Tras el anuncio de expropiación de YPF a Repsol, el gobierno de España amaga con represalias
La presidenta Cristina Fernández busca el autoabastecimiento de energéticos
Reuters | Periódico LA JORNADA| Martes 17 de abril de 2012, p. 2
Buenos Aires, 16 de abril. Argentina intervino la petrolera YPF y buscará expropiar 51 por ciento de la empresa, controlada por la española Repsol, decisión que acentúa la presencia estatal en la economía y disparó un conflicto con Madrid, que amenazó con represalias.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció entre aplausos que enviará al Congreso un proyecto para expropiar la mayoría de YPF, la empresa más grande del país, a la que culpa por una caída en la producción de hidrocarburos que obliga a realizar importaciones y erosiona el superávit comercial.
“YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro”, dijo Fernández en un discurso por cadena nacional. Según legisladores y gobernadores, el Congreso aprobaría rápidamente la propuesta, que Fernández dijo que busca dar al país libertad para decidir su política energética y recuperar un perdido autoabastecimiento.
“Gesto hostil”: Madrid
La mandataria detalló que las acciones que se buscan expropiar son exclusivamente las que tiene Repsol-YPF y no las de otros socios privados.
Tras ese anuncio, el Ejecutivo de España dijo que interpreta la decisión como “un gesto hostil”. “El gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión de Argentina de expropiar las acciones de Repsol en YPF”, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, tras una reunión de urgencia con el presidente Mariano Rajoy. “Habrá consecuencias”, agregó.
Previamente Fernández dijo que no respondería lo que calificó de amenazas hechas desde España. “Esta presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de la falta de respeto ni de frases insolentes, porque represento a los argentinos; soy una jefa de Estado, no una patotera (matona)”, aseveró.
Repsol-YPF tiene 57.4 por ciento de YPF, mientras el Grupo Petersen, el mayor accionista local, perteneciente a la familia Eskenazi, posee 25.4.
La firma española dijo que considera “ilícita” la decisión tomada por Fernández y que la combatirá legalmente, lo que indicaría que el conflicto podría terminar en otra demanda contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial.
La Unión Europea (UE), segundo mercado de exportación para Argentina, también reaccionó rápidamente.
“Una toma de control forzada por parte del gobierno argentino será una señal muy negativa para los inversores nacionales e internacionales, y podría dañar seriamente el ambiente de negocios en Argentina”, dijo el portavoz de comercio de la UE, John Clancy.
Carlos Bastos, experto en el sector energético local, aseguró que la medida ahuyentará las millonarias y muy necesarias inversiones para desarrollar el megayacimiento argentino Vaca Muerta, con enormes recursos de hidrocarburos no convencionales. “No creo que haya ninguna inversión de riesgo que esté dispuesta a invertir en el país”, apuntó.
El proyecto de ley comenzará a ser analizado el martes en el Congreso argentino, coincidieron los legisladores oficialistas Aníbal Fernández y Agustín Rossi.
Merma bursátil
En Buenos Aires los títulos de YPF cayeron 2.43 por ciento antes de ser cancelada su operatoria. “La suma de todos los males por una estatización se consumaron y esto cambia rotundamente la tendencia de la acción”, dijo Marcelo Paccione, analista de Consult Capital Sociedad de Bolsa.
La capitalización total actual de YPF es de unos 46 mil 765 millones de pesos, o 10 mil 640 millones de dólares al tipo de cambio oficial, según datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La firma ha perdido más de 4 mil millones de dólares de valor de mercado en lo que va del año. La ley de expropiación de Argentina prevé, como primera instancia, un acuerdo entre las partes sobre el valor a pagar.
Sin un acuerdo, se avanza a un proceso judicial en el que un magistrado pide a un tribunal que fije el precio de la transacción. Goldman Sachs dijo en un informe que no está claro cuánto pagará el gobierno por el 51 por ciento de YPF y si el resto de sus accionistas estarían dispuestos a continuar como minoritarios.
Los bonos de la deuda soberana de Argentina aceleraron su caída tras el anuncio.
“La noticia (de YPF) sensibilizó a todo el mercado y se notó muy claramente en los bonos con fuertes bajas, como se reflejó con el riesgo país”, sintetizó un operador de la banca privada.
Frente a la andanada de anuncios, el riesgo país argentino medido por el banco JPMorgan subió a su nivel más alto desde finales de noviembre.
Fundada en 1922, YPF fue parcialmente privatizada en 1992, tras años de reportar pérdidas debido a que usualmente tenía que financiar al Tesoro.
Durante parte de su historia como empresa estatal, YPF fue conducida con fuerte interferencia política. Fernández indicó que la futura conducción estatal de YPF será completamente profesional. En la opinión de Fitch, que el lunes redujo la calificación de la petrolera en moneda local, “el control por parte del gobierno llevaría a mayores ineficiencias y menor utilidad, dado que las empresas estatales tienden a incorporar estrategias más sociales que empresarias”.
Un ejemplo regional es PDVSA, la petrolera estatal venezolana, que debe financiar constantemente los planes sociales del presidente Hugo Chávez. La brasileña Petrobras tiene mejor imagen entre los inversionistas por una mayor transparencia de sus finanzas al cotizar en bolsa, aunque también es criticada por la fuerte intervención del gobierno en su estrategia.
Las necesidades energéticas de Argentina han sido una bomba de tiempo desde hace años, pero para el gobierno se volvieron prioritarias recientemente debido a que el creciente costo de importación de combustible está erosionando el preciado superávit comercial.
Argentina, aún sin acceso a los mercados internacionales de crédito tras una cesación de pagos en 2001, tiene en su superávit comercial una de las pocas fuentes de divisas.
La producción de crudo cayó 5.9 por ciento y la de gas natural 3.4 el año pasado, cuando la demanda energética creció 5.1 por ciento, según datos del Instituto Argentino de Petróleo y Gas. La importación de alternativas más caras, como gas natural licuado (GNL) y diesel, creció más del doble en 2011, a unos 9 mil 300 millones de dólares.
Críticas en EU y GB
En tanto, Daniel Volberg, economista de Morgan Stanley, advirtió en un reporte a clientes que “el conflicto del petróleo es simplemente un aspecto” de lo que llamó la posible “radicalización de la política” del gobierno argentino, que ha estatizado empresas como Aerolíneas Argentinas, los fondos privados de pensiones y la mayor distribuidora local de aguas, entre otras compañías.
Según la consultora Capital Economics, con sede en Londres, la decisión argentina pone en evidencia la “estrechez de su modelo” económico, caracterizado por un alto crecimiento impulsado por el consumo, subsidios y controles de precios.
Esas políticas ya han obligado al país a imponer restricciones en el mercado cambiario y a las importaciones para cuidar el superávit comercial, afirmó.
“Vemos esto (el proyecto de expropiación) como una negativa perspectiva (ya pobre) para la inversión de largo plazo y creemos que podría esparcir una retirada parcial de inversores extranjeros de otros sectores.
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