Electricidad, derecho humano

Los agricultores también han perdido la cuenta de sus adeudos por lo disparatado de las tarifas.

Movimiento de defensa social en todo el país/II y última parte

revista siempre/ Martín Esparza F./ 20 de mayo de 2016

El abasto seguro y a bajo costo de la electricidad es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo integral de todo país, por lo que en México la iniciativa impulsada por el SME y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), que busca garantizar como un derecho humano el suministro seguro y a bajo costo para toda la población, adquiere una importancia de primer orden si se busca sacar adelante a sectores que, como el agrícola, enfrentan serios problemas con las tarifas eléctricas, que se ha convertido en uno de sus insumos más caros.

En fecha reciente se anunció la intención de las autoridades de otorgar tarifas eléctricas más bajas a los productores rurales, incluyendo descuentos de hasta la mitad de sus adeudos y reducción en costo del kilovatio de 60 a 35 centavos, pues como lo han expuesto diversas organizaciones como El Barzón, la Unión Campesina Democrática y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, entre otras muchas, un pozo gasta en promedio al mes unos 100 mil kilowatts que a precio actual de 60 centavos, genera un costo de 60 mil pesos, haciendo incosteable la siembra de productos como el maíz cuya tonelada alcanza apenas los 2 mil 800 pesos.

Como ha sucedido en analogía con el cobro de los “recibos locos” de la CFE donde se han registrado cargos inverosímiles de hasta 50 o 60 mil pesos a viviendas humildes, los agricultores también han perdido la cuenta de sus adeudos por lo disparatado de las tarifas, por lo que de nada les vale que se les diga que sus cargos serán reducidos a la mitad o se les permita finiquitar sus excesivas cuentas a meses sin intereses. Sencillamente por el alza también en el diésel y los fertilizantes, no cuentan con recursos para pagar a CFE, que no consideró la difícil situación por la que atraviesan a la hora de fijar sus criterios de cobro.

Como los agobiados productores del campo, millones de usuarios domésticos, comerciantes y pequeños y medianos industriales, esperan del gobierno una política en materia energética que defina los criterios para el cobro y el uso racional de la electricidad, determinando su abasto con base en criterios que alienten el desarrollo económico y social, que permitan elevar el nivel de vida de todos los mexicanos. Y en este sentido los diputados juegan un papel preponderante.

El interés toral de la iniciativa que está respaldada por más de 400 mil firmas de usuarios de todo el país, radica por ello en hacer prevalecer el interés social que debe salvaguardar el Estado al hacer valer los derechos humanos consagrados en el artículo primero de la Constitución, y donde la electricidad no debe ser vista como una mercancía sujeta a los intereses de la oferta y la demanda, sino como un elemento sustancial que permita atender las necesidades básicas de las personas y contribuir a su desarrollo social, económico, político y cultural.

Este movimiento nacional, además de plantear cambios al artículo cuarto constitucional, busca la implementación de medidas que garanticen el establecimiento de una tarifa social justa, el cese de cortes de luz arbitrarios, así como la criminalización en contra de las justas protestas de los usuarios y la cancelación de las denuncias penales en su contra.

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