Abonar presos políticos a las cárceles del país es retroceder en la historia.
Los maestros exigen su derecho constitucional a ser escuchados.
18 junio 2016
Martín Esparza Flores
MIentras en el territorio nacional crece el reclamo de la ciudadanía por acciones que garanticen su seguridad y combatan frontalmente el crimen organizado, las autoridades emplean todos lo recursos policisales y de espionaje a su disposición para ejecutar una escalada de detenciones en contra de los dirigentes del magisterio democrático de la sección 22 de Oaxaca. Lamentable decirlo pero en México representa un delito de mayor peligrosidad defender las conquistas laborales de los maestros y el derecho a la educación pública, que traficar con estupefacientes y secuestrar.
Sumamente grave que tras la lectura de los resultados electorales del pasado cinco de junio, se insista en relegar el diálogo con los profesores de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), anulando la búsqueda de una salida al conflicto magisterial. La sociedad agraviada tiene sólidos motivos para preguntarse cómo es posible que los educadores se les trate como delincuentes de alta peligrosidad mientras cientos de políticos corruptos, empresarios evasores, turbios dirigentes de sindicatos corporativos y líderes de cárteles que no son molestados en lo absoluto por la Procuraduría General de la República.
Aunque se insista en sustraer de las detenciones de Aciel Sibaja Mendoza, tesorero de la sección 22; Francisco Villalobos, secretario de Organización; y de su secretario General, Rubén Núñez Gínes, un trasfondo político, la celeridad y los brutales métodos empleados para enviarlos a una especie de exilio hasta el Cefereso de Hermosillo, Sonora, rememoran la guerra sucia de los años setenta que creíamos superada en nuestro país.
Una vez más las autoridades del sector educativo se aprestan a aplicar un plan de reformas a las normales del país sin tomar en cuenta a profesores, alumnos y expertos en la materia. Se insiste además en que los derechos laborales no serán afectados, pero ahora resulta que cualquier persona que tenga un título universitario puede ser maestro, con el solo requisito de aprobar un examen de selección, pues de acuerdo con el criterio oficial se debe acabar con el "monopolio" de las normales en la formación de maestros.
Se acusa a los detenidos de supuesto lavado de dinero cuando realmente la intención es imponer un ambiente de intimidación y terror para desactivar una lucha de resistencia sindical en contra de la impuesta reforma educativa que en la práctica está menoscabando los derechos adquiridos por el magisterio democrático sin que de parte de las autoridades haya un verdadero cambio de fondo al modelo educacional al grado de que los libros de texto que tanto fueron criticados al arranque de la reforma no han sufrido modificación alguna en sus contenidos, lo mismo que los programas educativos.
Abonar violencia al conflicto magisterial sólo va a generar más violencia; no se puede prevalecer por encima del diálogo y la concertación la ley tolete y el empleo excesivo y autoritario de la fuerza policial y ministerial. Abonar presos políticos a las cárceles del país es retroceder en la historia. Los maestros exigen su derecho constitucional a ser escuchados, porque más allá de la defensa de sus imaginarios privilegios está la salvaguarda de la educación pública en el país.
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