Diez trasnacionales agroalimentarias de la lista de Forbes y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores recibieron más de 1 mil 400 millones de pesos del erario mexicano en 2011. El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, reprueba las políticas enfocadas al sector porque benefician a los más ricos. Y para la Auditoría Superior de la Federación hay ineficacia en el manejo de más de 1 mil 300 millones de pesos.
Recursos públicos por más de 1 mil 400 millones de pesos se distribuyeron a 10 trasnacionales agroalimentarias, dominantes del mercado nacional y de la economía global. Sus dueños y marcas aparecen en las listas de la revista estadunidense Forbes (especializada en negocios y finanzas) como los más ricos de México y el mundo. Listados de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) muestran los nombres Maseca, Cargill, Bachoco, Minsa, Gamesa, Sukarne, Gradesa y Gruma, Bunge y Sabritas, entre otras.
Los padrones de beneficiarios de la Sagarpa revelan que tan sólo una decena de multinacionales recibieron 1 mil 410 millones 727 mil 997 pesos en 2011. Los subsidios equivalen a 1.4 millones de veces más que la “cuota normal”, correspondiente a los beneficios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) −principal subsidio “en apoyo de la economía de los productores rurales”–, que asciende a 963 pesos por hectárea.
Datos del portal Subsidios al campo en México revelan que el municipio de Cochoapa el Grande, en Guerrero, recibió 17 millones 556 mil 874 pesos, durante el periodo de 1994 a 2009. Esto significa que el municipio más pobre del país obtuvo 80 veces menos, en 15 años, que lo entregado en un sólo periodo fiscal a 10 multinacionales.
Olivier De Schutter, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, recomienda al gobierno federal que “vele por que sus políticas agrarias hagan una contribución más efectiva a la lucha contra la pobreza rural” y critica la entrega de apoyos a grandes compañías.
Javier Usabiaga Arroyo, exsecretario de Agricultura y actual integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, señala que “el relator vino a hacer una investigación basada en lo que le decían, no en la vivencia de cuáles son las necesidades de nuestro país en materia alimentaria. Relaciona la alimentación del pueblo con el maíz, como si nada más comiéramos eso”.
Los 10 más ricos, subsidiados
Grupo Maseca (Gruma), propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, obtuvo 454 millones 54 mil 501 pesos, a través de los apoyos que proporciona la Sagarpa. Los recursos fueron entregados a dos de sus subsidiarias, la Compañía Nacional Almacenadora (292 millones 367 mil 772 pesos) y Molinera de México (161 millones 686 mil 729 pesos), indica el padrón de Componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización.
Su dueño, Roberto González Barrera, ocupa el sitio 683 de los hombres más ricos del mundo en la lista de Forbes. En México, es el séptimo hombre más acaudalado. Su fortuna (calculada en 1 millón 900 mil millones de dólares) la ha obtenido a través de sus compañías Gruma y Grupo Financiero Banorte. La primera, perteneciente al sector agropecuario, se caracteriza por ser el “mayor fabricante de tortilla a nivel mundial”, de acuerdo con Forbes.
Bachoco, el gigante comercializador de pollo en México (como lo llama la revista especializada en economía y finanzas), obtuvo de la Sagarpa 267 millones 169 mil 632 pesos en 2011. El informe anual 2010 de la empresa familiar del exgobernador sonorense Eduardo Bours Castelo revela que sus ventas netas ascendieron a 24 mil 715 millones de pesos en ese mismo año.
Cargill, la compañía más poderosa del sector agroalimentario a nivel mundial, obtuvo del erario 224 millones 920 mil 340 pesos. Recibe anualmente de la Secretaría, que encabeza Francisco Mayorga Castañeda, millones de pesos en apoyos para la comercialización de maíz, como lo ha documentado Contralínea desde junio de 2007. Forbes calcula la riqueza de esa trasnacional en 120 mil millones de dólares, que da empleo a más de 130 mil personas en 63 países.
Bunge, otro líder del mercado mundial, obtuvo del erario mexicano 28 millones 325 mil 338 pesos. Ésta, según el reporte Agribusiness accountability initiative, de la Conference on Corporate Power in the Global Food System, del Reino Unido, pertenece a la lista de firmas dominantes en el mundo. Su capital asciende a 1 mil 519 millones de dólares, conforme lo cálculos de Forbes.
Héctor Elías Barraza Chávez, integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que estas cifras reflejan que las políticas públicas enfocadas al campo mexicano están equivocadas.
“Las políticas del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y del PAN [Partido Acción Nacional] se han dedicado a apoyar a los productores de riego, mientras que en las zonas de temporal no ha habido programas que transformen esas acciones. No son sujetos de crédito ni de fondos de aseguramiento. Los únicos apoyos que tienen son el Procampo y el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, que son apoyos de subsistencia”.
Exlíderes nacionales engullidos por trasnacionales
Grupo Gamesa, empresa propiedad de la trasnacional PepsiCo −una de las refresqueras más importantes del mundo− es otra de las más beneficiadas por la comercialización de grano. Los “apoyos” transferidos por la Sagarpa ascendieron a 104 millones 49 mil 218 pesos.
