes que la empresa pública, ¿por qué sería negocio para la CFE? Como se puede ver con las pérdidas arriba mencionadas, lo cierto es que la estructura tarifaria no sigue la lógica de un mercado eléctrico mayorista, por lo que hay una pieza fundamental que falta en la reforma: la reestructura de las tarifas eléctricas, como lo hemos mencionados en otros artículos de “Mitos y realidades”.
Por otro lado, un tema que no ha sido tomado en cuenta por los medios es la repercusión de los criterios de interconexión sobre el mercado. Estos criterios se refieren al proceso regulatorio y los requisitos que hay que cumplir para interconectar un nuevo proyecto de generación a la red, gestión que ahora debe llevar a cabo el Cenace. Si bien es un documento necesario que permite llenar varias lagunas del proceso anterior, es una pieza de la regulación que deja ver claramente que la reforma está diseñada para beneficiar a empresas con amplios recursos financieros, dados los altos costos de los estudios que se requieren y de las garantías financieras. Como ejemplo, que se incluye en los Criterios mismos, tenemos que una planta eólica de 118 MW tendría que entregar una carta de crédito por 13.5 millones de dólares como garantía. No resulta extraño que se garanticen las inversiones a realizar, pero tomando en cuenta que dichas garantías son requisito para la firma del contrato de interconexión, y para el Permiso de Generación, las barreras de entrada al mercado se volverán infranqueables para desarrolladores pequeños.
Esto se debe a que ahora los solicitantes deberán presentar estados financieros, cartas de intención o cartas de crédito irrevocables, que aseguren el financiamiento de la inversión necesaria y acreditar la capacidad técnica para el diseño, construcción y operación de proyectos de generación con características similares al objeto del permiso. En el mediano plazo podemos esperar que se reduzca el número de proyectos en proceso de desarrollo, pues no hay que olvidar que un porcentaje importante de los proyectos, eólicos por ejemplo, actualmente en operación o en proceso de gestión, fueron originalmente desarrollados por empresas pequeñas, que tenían las capacidades locales para negociar con los ejidatarios y los cabildos. En la cadena de valor este desarrollador local no tendrá los recursos financieros y técnicos necesarios para avanzar en las gestiones, por lo que tendrá que vender en etapas muy tempranas de desarrollo, por lo que es posible que se reduzca el interés de participar en este segmento, en detrimento del desarrollo de proyectos de energía, principalmente energías limpias como solar, hidroeléctrica y eólica.
Las subastas de potencia, energía y certificados de energía limpia, que de acuerdo con el calendario se llevarán a cabo en octubre de este año, serán también un indicador respecto a qué tamaño de participantes del mercado concretarán inversiones bajo las reglas de la nueva industria. Con la información disponible, la apuesta más segura es que aquellas empresas que ya tienen presencia en México, y que cuentan con activos disponibles, serán las mejor posicionadas, en vista que la legislación y las bases del mercado eléctrico contemplan unas fechas de entrada en operación de los proyectos que –curiosamente– coinciden con los tres años que le quedan al sexenio. Cabría preguntarse si una vez que salgan las reglas de las subastas se incluirán objetivos de política pública, como podría ser el desarrollo de una industria nacional, ya sea a través de cuotas, beneficios fiscales, coinversiones con empresas mexicanas o contenido nacional que den mayor puntaje en las propuestas técnicas, etc. Esperemos que así sea.
Pero lo verdaderamente grave sería que el resultado de esta primer subasta sea similar al fracaso de la Ronda Uno en el sector de hidrocarburos; esto es, que ante la expectativa de una subasta competitiva con decenas de participantes, nos encontremos con no más de un par de participantes que operan en México desde antes de la reforma o, peor aún, una falta absoluta de interés, reflejo del entorno legal e institucional que se encuentra aún en proceso de desarrollo. Tomando en cuenta, de acuerdo con nuestros cálculos, los más de 7,000 MW de capacidad actualmente en desarrollo por parte de empresas serias bajo la legislación anterior, incluyendo a CFE y Pemex (cogeneración), se antoja complicado que las autoridades comprometan la incorporación de capacidad adicional en los siguientes tres años, por lo que el enfoque muy probablemente será en la incorporación de energía y certificados de energías limpias, con lo que no se generará el interés necesario para una amplia participación.
A poco más de un año de la implementación de la reforma energética, los retos hacia adelante son aún importantes, y si bien el objetivo de generar un mercado eficiente y competitivo es claro, se podría decir que el camino se está construyendo no sólo con un auto en marcha, sino con un auto al que además se le están cambiando las piezas mientras va rodando cuesta abajo. Uno de los principales problemas es que el plano para el camino esta delineado hasta el 1º de enero del 2016, de ahí en adelante el mercado tomará vida propia, y veremos con el tiempo como irá creciendo y madurando. Esperemos que no se le pida que corra antes que aprenda a caminar.
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