A pesar de que los beneficios reales a la economía nacional de la firma extranjera son muy cuestionables, tanto el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, como el presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón, no han dudado en salir en su defensa al calificar a Walmart como “una gran empresa” y el “mayor empleador en el país”.
La trasnacional se jacta de dar empleo a más de 200 mil mexicanos, pero lo que no dice, como tampoco lo señala la parte oficial, es que su condición laboral raya en la esclavitud. Tan sólo un ejemplo: en diciembre pasado, sus asociados recibieron 14 pesos de aguinaldo bajo el argumento de que el resto de su compensación, a la que por ley tienen derecho todos los mexicanos, “sería utilizado para abrir más tiendas”. La burla y la prepotencia de la empresa van más allá de los linderos de la mera injusticia laboral. ¿Acaso habrá alguien tan ingenuo para pensar que el pulpo trasnacional va a convertir en socios a sus empleados?
Parece que tanto Calderón como Luis Téllez y un buen número de funcionarios quieren que tal violación laboral pase inadvertida y que esos más de 200 mil trabajadores en condiciones de extrema explotación de la trasnacional aparezcan como “logros” del ahora difuso “presidente del empleo”, ocultando a la opinión pública que la mayoría de ellos gana entre uno y dos salarios mínimos, y que están sujetos a horarios de trabajo flexibles, es decir, que deben estar a disposición de la empresa las 24 horas del día, sin obtener por lo menos el beneficio del pago de horas extra, y en el caso de las mujeres enfrentar una abierta discriminación laboral, pues uno de los requisitos indispensables para trabajar ahí es que no estén embarazadas y se abstengan de hacerlo si quieren permanecer en la compañía (lo que constituye una abierta violación a los derechos humanos de sus empleadas).
Ya en el colmo de los abusos, se les impone en ocasiones el pago de sus salarios a través de vales canjeables por mercancías en sus propias tiendas. Algo muy similar a lo que sucedía a principios del siglo pasado, cuando en el porfiriato se les obligaba a los peones acasillados a comprar en las llamadas tiendas de raya. Algo que está prohibido y sancionado en la Ley Federal del Trabajo. Precepto jurídico que, como muchos otros, tiene sin el menor cuidado a la trasnacional.
Con tales laxitudes tanto fiscales como laborales es entendible que Walmart encuentre en México el paraíso a sus inversiones. Desde 2001 (cuando con Vicente Fox contó con la más amplia de las impunidades oficiales) a la fecha, ha ampliado el número de sus unidades operativas llámense Walmart, Sam’s Club, Suburbia, Bodega Aurrera, Superama o Vips hasta llegar el año pasado a 2 mil 37 establecimientos en todo el país. El apoderamiento de la trasnacional es ya preocupante, pues organismos como la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes y Centros de Abasto (Conacca) denuncian que en los últimos años las ventas de sus agremiados se han desplomado hasta en un 40 por ciento, trayendo como consecuencia la pérdida de miles de empleos.
Para tener una idea de las desorbitadas ganancias que la cadena extranjera produce en nuestro país, baste indicar que en 2011 sus ventas ascendieron a 379 mil millones de pesos. Así, las ganancias netas fueron de 22 mil 258 millones. Un cálculo conservador de lo ganado en los últimos dos sexenios panistas por la trasnacional arroja la cifra de 156 mil 635 millones de pesos. Su avance, gracias a la protección oficial, le permitió abrir, tan sólo en 2011, 365 nuevos establecimientos; y en lo que va del primer trimestre de 2012, otros 51, logrando ventas que ya ascienden a 95 mil 966 millones de pesos y ganancias por 4 mil 712 millones, 5 por ciento superiores a las del año pasado. En ningún país del mundo la empresa Walmart experimenta un crecimiento tal. Por algo será…
Gracias a esta despiadada explotación laboral, donde también se incluye la de menoresde edad que son reclutados como empacadores (popularmente conocidos como cerillos) y de acomodadores en los estacionamientos y que en ambos casos están sujetos sólo al pago de propinas voluntarias, la trasnacional se ha ahorrado, en todos estos años de complicidad panista, más de 85 mil millones de pesos que debió devengar a sus trabajadores por pago de salarios, conforme a lo establecido en la ley.
