Empresarios y ambientalistas llevan meses advirtiendo que la extracción de gas de esquisto –más conocido como gas shale– no sólo es cara, sino que implica técnicas de inyección hidráulica que demandan enormes volúmenes de agua y causan daños ecológicos. Un dato significativo: mientras que la extracción de un barril de petróleo cuesta 10 dólares, la de gas shale es cinco veces más cara. Aún así, este tipo de hidrocarburo es una de las zanahorias que más ofrecen los defensores de la reforma energética.
25 diciembre 2013
Jenaro Villamil
Proceso
La supuesta riqueza del gas de esquisto o gas shale, promovida como uno de los negocios más promisorios de la reforma energética, puede convertirse en otro gran mito, pues según informes de organizaciones ambientalistas, empresarios y funcionarios del sector no es tan limpio ni abundante; menos aún rentable.
“Muy pocos productores de lutitas –como también se le conoce a este hidrocarburo– ganan con el gas, así que no se crean que es el gran negocio”, advierte José de Jesús Valdez Simancas, director general de Alpek, filial del Grupo Alfa, que mantiene una sociedad con consorcios estadounidenses al sur de Texas para explotar el gas shale.
A principios de mes, durante el Foro Monterrey Summit 2013, Valdez afirmó que extraer un barril de crudo en México tiene un costo de 10 dólares, mientras que el de gas shale es de 50.
Aroa de la Fuente, integrante de la organización Fundar, experta en sector energético, declaró a su vez que tampoco existe un “alto margen de ganancia” para explotar este tipo de gas, que se extrae de las rocas por medio de una inyección hidráulica –técnica conocida como fracking– que reclama altos volúmenes de agua.
Tan sólo para obtener ese tipo de gas en Coahuila, Nuevo León o Chihuahua se utilizan cantidades de agua equivalentes a la que consumen 7 millones de personas, expuso De la Fuente en ese foro.
Fundar y agrupaciones como el Grupo de Estudios Ambientales, Equipo Pueblo, LaVida, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda) y Sendas, entre otras, crearon la Alianza Mexicana contra el Fracking para argumentar que la tecnología utilizada en la explotación del gas shale es nociva –“invariablemente se contaminan mantos freáticos y aguas superficiales”– y contribuye al calentamiento global.
Según el informe Principales problemas identificados con la explotación de gas de esquisto por fractura hidráulica en México (fracking), elaborado en agosto último por la alianza ambientalista en vísperas de la discusión de la reforma energética, esas técnicas “desvían valiosos recursos que podrían ser destinados a implementar una urgente transición hacia fuentes de energía renovables y sostenibles, así como a introducir modelos económicos más eficientes que reduzcan sustancialmente la tasa de extracción-consumo-desecho de materiales en el mundo, sin perjudicar las condiciones de vida de la población, en condiciones de equidad”.
El documento añade que es preocupante que los defensores de la explotación de gas de esquisto por medio de técnicas de fractura hidráulica presenten esta actividad como una alternativa frente al cambio climático.
Ya que si bien la combustión de metano es más limpia que la de otros hidrocarburos, como el petróleo o el carbón, sin embargo la explotación de yacimientos de metano expone a la atmósfera a emisiones de este gas que no son captadas por quienes realizan la explotación.
En Estados Unidos, 30 por ciento de las emisiones de metano provienen de ineficiencias propias de los métodos de extracción.
El estudio señala que una cantidad determinada de metano en la atmósfera tiene un efecto 20 veces mayor sobre el calentamiento global a lo largo de un periodo de 100 años que una cantidad equivalente, en peso, de dióxido de carbono.
Por otra parte, estas técnicas hacen uso de millones de litros de agua que tendrían que ser empleados para garantizar el abasto de agua a seres humanos.
Asimismo, invariablemente se contaminan mantos freáticos y aguas superficiales, afectando toda la vida que depende de estas fuentes y, por supuesto, el abasto humano de este vital líquido.
Esto es particularmente preocupante en México, donde el derecho humano al acceso al agua de calidad a todos los habitantes del país se encuentra plasmado en el artículo cuarto de la Constitución desde febrero de 2012.
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