Martín Esparza Flores
Al cumplirse, este once de octubre,
cuatro años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la totalitaria y
represiva medida del expresidente Felipe Calderón, ha comprobado que lo
denunciado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, como trasfondo
del ilegal decreto, es una verdad inobjetable: desde la llegada al
poder de los gobiernos panistas, y ahora con el retorno del PRI, la
estrategia neoliberal para minar los derechos laborales de millones de
trabajadores, y entregar la industria eléctrica del país a las
trasnacionales, sigue en marcha.
En contrasentido, los argumentos
esgrimidos, por Calderón, para aniquilar a la entidad pública que
atendía a los seis millones de usuarios de la zona centro del país,
como lo fueron el supuesto alto costo del contrato colectivo del SME,
la necesidad de bajar las tarifas y mejorar la calidad del servicio para
crear más empleos, han sido desmentidos por la contundencia de los
hechos.
Quienes, en su momento, creyeron en la
criminal campaña de linchamiento desplegada, como nunca en la historia
del país, por el gobierno federal en contra del SME, con un millonario
derroche de recursos públicos a través de los medios de comunicación,
sobre todo electrónicos, son ahora testigos y directos afectados de tal
mendacidad; de acuerdo a los informes de la Asamblea Nacional de
Usuarios de la Energía Eléctrica, hay en el país seis millones de
mexicanos lesionados en su economía familiar por el cobro de los
llamados “recibos locos” de CFE; entre ellos, los consumidores antes
atendidos por Luz y Fuerza.
Además, los contratos otorgados a
particulares, sin licitación alguna, únicamente acrecentaron los
negocios ilícitos de exdirectivos de CFE, como el procesado Néstor
Moreno Díaz, y por si fuera poco, con la agresión oficial al SME, no se
mejoró la economía de la zona centro del país, ni se generaron los
empleos anunciadas como el milagroso “maná” que los haría caer del
cielo.
El objetivo de haber volcado toda la
fuerza del Estado contra un sindicato independiente al grado de utilizar
a las fuerzas armadas —a cuyos elementos se disfrazó de policías
federales— en uno de los peores excesos jamás visto en un país
democrático, era buscar su aniquilamiento para tener la vía libre en la
entrega de la industria eléctrica nacional y del sector energético, a
firmas privadas sobre todo multinacionales. Recursos estratégicos que
son y deber ser, patrimonio de la nación y no beneficio para unos
cuantos.
El golpe artero y cobarde de octubre del
2009, no cumplió su perverso objetivo: el SME está de pie, luchando
vigorosamente al lado de los usuarios y de una sociedad que está tomando
conciencia de la voracidad de los gobernantes.
Once de octubre ¡no se olvida!
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