Realizan académicos debate público sobre la propuesta oficial de reforma energética.
No acudieron Pedro Joaquín Coldwell, César Camacho y legisladores invitados.
Consideran que aprobarla sería una “traición a la patria” y llaman a movilizarse para evitarlo.
Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Aprobar la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto sería una “traición a la patria”, pues se trata de “un despojo apenas disfrazado”, que pone en riesgo la soberanía y la independencia del país, advirtieron académicos y estudiantes reunidos en el debate público sobre dicha iniciativa convocado por Redes Universitarias.
Al participar en la primera de cuatro mesas, Jaime Cárdenas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que “evidentemente se trata de una traición a la patria, delito tipificado en el Código Penal Federal, que consiste en que ciudadanos o gobernantes (principalmente estos últimos), más que responder al interés nacional, actúen en beneficio del interés exterior.
“Las iniciativas de Enrique Peña Nieto y del Partido Acción Nacional promueven los intereses de las empresas eléctricas y petroleras en detrimento de la soberanía y seguridad nacional de nuestro país”, agregó.
Coincidió Víctor Flores Olea, quien advirtió que la propuesta del Ejecutivo “busca en el fondo que se deje al mercado la ‘eficiente’ distribución de los recursos, dejando en sus manos los rentables negocios de distribución, refinación, petroquímica o generación eléctrica, en favor de las grandes empresas privadas, renunciando de manera irresponsable a una tremenda posibilidad de valorar recursos en beneficio de la nación”.
El ensayista se refirió también a la presión política y económica ejercida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: “Tales instituciones han presionado también en México para favorecer la ‘apertura’ y ‘eficiencia’ de los mercados de petróleo y gas, que no significaba otra cosa que la privatización (total o parcial) de las empresas estatales y la derogación de las regulaciones de cada país que las prohibían o limitaban”.
En el foro, realizado en el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Javier Jiménez Espriú consideró inconcebible que el actual gobierno de México busque desmantelar “la segunda empresa más rentable del mundo” en el ramo.
Sostuvo que se requiere una reforma energética, “pero no la que ofrece el Presidente”, que pretende otorgar a la inversión privada el acceso a una parte sustantiva de la renta petrolera, además de permitir al Ejecutivo que haga “lo que le venga en gana con nuestro petróleo y el sector energético”.
Claudia Scheinbaum recordó la importancia de recurrir a la movilización para evitar que se apruebe dicha iniciativa, pues en años anteriores es lo único que ha frenado propuestas similares.
Los organizadores invitaron al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a los coordinadores parlamentarios en el Senado y al presidente del PRI, César Camacho Quiroz, al debate público pero no acudieron, por lo que insistirán, pues “deben dar la cara y debatir públicamente, no legislar al vapor”.
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