Avezados en las prácticas de exclusión parlamentaria, los operadores de Enrique Peña Nieto en la Cámara de Diputados negociaron con el PAN, hicieron fintas al PRD y al final aprobaron con sus aliados una reforma al sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado que ya no protege a quienes ganan menos ni respalda los recursos en caso de quebranto financiero.6 diciembre 2015
Jesusa Cervantes
Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- "Yo no puedo entender con cuánto cinismo se conducen. ¡Vergüenza les debería dar por decir mentiras!", reclamó la noche del miércoles 2 el diputado Ariel Juárez.
"No estamos en debate", le respondió el priísta Jorge Estefan Chidiac, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que en ese momento votaba el dictamen para modificar el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, Pensionissste.
"Ese es el problema: que no quieren debatir", recriminó el diputado de Morena. Y no paró: "¡Son ustedes unos delincuentes, y lo que no quieren decir es que está en juego el manejo de 120 mil millones de pesos de los trabajadores!".
Los integrantes de la comisión, Jericó Abramo Masso, del PRI, y Herminio Corral Estrada, del PAN, exigieron respeto. Eran las 21:42 horas y el dictamen se aprobaba con los votos del PRI, PVEM, Panal y PAN, que se subió al aval de última hora.
El documento, que será aprobado en el pleno de San Lázaro el martes 8, otorga al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la última palabra sobre el manejo de los casi 120 mil millones de pesos y transforma a Pensionissste en una "paraestatal" con posibilidad de que el presidente de la república en turno la liquide o desaparezca.
Dicho sistema de pensiones también dejará de reinvertir las ganancias o remanentes de las pensiones en poco más de 400 mil burócratas que ganan menos de cuatro salarios mínimos, deja indefinida la "reinversión" de cuando menos 3 mil millones de pesos que conforman las "reservas" de la nueva entidad y, aún más peligroso, el gobierno no se hará responsable ante quebranto alguno.
VOTAR SIN LEER, APROBAR SIN DEBATIR
El 8 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados el paquete económico para 2016, que incluye su iniciativa para modificar el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. La novedad es que 58 mil 500 millones de pesos de los trabajadores pueden ser manejados por la iniciativa privada.
Actualmente, poco más de 2 millones de trabajadores del Estado conforman una bolsa de pensiones de 119 mil 373 millones de pesos, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). La propuesta del Ejecutivo era que 49% de esos recursos los manejaran afores privadas y 51% se quedaran en manos del gobierno.
Durante tres semanas PRI, PAN y PRD discutieron varias propuestas, en tanto que la mayor agrupación sindical de burócratas, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) manifestó su rechazo y gremios como el STUNAM, que encabeza Agustín Rodríguez, se opusieron a la posibilidad de que 56 mil millones de pesos destinados a pensiones fueran manejados por la iniciativa privada.
En la comisión no hubo discusión del dictamen. Éste se aprobó con cambios que los diputados desconocían. De ahí el reclamo de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD.
En los primeros minutos del miércoles 2 se envió a los integrantes de la Comisión de Hacienda un adéndum —segundo añadido al documento original de Peña Nieto— y a las nueve de la noche, cuando los diputados abordaban el tema, llegó "el dictamen a discutir", que sufriría una tercera modificación.
La primera modificación se conoció bien, pues el PRI la propuso después de que el líder de la FSTSE y senador priísta, Joel Ayala Almeida, negoció con la SHCP que el consejo de administración del nuevo ente incluyera a nueve trabajadores, según dio a conocer el propio Ayala el 15 de noviembre.
Tras esa negociación se acordó que dicho consejo de administración pasara de los 13 integrantes propuestos por Peña Nieto a 18: nueve de ellos serían funcionarios (el titular de Hacienda, el director del nuevo organismo propuesto por la misma dependencia, tres representantes de Hacienda, más uno del Banco de México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Función Pública y el director del ISSSTE), mientras que los nueve trabajadores serían designados con la intervención del Secretario del Trabajo.
El adéndum de las primeras horas del miércoles 2 otorgaba al Ejecutivo federal la facultad de nombrar a los trabajadores. Este era el documento que tenían los diputados.
Lucía Meza, del PRD; Juan Romero Tenorio, de Morena, y María Elena Orantes, de Movimiento Ciudadano, reprocharon que hubiera tanta "prisa" por votar el dictamen, pero sobre todo que no se les hubiera enviado el documento.
