En el 129 aniversario del Día Internacional de las y los Trabajadores, nos encontramos en una nueva y profunda crisis mundial que el capital no atina a resolver más que sobre la espalda de la clase trabajadora. Una crisis económica, social, ecológica, energética, alimentaria, cultural y ética. El capital transnacional dominante es incapaz de aplicar medidas distintas a las neoliberales y ha preferido profundizarlas con métodos cada vez más reaccionarios, depredadores y fraudulentos. La “democracia” burguesa aparece desnuda al servicio del capital, cuando es substituida por el totalitarismo del mercado. Los poderes mundiales han acordado la instrumentación de ajustes o reformas estructurales para apoderarse de los recursos naturales ─el agua incluida─, del territorio, el trabajo y la vida de los pueblos, pisoteando la soberanía de las naciones sin importar la destrucción del planeta y el desequilibrio ecológico que generan. En suma, la existencia misma del planeta y la humanidad se encuentran seriamente amenazadas.
Es evidente que el poder económico ─concentrado en 200 corporaciones con ingresos mayores al de todos los países del mundo, salvo los 9 de mayores ingresos─ y su institucionalización en las organizaciones políticas de la burguesía domina el planeta y decide el destino de miles de millones de personas. El imperativo de recomposición de la ganancia significa precarizar el salario y las condiciones de empleo, laborales y de vida de las y los trabajadores en el mundo. El ajuste estructural significa la reducción del gasto social y estatal, el desmantelamiento de los derechos laborales (salarios, jornadas, trato humano, libertad sindical, contratación colectiva y huelga, pensiones y jubilación), los derechos sociales (asociación, seguridad social, salud, educación, cultura) y otros más. En suma, el ajuste estructural consiste en cargar el pago de la crisis a la clase trabajadora para beneficiar a los poderes financieros y económicos trasnacionales que son los que la han provocado con su delictiva economía especulativa. Esta vía de concentración de capital reduce el empleo digno y aumenta el ejército de desempleados y subempleados, de empleos eventuales, el trabajo esclavo e infantil, lo que facilita al sistema la preservación de los bajos salarios y fomenta la competencia entre trabajadores por empleos cada vez más precarios. El extremo es el modelo productivo expresado en el outsourcing, que además de disminuir los salarios y la estabilidad en el empleo, elimina las prestaciones y la seguridad social, desplaza la regulación del trabajo al ámbito meramente mercantil o civil, destruyendo con esto toda organización de los trabajadores. El outsourcing es la expresión más acabada del neoliberalismo en su propósito de sobreexplotación de la clase trabajadora, condenándonos a la semiesclavitud. Es por eso que los capitales transnacionales promueven que los países semicoloniales como el nuestro, celebren tratados de libre comercio. Las promesas que acompañaron a la promoción de esos acuerdos no se han cumplido después de más de dos décadas; por el contrario, se han acentuado la pobreza y la desigualdad, el desempleo y el empleo precario, el deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo, incluso en los países imperialistas. La dependencia de las economías colonizadas se ha agudizado y nuevamente son sujetas del más descarado saqueo de sus recursos naturales, minerales y de su territorio, al mismo tiempo que se destruyen las economías tradicionales, destacadamente la del sector agrícola, que las sostenían. La precariedad y miseria, junto con el desempleo y el clima de violencia generados, agravados por el creciente fenómeno del narcotráfico, encuentran su salida en la generación de nuevas olas de migración de millones de trabajadores hacia otros países, buscando medios de subsistencia. México es el mayor ejemplo de la aplicación del modelo neoliberal con todos los nefastos efectos señalados, habiendo suscrito a espaldas del pueblo el mayor número de tratados de libre comercio y de protección a las inversiones, a los que se agrega la actual negociación clandestina del privatizador Tratado Comercial de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), sin dejar de mencionar que el despojo del territorio nacional se encuentra en auge, cuando el 47% del territorio se encuentra en manos de empresas extranjeras a través de concesiones de explotación minera, generando una enorme contaminación, como la que sufren las comunidades sonorenses, afectadas por la criminal derrama de desechos por parte del Grupo México, que además pisoteó los derechos de los mineros de Cananea, eliminando su derecho a huelga con el apoyo descarado de la Suprema Corte. Además, nos encontramos en medio de una profunda crisis de legitimidad del Estado capitalista, atravesada por la coyuntura electoral y un enorme desprestigio de los partidos registrados y las elecciones. La demagogia y desvergüenza sobre los supuestos beneficios de las “reformas” y tratados neoliberales estarán a flor de televisión hasta el cansancio hacia el 7 de junio, pretendiendo ilusamente que se nos olviden los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los asesinatos de Iguala y los decenas de miles de muertos y desaparecidos, así como los numerosos presos políticos y la criminalización de la protesta. El desmembramiento de las comunidades y el tejido social, producto de las migraciones de nuestros trabajadores que expulsa la política gubernamental rumbo a otras regiones del país y al extranjero. Las condiciones de semiesclavitud de los