Sólo con una reforma legal se podría atender esta recomendación de la empresa consultora.
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Lunes 11 de noviembre de 2013, p. 11
Consideradas direcciones ejecutivas clave para la función central del Instituto Federal Electoral (IFE), la de capacitación y la de organización electoral representan una carga económica durante los periodos en que no se preparan procesos, según advierte el estudio de Deloitte Consulting, realizado para el organismo.
Por ello, aunque se admite que requieren cambios legales, se recomienda realizar una compactación de ambas áreas.
Para Deloitte, entre los
beneficios cualitativosque implicaría fusionar ambas direcciones está impulsar una visión más integral en un proceso electoral.
La consolidación de una sola figura, a escala de juntas locales y distritales, no sólo implicaría “una reducción de costos, sino también eficiencia en capital humano.
“El beneficio de reducción de costos es claro y significativo, comparando ahorros, por status quo, de 4 por ciento (25.8 millones de pesos), y por sinergia de 41 por ciento (263.6 millones de pesos) respecto del costo actual”.
Cabe destacar que en ambos casos estas direcciones provienen del diseño legal institucional del organismo, por lo que sólo con una reforma en la legislación se podría responder a una recomendación semejante.
En el estudio ordenado por el IFE y recientemente desclasificado de la reserva en la que estaba, se señala que tanto la dirección de capacitación como la de organizacion electoral realizan funciones similares,
no sólo a nivel central, sino también de órganos desconcentrados, evidenciando exceso de recursos para tales funciones.
Por ello, para la empresa consultora
falta una figura jerárquica que apoye a la secretaría ejecutiva en una efectiva directriz de las operaciones del proceso electoral.
Al fundamentar las razones de impulsar una sinergia es que las funciones de ambas direcciones tienen un periodo estacional concentrado en nueve meses, principalmente; existen algunas funciones duplicadas, y hay altos niveles de supervisión (en el caso de la de organización electoral).
El proceso electoral, asegura Deloitte, puede tomar un enfoque estratégico y de mayor visión con una sinergia entre ambas, todo ello dando prioridad al objetivo central del IFE para ambas direcciones: asegurar la realización de las elecciones federales, su preparación eficaz e instalación de casillas.
Conforme al documento de Deloitte, se detectaron en ambos casos estructuras que
presentan un exceso en los niveles de supervisión, especialmente a escala central, y tramos de control cortos que representan una excesiva división del trabajo. Según la empresa, es un área donde es viable mejorar mediante una modernización de la estructura, por medio de la optimización de líneas de reporte y tramos de control, generando adicionalmente ahorros.
Por ahora,
el diseño de la estructura no está alineado a tendencias de modernización que instan a una clara reducción de los tramos de control. Se requiere una acotación de los niveles jerárquicos, mediante una redefinición de responsabilidad para mejorar el desempeño en ambas direcciones ejecutivas.
Más adelante, el diagnóstico para ambas casos es que los roles que realizan tanto los subdirectores como los jefes son muy similares, lo que permitiría reducir los niveles jerárquicos, generando un ahorro, para el caso de la direección de organización electoral, de 12.6 millones de pesos, y para la de capacitación de 10.5 millones.
Otro problema que detectó la empresa consultora es el mal diseño institucional en la dirección de organización electoral, por la indefinición en los roles entre visitadores y jefes de departamento, y su adecuación le redituaría al IFE otro ahorro anual de 11.6 millones de pesos. Deloitte sostiene que actualmente no hay distinciones entre las funciones de ambos cargos.
Para el caso específico de la dirección de capacitación, el estudio encontró la duplicación en el desarrollo de contenidos y, en algunos casos, de funciones con la coordinación de asuntos internacionales y del Centro para el Desarrollo Democrático, que podrían representar ahorros superiores a 4 millones de pesos.
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