Antes de la sesión del miércoles, el propio Estefan Chidiac anunció la siguiente votación del dictamen y afirmó que todas las propuestas del PRD se incorporaron al nuevo documento.
El PRD respondió con un desplegado en el que puntualizó seis aspectos que debía contener la reforma al Pensionissste: que el Estado tuviera todas las acciones de la nueva afore, que administrara de manera exclusiva los recursos de la subcuenta de retiro SAR 92 y las cuentas de los trabajadores de nuevo ingreso, que cobrara las comisiones más bajas y que respetara los derechos laborales de quienes trabajan en Pensionissste.
Y las dos más importantes: que se reinvirtiera el remanente o ganancia total de las operaciones de las cuentas individuales para favorecer a los trabajadores de menores ingresos, así como que la autonomía financiera y de gestión de la nueva afore no dependa "de los dictados del Ejecutivo Federal a través de Hacienda".
El mismo miércoles, el PRD acordó en plenaria que votaría en contra del dictamen en la Comisión de Hacienda. Lo hizo.
Ya en la sesión, Juan Romero y Vidal Llerenas, legisladores de Morena, cuestionaron que se pretendiera votar el dictamen sin que lo conocieran.
El secretario, Estefan Chidiac, les dijo que el documento estaba ya en su correo electrónico. Hasta entonces los legisladores se enteraron de la tercera modificación: que el Estado posea 100% del capital social de la nueva agrupación. Como lo demandó el PRD.
Se dispensó la lectura del dictamen para que el secretario técnico de la comisión, el ex diputado federal panista y ex presidente de la Comisión de Presupuesto Raúl Padilla Orozco leyera "un resumen".
A partir de éste aprobaron la reforma los diputados del PRI, el PAN, el PVEM y el Panal.
EL PODER DE VIDEGARAY
El primer cambio a la propuesta de Peña Nieto consistió en cambiar la constitución del consejo de administración, desapareciendo seis posiciones de consejeros independientes y dando estos asientos a los trabajadores para que sumen nueve. Joel Ayala reveló el 15 de noviembre que serían cuatro para la FSTSE, cuatro para el SNTE y uno para un sindicato universitario.
También adelantó que parte del dinero de Pensionissste se reinvertiría "en participación, con la banca de desarrollo, del financiamiento de la tercera riviera del Pacífico, con 144 kilómetros de playa virgen en Guerrero".
Actualmente Pensionissste cuenta con 119 mil 373 millones de pesos distribuidos en cuatro "siefores", las cuales se dividen tomando en cuenta la edad de los trabajadores. La ley vigente contempla que las comisiones por el manejo de cuenta sean las más bajas del mercado y que su "remanente" o ganancia se reinvierta en los trabajadores que ganen menos de cuatro salarios mínimos, que son cerca de 408 mil.
El PRD condicionó su voto a que estas condiciones generales se mantuvieran. Pero en el documento avalado por la Comisión de Hacienda esos empleados con menor ingreso ya no quedan protegidos; sólo dice que el remanente se "reinvertirá", pero no especifica en qué ni incluye tácitamente a los trabajadores peor pagados.
Los cambios incluyen otra parte vital en el manejo de la millonaria bolsa del Pensionissste: el uso de las reservas (similares a los respaldos obligatorios que tienen los bancos).
De acuerdo con el Programa de Reservas de Pensionissste, en 2013 éstas sumaban 3 mil 754 millones de pesos. La proyección para 2016 es que aumentarán a 5 mil 508 millones de pesos.
El destino de todas las formas de inversión, administración y gestión de tales recursos recae en el consejo de administración del nuevo ente, donde el gobierno tiene nueve votos y los trabajadores otros nueve, pero de calidad están en manos del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Los partidos de izquierda también reclamaron al PRI y sus aliados que la reforma deje en la indefensión al trabajador en caso de un quebranto financiero.
Además, el dictamen tiene una ambigüedad. En la exposición indica que la nueva sociedad será "una paraestatal", pero a veces la llama "empresa de participación estatal mayoritaria". Ya en el artículo segundo la define como "entidad paraestatal".
Para los legisladores opositores, el término es delicado, pues según la Ley Federal de Entidades Paraestatales éstas pueden liquidarse "cuando ya no resulte conveniente conservarlas". Bastará que la SHCP recomiende al Ejecutivo federal liquidarla o disolverla, como sucedió con Luz y Fuerza del Centro.
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