Solamente los desnacionalizados no entienden que el rescate del petróleo con la Expropiación de 1938 no es el pasado, sino historia defensiva; esto mientras, sobre todo los estadunidenses, sigan con su actual declaración discriminatoria de la libre circulación humana.
1 septiembre 2013
Álvaro Cepeda Neri *
La defensa del recurso petrolero no se trata de una historieta al estilo de Krauze, Aguilar Camín y demás comparsas (Gustavo Ogarrio ha escrito certero ensayo: “Los redentores neoliberales”, en La Jornada Semanal del 12 de junio de 2013) que insisten en echar abajo Petróleos Mexicanos (Pemex) y de plano abrir más incursiones de capitales privados en esa empresa, como lo plantean, desde Noruega, estadunidenses e ingleses que pasan por alto que sus historias no son la nuestra. Pemex representa, pues, la defensa nacional, y para hacerla más eficaz económicamente se necesita invertir el despojo del cual es víctima por el presidencialismo; dejarle el 70 por ciento que va al fisco para su autofinanciamiento; erradicar la corrupción de la cúpula sindical, la voracidad de los actuales empresarios, las transas de su cuerpo directivo y los abusos, que desde Alemán a Peña se aprovechan de esa riqueza para su personal beneficio y presentan a Pemex como en quiebra para privatizarla.
Peña, como Calderón, Fox, Zedillo y Salinas, va en la ruta de una mayor participación privada directa en Pemex tras saquear la empresa y usar el 70 por ciento que le quitan de sus ventas para el pago de los millonarios sueldos de la alta burocracia y los constantes subsidios a la cúpula sindical para tener su complicidad. Además de tener recursos sobrantes para la corrupción de funcionarios, engorda de presupuestos de ingresos, pagos de más a los empresarios que rentan perforadoras, etcétera. En su enésimo viaje, ahora a Londres y Dublín, Peña Nieto se fue de la lengua y dejó abierta la posibilidad de reformar el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que la rectoría, control y propiedad de las áreas estratégicas de la economía, corresponden al Estado y a la nación. Y Pemex, con todo lo que implica, es un área estratégica desde 1938, cuando el pueblo, como democracia directa, y su gobierno con Lázaro Cárdenas, así lo implantaron en la Ley Suprema de toda la Unión. No hay otra lectura ni interpretación si se ha de ser consecuente, de manera histórica, con aquella conquista económica, social y política.
Y el peñismo no tiene ningún derecho a cuestionarla si es que juró “guardar y hacer guardar la Constitución”. Ese peñismo se empecina en pasar por encima de la historia mexicana donde se consigna que “todas las sociedades humanas han necesitado tener sentido de su valía y de su sistema de valores que, como verdades humanas se encuentran en la historia […], verdades que vale la pena proclamar, unas grandes y otras pequeñas, unas generales y otras técnicas; por lo que es menester que enseñemos a los hombres a enjuiciar con perspectiva histórica las transformaciones sociales…” (JH Plumb, La muerte del pasado, ediciones Barral, 1974). Y así afianzar nuestra identidad con lo más perdurable de nuestra historia.
Busca el peñismo y sus corifeos, que invocan el pasado –no la historia–, llevar a cabo la Contraexpropiación Petrolera. Y se escudan en el Pacto por Peña (no por México), el pacto entre partidos y el pacto empresarial para completar al neoliberalismo económico, al que ya le han salido réplicas sociales y políticas de la democracia directa en Atenas, Madrid, Roma, París… y en todo Brasil, donde sus capitalismos salvajeshan sembrado desempleo, delincuencia, pobreza, inseguridad…, anunciando más y más revueltas que llevan en sus protestas, potencialmente a una tercera y última guerra mundial o, al fin, la revolución mundial de los pueblos. Si en nuestro país el peñismo se atreve a la privatización de Pemex, en lugar de impedir su saqueo y cortar de tajo la corrupción, entonces que se prepare para la respuesta de la democracia directa de la nación para impedir la Contraexpropiación Petrolera.
Dicha Contraexpropiación equivale a establecer un gobierno contrario a los principios que la Constitución sanciona. Y el Artículo 27 en sus términos petroleros, es uno de esos principios. El peñismo estaría incurriendo en una rebelión que busca interrumpir la observancia constitucional (Artículo 136 del único pacto histórico vigente: el pacto Constitucional). Y la democracia directa, la nación como pueblo, “tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, ya que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste” (Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
*Periodista
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