Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de abril de 2015, p. 3
El Senado aprobó anoche la reforma política del Distrito Federal, una modificación a 50 preceptos constitucionales que convierte a la capital del país en ‘‘entidad federativa’’ denominada Ciudad de México, con autonomía plena y su propia constitución, la que deberá ser aprobada por una asamblea constituyente a más tardar el 31 de enero de 2017.
La reforma política del Distrito Federal logró más de los dos tercios de la votación requerida: 88 votos a favor, 27 en contra y una abstención, luego de un debate de más de ocho horas en el que senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) resaltaron que se trata de ‘‘una reforma histórica’’, a pesar de sus limitaciones.La mayoría de los votos en contra fueron de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) –18–, pero también lo hicieron, por distintos motivos, los cinco legisladores del Partido del Trabajo (PT) y los tres afines a Morena, entre estos últimos Mario Delgado, presidente de la Comisión del Distrito Federal, quien en tribuna resaltó que se trata de ‘‘una buena reforma para los capitalinos’’, que se da además ‘‘en un contexto político en el que las fuerzas que gobiernan en la ciudad no tienen mayoría en el Congreso federal’’.
Habrá 100 diputados constituyentes
El legislador había optado por la abstención, como se reflejó en el tablero electrónico, pero luego votó en contra, inconforme por la fórmula establecida para conformar la asamblea constituyente.
De acuerdo con la reforma, 60 diputados constituyentes serán electos en un proceso organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 40 restantes serán designados por el Congreso, el presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.En opinión de perredistas y petistas, esa fórmula por la que el Senado elegirá a 14 de sus integrantes y la Cámara de Diputados otros 14, mientras el ejecutivo federal nombrará seis y Mancera a otros seis, da ventaja al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual tendrá una sobrerrepresentación para incidir en la formación de la primera constitución de los habitantes del Distrito Federal, e incluso la podrá vetar, según comentó en tribuna el propio Delgado, quien ofreció antes una conferencia de prensa en la que señaló que, dado que el tricolor cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso y tendrá también a los seis diputados constituyentes propuestos por Peña Nieto, quedará con una representación de 32 por ciento en la asamblea encargada de crear la constitución de la ciudad de México, pese a que su fuerza política en el DF es de apenas 20 por ciento.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett, sostuvo que el ganador de la reforma es el PRI, mientras la perredista Dolores Padierna señaló que ‘‘lo que ensombrece lo que debería ser un día de fiesta es que 40 por ciento de los constituyentes no serán electos por los ciudadanos del Distrito Federal’’.
El senador priísta Omar Fayad sostuvo que se tratará de una ‘‘asamblea constituyente plurinominal’’, lo que motivó que el panista Roberto Gil Zuarth le respondiera que tal afirmación sólo muestra ‘‘ignorancia’’, ya que muchas constituciones en el mundo han sido creadas a través de sistemas mixtos. Le recordó que el PRI proponía en un principio que fuera el Congreso federal el que elaborara esa constitución capitalina.
Temprano, los coordinadores del PRI y el PAN, Emilio Gamboa y Fernando Herrera, respectivamente, anunciaron que la reforma se aprobaría, pero con la oposición de algunos. Se trata, explicó el senador de la bancada del PRD Alejandro Encinas, ‘‘de los más conservadores, los que siempre le negaron los derechos a los habitantes del Distrito Federal, en un debate que data de hace 194 años’’.
El panista Juan Carlos Romero Hicks señaló que se trata de una reforma que ‘‘nació muerta’’ e insistió en que se mantienen privilegios para la ciudad de México, ya que la Federación paga a los maestros. Dijo que debe tener las mismas obligaciones que los demás estados de la República, ya que sigue teniendo un trato centralista.
Encinas le respondió que ese centralismo con el que se pretende demeritar la reforma no surge del DF, sino del gobierno federal, y le pidió erradicar esa visión que se puede resumir en la frase: ‘‘Haz patria, mata a un chilango’’.
