Martín Esparza Flores/ Revista Siempre/ 13 septiembre 2014
El incipiente periodo de gestación en los permisos para generar electricidad, luego de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética, empieza a revelar la radiografía lapidaria del abuso y el alto costo social que implicará haber desoído la opinión de miles de comunidades indígenas y campesinas en el país, que como en el caso particular del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, representa una lucha que se libra desde hace varios años por la defensa de sus tierras y su ancestral modo de vida, y que ahora se agudizará ante la imposición de nuevos proyectos eólicos.
Apenas y las ansiosas trasnacionales quitan su moño al regalo que el Congreso les entregó para apropiarse de nuestros recursos energéticos y las riquezas del subsuelo, y ya aparecen los primeros signos del autoritarismo y el abuso de poder con que se les permitirá usufructuar lo que no es suyo, bajo el espejismo de alentar el desarrollo nacional. En la región del Istmo, organizaciones sociales como la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) se preparan a dar la batalla en contra de los poderosos consorcios.
En sus movilizaciones y en su lucha no están solos; por el contrario, cuentan con el respaldo de la sociedad en su conjunto que ha comprobado en dicha región el grado de depredación de las firmas extranjeras.
“Donde antes había tierras estériles, hoy tenemos un bosque de energía”, dijo en mayo de 2010 el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad Alfredo Elías Ayub, quien tras inaugurar uno de los tantos parques eólicos, autorizados por los gobiernos panistas, buscó ocultar toda la cadena de injusticias cometida contra los antes dueños de las tierras donde se consumó el despojo.
Los habitantes del Istmo conocen a la perfección este engaño pues lo han sufrido y enfrentado; por eso, el pasado 5 de septiembre los miembros de la APPJ realizaron una marcha por las calles de Juchitán, donde recibieron el apoyo de toda la sociedad, y anunciaron que se preparan a acudir a las instancias jurisdiccionales por la pretensión de la Secretaría de Energía; la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en Oaxaca; la Secretaría General de gobierno de su estado, y hasta la Secretaría de Turismo, que planean maquinar, en próxima fecha, una falsa consulta en Juchitán.
El común denominador es el despojo de tierras a través de engaños para ser rentadas por periodos de 25 o 30 años, provocando un cambio total en los sistemas sociales y de subsistencia de incontables comunidades.
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