El escándalo sobre la corrupción del poderoso monopolio en nuestro país, que tuvo repercusiones internacionales, ha colocado al gobierno mexicano en el centro del debate, pues diversos sectores de la economía reclaman que haya una investigación a fondo sobre la impunidad con que ha operado la trasnacional. De entrada, los funcionarios de Calderón han aventado la papa caliente hacia los gobiernos estatales y municipales, acusándolos de ser ellos los responsables de haber otorgado sin ton ni son cambios de uso de suelo y los permisos de construcción para que el gigante depredador haya alcanzado las dimensiones de voracidad que ahora tiene, en contra de los comercios medianos y pequeños del país, de cuya existencia dependen miles y miles de familias.
Si bien hay parte de razón en la excusa, por el lado que se vea, el actual gabinete tiene mucho de responsabilidad en los excesos del consorcio. Por ejemplo, en los beneficios fiscales del Programa del Primer Empleo. Los funcionarios de Calderón no tuvieron empacho en entregar millonarios recursos de este Programa a Walmart, tragándose el cuento de que la empresa estaba dando su primera oportunidad laboral a miles de jóvenes, la mayoría de los cuales no eran más que empacadores que no gozan de sueldo alguno. Así, sin pudor alguno, la firma extranjera se adjudicó inmerecidamente recursos de los impuestos de todos los mexicanos. Recientemente, la Secretaría de Economía le dio apoyos a la trasnacional por más de 5 millones de pesos, para una supuesta capacitación que el monopolio dará, en apariencia, a 115 pequeñas y medianas empresas.
Pero resulta indudable que es en el incumplimiento a las leyes laborales donde el sexenio de Felipe Calderón, como el de Fox, actuó de manera irresponsable ante los excesos y abusos del pulpo trasnacional. Debemos preguntar tanto a Calderón como a su secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Suárez, ¿qué han hecho en todos estos años la Dirección Federal de Inspección en el Trabajo y la Dirección General del Registro de Asociaciones para frenar las innumerables violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores de Walmart?
La dependencia ha consentido que, a través de tres sindicatos blancos, algunos de ellos de corte cetemista para variar, como el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de Supermercados y Centros Comerciales, se manejen infinidad de contratos de protección (podría decirse que casi uno por tienda), y se permita que haya más de una de estas agrupaciones charras por centro laboral, lo que contribuye a dividir a los empleados y evitar con ello una sindicalización auténtica.
Estos sindicatos blancos reciben el pago de sus cuotas de manera directa de la trasnacional; es decir, no aplican el pago de sus cuotas a sus supuestos agremiados para que de esta forma no puedan exigir nada a sus líderes, a quienes ni siquiera tienen el gusto de conocer, pero que les aplican la “cláusula de exclusión” a la hora que así lo considere pertinente la empresa. Despidos a modo y gusto del patrón. Así de fácil.
Lo más vergonzante para el sexenio de “las manos limpias” es que en su ocaso sale a relucir su desbordada corrupción donde el caso Walmart es un ejemplo claro y preciso del tráfico de influencias. Al aparecer entre los altos directivos de la voraz firma se encontrarían nada menos que un primo de Margarita Zavala y un cuñado del exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, uno de los férreos impulsores de la reforma laboral y del outsourcing (la subcontratación laboral, que es la herramienta favorita del consorcio para esquilmar la fuerza laboral de sus empleados).
Como ha sucedido con la revelación de otros casos de corrupción que tuvieron su origen en investigaciones de organismos de justicia y medios de comunicación de Estados Unidos, el caso Walmart se suma a otros similares, como el de Néstor Moreno Díaz, que vienen a corroborar la complicidad y opacidad con que se han conducido los órganos de justicia en el país a pesar de existir pruebas irrefutables de prevaricación oficial. No por algo en las cuentas públicas, como las de 2009 y 2010, el sexenio de Calderón ha salido reprobado en el renglón de la honestidad (entre otros rubros), como lo han expuesto organismos como la Auditoría Superior de la Federación.
Es así que por estos hampones sindicales, protegidos por las autoridades laborales y funcionarios corruptos, se ha permitido que los derechos labores de millones de mexicanos sean pisoteados en beneficio de una trasnacional que es puesta como “empresa modelo” en generación de empleos por Felipe Calderón. La semiesclavitud alentada y premiada por los gobiernos panistas, la excelsitud y joya de la corona de su desfachatez oficial.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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