La también perredista Alejandra Barrales aclaró que no hay ningún trato de privilegio para el Distrito Federal, toda vez que desde siempre se le han regateado recursos, pese a que en su territorio se ubican 80 embajadas y 180 edificios del gobierno federal que no pagan predial.
Mariana Gómez del Campo (PAN) calificó de insuficiente la reforma y dijo que se corre el riesgo de que termine siendo una simulación. En cambio, su compañero de bancada Roberto Gil advirtió que no hay una reforma perfecta y recordó que Acción Nacional siempre ha estado en favor de que se configure un régimen político en que los ciudadanos de la capital tengan derecho a la autodeteminación, a regularse y gobernarse a sí mismos.
Por su parte, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Pablo Escudero dijo que es una legislación que llega tarde, pero votaría a favor por acuerdo de su partido.
Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, los priístas Enrique Burgos y Graciela Ortiz, destacaron los logros de la reforma. Expresaron que el nuevo régimen de la ciudad de México se sitúa en nueve artículos de la Constitución, pero hay otros que se tocan, por lo que en total se modifican 50 preceptos de la Carta Magna.
Detallaron que la reforma convierte a las delegaciones políticas en alcaldías, cuyos titulares serán electos a partir de 2018 y estarán acompañados por concejales, que serán un contrapeso.
El Presidente de la República conservará el mando de la fuerza pública, pero el jefe de Gobierno nombrará directamente al secretario de Seguridad Pública. Asimismo, el Senado ya no podrá remover al jefe de Gobierno, lo que permitía la intervención del gobierno federal sobre la ciudad.
Se presentaron 31 reservas, que fueron desechadas en su totalidad. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.
El panista Juan Carlos Romero Hicks señaló que se trata de una reforma que ‘‘nació muerta’’ e insistió en que se mantienen privilegios para la ciudad de México, ya que la Federación paga a los maestros. Dijo que debe tener las mismas obligaciones que los demás estados de la República, ya que sigue teniendo un trato centralista.
Encinas le respondió que ese centralismo con el que se pretende demeritar la reforma no surge del DF, sino del gobierno federal, y le pidió erradicar esa visión que se puede resumir en la frase: ‘‘Haz patria, mata a un chilango’’.
La también perredista Alejandra Barrales aclaró que no hay ningún trato de privilegio para el Distrito Federal, toda vez que desde siempre se le han regateado recursos, pese a que en su territorio se ubican 80 embajadas y 180 edificios del gobierno federal que no pagan predial.
Mariana Gómez del Campo (PAN) calificó de insuficiente la reforma y dijo que se corre el riesgo de que termine siendo una simulación. En cambio, su compañero de bancada Roberto Gil advirtió que no hay una reforma perfecta y recordó que Acción Nacional siempre ha estado en favor de que se configure un régimen político en que los ciudadanos de la capital tengan derecho a la autodeteminación, a regularse y gobernarse a sí mismos.
Por su parte, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Pablo Escudero dijo que es una legislación que llega tarde, pero votaría a favor por acuerdo de su partido.
Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, los priístas Enrique Burgos y Graciela Ortiz, destacaron los logros de la reforma. Expresaron que el nuevo régimen de la ciudad de México se sitúa en nueve artículos de la Constitución, pero hay otros que se tocan, por lo que en total se modifican 50 preceptos de la Carta Magna.
Detallaron que la reforma convierte a las delegaciones políticas en alcaldías, cuyos titulares serán electos a partir de 2018 y estarán acompañados por concejales, que serán un contrapeso.
El Presidente de la República conservará el mando de la fuerza pública, pero el jefe de Gobierno nombrará directamente al secretario de Seguridad Pública. Asimismo, el Senado ya no podrá remover al jefe de Gobierno, lo que permitía la intervención del gobierno federal sobre la ciudad.
Se presentaron 31 reservas, que fueron desechadas en su totalidad. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.
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