MÉXICO. ABC: trienio de impunidad

Editorial-LaJornada

La conmemoración del tercer aniversario del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, subrogada a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que murieron 49 niños y resultaron heridos 76 más, estuvo marcado por una nueva oleada de movilizaciones de los padres de los difuntos, quienes en una misiva exigieron a las autoridades la realización de nuevas pesquisas sobre el caso, la aplicación de las sanciones a que den lugar y el cese al encubrimiento de individuos como Juan Molinar Horcasitas y Javier Lozano Alarcón, ex titulares del IMSS y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respectivamente.
El primero de esos ex funcionarios insistió ayer en su inocencia, afirmó que ya ha sido investigado y absuelto por las instancias judiciales correspondientes y dijo respetar su remoción del equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota, anunciada por la candidata presidencial panista el pasado lunes en su visita a la Universidad Iberoamericana.

Es necesario recordar que la tragedia de la guardería ABC fue consecuencia de una cadena de negligencias y omisiones atribuibles, en primer lugar, a los propietarios de la estancia infantil concesionada, pero también a las autoridades locales –que permitieron la habilitación del establecimiento en una zona y un inmueble por demás inadecuados– y al gobierno federal, que es el que cede, por conducto del IMSS, la operación de estos centros a particulares, y que es, por tanto, el responsable de que sean operados en condiciones adecuadas. No obstante, el desorden y la opacidad que caracterizan el esquema de subrogación de estancias para menores se conjugaron, en el caso de la guardería ABC, con la ausencia de condiciones mínimas de seguridad en el inmueble incendiado, el cual carecía de extintores, detectores de humo y salidas de emergencia, así como de personal suficiente para la atención de los pequeños.

La imprevisión y la indolencia gubernamentales que dieron pie a la tragedia se agravaron, en los meses posteriores, por las actitudes tardías, erráticas e improcedentes en las investigaciones sobre el caso por parte de la administración federal, elementos que obligan a suponer un designio de impunidad para los presuntos implicados en los lamentables acontecimientos. El hecho es que, hasta ahora, sólo funcionarios menores han sido imputados penalmente por la tragedia, y ninguno se encuentra en la cárcel. En contraste, en estos años ha quedado de manifiesto la renuencia de los niveles federal y estatal de gobierno a llevar a juicio a los copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encuentran familiares de integrantes del gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y de la esposa del titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala–, y a hacer lo propio con los funcionarios y ex funcionarios que tuvieron alguna responsabilidad en la tragedia.

En ese sentido, la solicitud de Josefina Vázquez Mota a Molinar Horcasitas de que “se aparte” de su campaña presidencial luce como una maniobra de distracción y de control de daños antes que como un gesto de buena voluntad hacia las víctimas y sus deudos: si así fuera, los dichos de la aspirante presidencial tendrían que ir acompañados de las consecuentes demandas de investigación y castigo para el ex mandatario sonorense, para el propio Molinar y para Lozano Alarcón, cuya dependencia tenía la responsabilidad de supervisar las condiciones de seguridad de la guardería incendiada en la medida en que era un centro de tabajo, y quien reviste, en consecuencia, una responsabilidad política similar a la que recae sobre el ex titular del IMSS.

En resumen, a 36 meses de la tragedia en el inmueble subrogado por el IMSS el saldo es desolador: 49 niños muertos, siete decenas de heridos y responsabilidades documentadas de funcionarios y ex funcionarios públicos, pero ningún culpable relevante ni indicio alguno de voluntad gubernamental para enmendar el desastroso régimen de subrogación de estancias infantiles. Tales elementos, en conjunto, ponen de manifiesto el menosprecio de autoridades estatales y federales, actuales y pasadas, por la vida y el bienestar de la población y de sus segmentos más vulnerables: los bebés y los niños.


Fuente: La Jornada