Reforma energética ¿a quién beneficia?

editorial uno más uno
sábado 4 de agosto 2012
UNOMASUNO
Uno de los temas más polémicos en la agenda de las políticas públicas de los últimos gobiernos ha sido la modificación del Artículo 27 Constitucional para permitir la inversión privada en Petróleos Mexicanos [Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, todo parece indicar que una de las consignas para el próximo sexenio será la privatización de ambas empresas.
Tanto panistas, como priístas y perredistas se han enfrascado en el último tramo de la presente legislatura en la discusión de la necesidad o no de privatizar a ambas empresas.
Panistas y priístas afirman que Pemex requiere cambiar la red anticuada de gasoductos que tiene y de la CFE se comenta que debe modernizar sus líneas eléctricas, por lo que se requiere de inversión privada.

Los del PRD aseguran que lo que se necesita es que en Pemex se dejen de operar utilidades en el extranjero, en tanto que en la CFE se debe de dejar de comprar energía a empresas españolas, mediante la optimización de la capacidad de hidroeléctricas y termoeléctricas.
Sin embargo, lo más importante de todo esto es qué va a suceder con ambas compañías y si a final de cuentas se hará realidad la modificación del Artículo 27 Constitucional.
Los que están a favor de la privatización afirman que ésta permitiría actualizar tecnológicamente y dotar de más autonomía financiera así como de inversión privada a ambas empresas, las cuales adolecen precisamente de estas bondades.
Nada más que el precio de dichas inversiones privadas puede llegar a ser muy alto para el país, pues permitir que inversionistas nacionales y extranjeros metan las manos en el área energética es sumamente delicado.
Pemex, por ejemplo, sigue siendo la empresa número uno en México, con todos y sus problemas, la paraestatal genera una riqueza impresionante y es vista con codicia por muchos empresarios tanto nacionales como extranjeros, para quienes el beneficio de la Nación podría quedar en segundo término, teniendo ya a la mano el manejo parcial de Petróleos Mexicanos.
En el caso de la paraestatal, una de sus grandes necesidades es la inversión en aguas profundas.
Algo parecido sucede con la Comisión Federal de Electricidad, la cual necesita más y mejores cableados.
Nada de esto se encuentra a discusión. Lo que es verdaderamente crucial es en qué términos se llevaría a cabo la modificación del Artículo 27 Constitucional.
De acuerdo a algunos diputados, el Artículo 27 Constitucional no requiere de una reforma específica, porque la rectoría seguiría siendo del Estado, por lo que lo único que hay que hacer es una legislación secundaria que permita que haya coparticipación entre particulares y el propio gobierno.
Moderación en la participación de manos privadas, parece ser el clamor tanto de los que están a favor de la Reforma Energética como inclusive de los que eventualmente pudieran descalificarla, ya que si bien existen casos de éxito, como el de Brasil, eso no significa que en México los resultados van a ser idénticos.
La tendencia mundial indica que la participación del sector privado en proyectos nacionales es viable, posible y hasta deseable, pero que dicha participación tiene que estar acotada.
Mucho cuidado deberá de tener la próxima legislatura, en caso de aprobarse la Reforma Energética, de que la renta de Pemex y la CFE no vaya a pasar a manos de otro que no sea el Estado.
En ese sentido, la participación privada deberá tener lugar en puntos estratégicos que traigan un beneficio concreto a la población.
Una reforma energética planteada en esos términos es posible, pero para que tenga éxito deberá estar marcada por un sentido altamente nacionalista por parte del Estado, el cual deberá de cuidar que las manos privadas que trabajen este sector tan estratégico para la vida del país, se dediquen a eso, a trabajar y no a embolsarse las ganancias para beneficio de unos cuantos.