Municipios Puebla
Huauchinango, Pue.- El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Miguel Márquez Ríos, retó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que demuestre que su pretensión de cobrar la energía a pobladores de tres municipios serranos es legal, pues aseguró que ni el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ni el comodato que tenía sobre el complejo hidroeléctrico Necaxa que acaba de terminar, le otorgaban derecho para requerir el pago.
La declaración del líder sindical, quien estuvo preso más de tres años en el penal de San Miguel en Puebla como consecuencia del conflicto laboral, se dio en el marco de la intensa campaña mediática de cobro y el amago de la suspensión del suministro del servicio, que ha desplegado la CFE en los municipios de Huauchinango, Juan Galindo (Necaxa) y Ahuazotepec.Márquez Ríos apuntó que ha hablado con el ingeniero José Antonio Palomec, superintendente de la CFE en Tulancingo, y le ha pedido que ante los medios de comunicación demuestre el fundamento legal que dicen tener para cobrar la energía eléctrica y hasta el momento no ha aceptado. Lo que hay en la región, indicó, es molestia y enojo contra la CFE, por las contantes fallas en el servicio que han dañado aparatos de los usuarios y porque los empleados de esa empresa han llegado a cortar el servicio a algunas personas, queriendo con ello obligarlos a pagar recibos de 15 mil, 30 mil y hasta 120 mil pesos por un contrato que no firmaron con ellos.
“Y ahora menos –dijo- que terminó el convenio de comodato (sobre la hidroeléctrica Necaxa) en el que únicamente estaban obligados a continuar dando el servicio sin ninguna condición, ni contraprestación. Así de claro lo dice el documento”.
Miguel Márquez agregó que en el decreto de extinción ni siquiera se menciona qué iba a pasar con los usuarios: “Al gobierno de Felipe Calderón lo único que le interesaba era acabar con Luz y Fuerza y acabar con el SME, en los usuarios, ni pensaron”.
Asimismo, negó que el dirigente de la División Necaxa, Román Olvera haya amenazado a los empleados de la CFE. “Lo que el compañero les dijo, es que se van a encontrar con conflictos con los usuarios, porque están molestos porque le cortan el servicio, llegan y los intimidan y los quieren a obligar y por los daños que han sufrido por los apagones constantes en la zona”.
Indicó que han recibido denuncias de que los empleados de la CFE han llegado a algunas colonias –sobre todo de Huauchinango-, y, sin avisar, a los usuarios les cortan el cable, su bajada o retenida, lo enredan y se lo llevan.
“Están haciendo su Hidalgo. Le están robando al usuario porque ese cable es de la ciudadanía. La retenida es de cobre y cuando la sustituyen le ponen cables de aluminio. Eso es lo que está originando mayor inconformidad y es lo que les dijo mi compañero Román: que él no se hacía responsable de las medidas que tomaran los usuarios, porque los están robando”, añadió Márquez Ríos.
La declaración del líder sindical, quien estuvo preso más de tres años en el penal de San Miguel en Puebla como consecuencia del conflicto laboral, se dio en el marco de la intensa campaña mediática de cobro y el amago de la suspensión del suministro del servicio, que ha desplegado la CFE en los municipios de Huauchinango, Juan Galindo (Necaxa) y Ahuazotepec.Márquez Ríos apuntó que ha hablado con el ingeniero José Antonio Palomec, superintendente de la CFE en Tulancingo, y le ha pedido que ante los medios de comunicación demuestre el fundamento legal que dicen tener para cobrar la energía eléctrica y hasta el momento no ha aceptado. Lo que hay en la región, indicó, es molestia y enojo contra la CFE, por las contantes fallas en el servicio que han dañado aparatos de los usuarios y porque los empleados de esa empresa han llegado a cortar el servicio a algunas personas, queriendo con ello obligarlos a pagar recibos de 15 mil, 30 mil y hasta 120 mil pesos por un contrato que no firmaron con ellos.
“Y ahora menos –dijo- que terminó el convenio de comodato (sobre la hidroeléctrica Necaxa) en el que únicamente estaban obligados a continuar dando el servicio sin ninguna condición, ni contraprestación. Así de claro lo dice el documento”.
Miguel Márquez agregó que en el decreto de extinción ni siquiera se menciona qué iba a pasar con los usuarios: “Al gobierno de Felipe Calderón lo único que le interesaba era acabar con Luz y Fuerza y acabar con el SME, en los usuarios, ni pensaron”.
Asimismo, negó que el dirigente de la División Necaxa, Román Olvera haya amenazado a los empleados de la CFE. “Lo que el compañero les dijo, es que se van a encontrar con conflictos con los usuarios, porque están molestos porque le cortan el servicio, llegan y los intimidan y los quieren a obligar y por los daños que han sufrido por los apagones constantes en la zona”.
Indicó que han recibido denuncias de que los empleados de la CFE han llegado a algunas colonias –sobre todo de Huauchinango-, y, sin avisar, a los usuarios les cortan el cable, su bajada o retenida, lo enredan y se lo llevan.
“Están haciendo su Hidalgo. Le están robando al usuario porque ese cable es de la ciudadanía. La retenida es de cobre y cuando la sustituyen le ponen cables de aluminio. Eso es lo que está originando mayor inconformidad y es lo que les dijo mi compañero Román: que él no se hacía responsable de las medidas que tomaran los usuarios, porque los están robando”, añadió Márquez Ríos.
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