jornaleros agrícolas que laboran en las grandes agroindustrias propiedad de extranjeros y políticos nacionales, han quedado al descubierto con la histórica rebelión de los Jornaleros de San Quintín, en Baja California. Tampoco se nos olvidará la política de concertación de los partidos políticos imperante durante la larga noche del neoliberalismo, que culminó con el Pacto por México para hacer posible la imposición de todas esas medidas contra la clase trabajadora, la población en general y la soberanía nacional. Es esta misma política la que hará posible, si las trabajadoras y trabajadores organizados lo permitimos, que ante la dramática caída de los precios del petróleo, la disminución de las remesas de migrantes mexicanos, el pago de la deuda externa e interna, la huida de capitales atraídos por el aumento de las tasas de interés en EEUU, se instrumente la política de austeridad y de recorte al ya deprimido gasto social. La “preocupación”, de uso electoral, por la miseria de los salarios mínimos aparece, como la necesidad de reconstruir contradictoria y limitadamente el endeble mercado interno. Esto choca, sin embargo, con la forma en que México sigue buscando en la actualidad atraer la inversión extranjera y promover las exportaciones: reducir los costos de mano de obra. Este modelo tiene como núcleo la disminución generalizada de los costos laborales, incluso por debajo de los límites de sobrevivencia. Los bajos costos laborales y la otra cara de la misma moneda: la paz laboral, constituyen una estrategia central del Estado mexicano; para garantizar mediante la hegemonía del sindicalismo charro, gangsteril y corporativo, blanco y de protección, la fragmentación del sindicalismo democrático, para no mencionar la ilusa política de concertación de una de las expresiones del sindicalismo “democrático”. El frecuente atentado a los derechos laborales colectivos de asociación, contratación colectiva y huelga en México forma así parte consustancial del modelo de subordinación mexicana a los imperativos transnacionalizados de la ganancia y la concertación como la expresión sindical del pactismo, por otro, su carta de legitimación. El ejemplo más evidente es el fallido intento de reformar el artículo 123 constitucional, para eliminar de un plumazo los derechos de los trabajadores de las empresas estatales y organismos descentralizados, obligándolos por decreto a renunciar a sus derechos contractuales y al derecho de huelga y organización. Asimismo, la artera e ilegal agresión al Sindicato Mexicano de Electricistas, que no tiene precedentes en nuestro país, al despedir ilegalmente a 44 mil trabajadores, por un decreto presidencial amañado, es muestra de cómo se busca eliminar las organizaciones sindicales que se oponen al modelo neoliberal y su “reforma” energética, junto con los despidos masivos anunciados en Petróleos Mexicanos. Pero los más de 5 años de resistencia de los electricistas marcan el camino para enfrentar dignamente los designios del capital. Además, la estrategia de bajos salarios sale a la luz con las limitaciones de la propuesta del Jefe de Gobierno del DF y con el autismo del gobierno federal. La primera, se limita al Salario Mínimo General ignorando la existencia de los Salarios Mínimos Profesionales y los salarios contractuales, que han sufrido por igual un deterioro de más del 77% e incluso mayor en el caso de los contractuales. Desconoce que el salario indirecto, el de las prestaciones contractuales, también ha sido sujeto de restricciones y topes. Ignora finalmente que el salario social, que remite a los bienes y servicios públicos -pensiones incluidas- se han privatizado o aumentado de precio. Deja de lado el alto desempleo y subempleo y la precariedad laboral y salarial de los empleos eventuales. Mientras el gobierno federal, mantiene los falaces argumentos de la necesidad de los bajos índices inflacionarios y aumentar la productividad y el empleo formal para oponerse o condicionar la recuperación del poder adquisitivo del salario. Todo se resume en la ridícula medida de unificación de las zonas económicas para homologar los salarios de la zona “B” con los de la “A” y condicionar los futuros e inciertos aumentos al incremento de la productividad. En una palabra, el gobierno federal no está dispuesto a abandonar la “ventaja competitiva” central de los bajos salarios, compitiendo con China, que ya ha superado los niveles salariales mexicanos. En un año electoral no sólo el GDF, sino incluso el PAN hacen campaña “por salarios justos”. Pero nunca fue su bandera. Ninguno de los partidos representa los intereses de las y los trabajadores. Desde la introducción de neoliberalismo, quienes han defendido el salario y se han opuesto al empobrecimiento de las y los trabajadores “para atraer inversión”, ha sido el sindicalismo democrático e independiente, ahora agrupado en la Nueva Central de Trabajadores, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y en el naciente sindicalismo de los jornaleros agrícolas. El pueblo mexicano, su clase trabajadora, enfrentan muchos problemas que se resumen en la necesidad de reconstruir el país, con un proyecto propio, de clase. Sin embargo, tenemos un reto central: la reconstrucción de la unidad orgánica, independiente y democrática de las y los trabajadores. Sin ello estamos condenados a caer en el precipicio. Por ello la construcción de la Nueva Central de Trabajadores significa nada más y nada menos, que construir la autonomía y la unidad de la clase trabajadora mexicana para enfrentar al mal gobierno.
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