Soriana: descalificaciones desafortunadas

Editorial- la jornada

Por medio de un desplegado difundido ayer, la cadena de tiendas Soriana responsabilizó al candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador; a su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, y al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, por los daños físicos y materiales que tanto nuestro personal como nuestras instalaciones pudieran sufrir en la ejecución de las manifestaciones que promueven e incitan”, y les exigió frenar “las difamaciones y publicidad negativa en contra de nuestra compañía, misma que afecta nuestra imagen, utilizando mentiras y argumentos sin sustento”.

El precedente ineludible de estos señalamientos es la agresión con bombas molotov en contra de una de las sucursales de la cadena en Nuevo León el pasado lunes, acto que, al parecer, es colocado por Soriana en el mismo saco de las manifestaciones ciudadanas –generalmente pacíficas– realizadas en varios de sus establecimientos en días y semanas posteriores a las elecciones del pasado 1º de julio.

Cualquier agresión violenta es injustificable y, cuando se configura en hechos como el del pasado lunes, debe ser debidamente esclarecida y sancionada. Sin embargo, las imputaciones realizadas por la cadena de tiendas de autoservicio en contra del Movimiento Progresista y su candidato presidencial son necesariamente desafortunadas, no sólo porque, al no aportar pruebas que sustenten sus dichos, hace que éstos queden reducidos a meras descalificaciones, sino también porque insinúa que la actuación de López Obrador tras los pasados comicios federales ha consistido en “incitar a actos de violencia y división social”, lo cual es falso. Si algo ha hecho hasta ahora el candidato presidencial de las izquierdas ha sido conducir su inconformidad poselectoral por los cauces legales, y no ha promovido ni incitado agresión de ningún tipo. El carácter estrictamente legal y pacífico del rumbo de acción adoptado por el político tabasqueño ha sido reconocido incluso por la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuyo presidente, Alberto Espinoza, rechazó anteayer que haya indicio alguno de inestabilidad política o social a raíz de los pronunciamientos, las impugnaciones y las acciones del frente de la izquierda partidista.

Por otra parte, no puede pasarse por alto que el clima de animadversión y crítica social hacia la referida cadena de supermercados se desprende de los indicios y la evidencia documental que la vinculan –junto con otras entidades privadas– a una presunta compra masiva de sufragios en las pasadas elecciones presidenciales por el PRI. No se trata, en suma, de “difamaciones y publicidad negativa” en su contra –como afirma Soriana en el desplegado referido–, sino de señalamientos concretos por presumibles acciones ilícitas de uno de los partidos contendientes, y cuyas pesquisas y valoración jurídica corren a cargo de las autoridades correspondientes: el Instituto Federal Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, la exigencia de la empresa de garantizar la “civilidad y la paz social” en el clima poselectoral presente tendría que ir dirigida a dichas autoridades antes que al Movimiento Progresista y a su candidato, habida cuenta de que el esclarecimiento de presuntas prácticas violatorias a los códigos electorales y a la Constitución, y la consecuente posibilidad de dotar de certeza jurídica a los pasados comicios, depende de las primeras.

En suma, no será mediante descalificaciones ni mentiras como la empresa de supermercados logrará restañar las afectaciones a su imagen y la animadversión que se ha generado en su entorno. A fin de cuentas, estos elementos son consecuencia, no causa, de un clima político enrarecido y marcado por la sospecha de la ilegalidad electoral. Lo procedente y necesario, en todo caso, es que las autoridades se desempeñen con apego a derecho, que esclarezcan las presuntas transgresiones a la legalidad cometidas en las pasadas elecciones y que, si es el caso, sancionen debidamente a los responsables, sean partidos políticos, candidatos, gobiernos estatales o actores empresariales.