La lista de las empresas más importantes de todo el mundo indica que la matriz de Grupo Gamesa ocupa el lugar 86 de compañías a nivel internacional. Su riqueza calculada en 102 mil millones de dólares, con ventas anuales de 57 millones de dólares.
Otra de las empresas mexicanas acaparadas por esta multinacional es Sabritas, que también figura en los padrones oficiales. Los montos otorgados a la productora de comida chatarra ascendieron a 9 millones 498 mil 769 pesos, en 2011.
Minsa, otra de las grandes compañías mexicanas, también fue beneficiada por la Sagarpa con 71 millones 31 mil 72 pesos. La compañía describe en su historia que ha sido impulsora en los cinco continentes para que granjeros de todo el mundo “hicieran su mejor esfuerzo para colocar el maíz a la cabeza de los cultivos mundiales”.
El estado financiero de Minsa indica que mantiene un “activo total” de 3 mil 96 millones 110 de pesos. Así lo muestra el reporte al 30 de septiembre de 2011, presentado en la Bolsa Mexicana de Valores.
Ganadería Integral Vizur aparece en esta decena de grandes compañías beneficiadas por la Sagarpa con “apoyos” de 37 millones 853 mil 996 pesos, la cual mantiene en el mercado la marca Sukarne.
Desigualdad agraria: ONU
El Informe de misión a México, del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, indica que con más de 52 millones de personas en pobreza y 18. 1 millones sin acceso a alimentación, el país carece de políticas que garanticen su acceso a ésta.
La oficina del alto comisionado afirma que actualmente hay “incoherencias entre las diversas políticas sectoriales. Algunos programas de apoyo a la producción agrícola benefician, desproporcionadamente, a los productores más ricos de la zona más rica del país, lo que incrementa, de ese modo, la desigualdad en zonas rurales, que es lo que los programas sociales, a su vez, pretenden combatir”.
Además “la liberalización del comercio agrícola puesta en marcha a mediados del decenio de 1980 y culminada en 2008, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creó oportunidades para algunos productores agrícolas orientados a la exportación de productos básicos, mientras que la importación de determinados productos de bajo costo benefició a la industria ganadera y a los consumidores pobres.
“La liberalización paulatina del comercio agrícola también tuvo, sin embargo, un grave efecto negativo en algunos de los productores más vulnerables debido al dumping en los mercados locales de productos de Estados Unidos, con frecuencia muy subvencionados. También alentó el desarrollo de la agricultura orientada a la exportación, que suele ser menos favorable a los pobres y contribuye menos al desarrollo rural.”
Para De Schutter, una estrategia nacional de coordinación de las actividades de diversas secretarías y de adaptación de las políticas sectoriales a la realización del derecho a la alimentación debería de servir para evitar esas incongruencias.
El diputado panista Javier Usabiaga explica que un estudio sobre el peligro de la seguridad alimentaria en México debe nacer de la definición de qué necesitamos los mexicanos. Cuál es el balance de lo que requerimos en proteínas, carbohidratos, etcétera, para mantener una alimentación adecuada y no una visión distorsionada de atacar la producción genéticamente modificada del maíz.
“Se distorsionó totalmente [el reporte], carece de validez y sustento. Es muy triste que vengan organismos internacionales a trabajar a México y no se empapen, no se informen de la gente que vive realmente estos procesos económicos”, critica el político panista y agroempresario.
Héctor Elías Barraza Chávez, diputado perredista en la Cámara de Diputados por el PRD, contradice la opinión del albiazul y comenta que el relator de la ONU revela la “irresponsabilidad del gobierno mexicano de no haber creado políticas públicas para apoyar al campo. El gobierno desmanteló un sistema nacional de almacenamiento, seguros y no se ha creado un sistema de abasto que sustituya a los anteriores”.
Abandono al campo: ASF
Además de las evaluaciones del relator de la ONU, la Auditoría Superior de la Federación evidencia ineficacia en las observaciones al Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), que operó en 2010 con 1 mil 346 millones 359 mil 100 pesos.
El “objetivo estratégico” consiste en lograr la seguridad alimentaria, el incremento en el ingreso y el desarrollo de capacidades de las personas y familias que viven en comunidades con un alto grado de marginación.
Al no contar con los indicadores de desempeño ni con la información necesaria para medir el impacto del objetivo estratégico del PESA, respecto al incremento en el ingreso y desarrollo de capacidades de las personas y familias que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación, así como la mejora de su situación alimentaria, el máximo órgano de fiscalización se “abstuvo” de emitir dictamen.
Y es que según la auditoría de desempeño 10?0?08100?07?0062 DE?002, las personas que habitaban en comunidades de alta y muy alta marginación del país ascendieron a 17 millones 57 mil 900, de las cuales sólo 1 millón 835 se estimó como población objetivo del PESA, es decir, el 10.8 por ciento del total.
Con esto, indica la Auditoría Superior, se dejaron de atender a 1 millón 649 mil 700 habitantes de este tipo de comunidades respecto de la población objetivo. No obstante, ese año se erogaron más de 1 mil 300 millones de pesos, sin que la Sagarpa acreditara en qué medida se mejoró la situación alimentaria, el desarrollo de capacidades y el ingreso de los productores beneficiados.
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