Ahora, contra los maestros disidentes
Martín Esparza Flores/ revista siempre/ 6 de noviembre de 2015
Criminalizar la protesta social, vía la complicidad de los medios de comunicación, se ha tornado en la salida más fácil para evadir la solución a los grandes problemas nacionales. Disentir o ir en contra de una política autoritaria o de imposiciones que anula el diálogo y el respeto al Estado de derecho, es comprar un boleto seguro a la represión y a la privación ilegal de la libertad.
Hace seis años, en octubre del 2009, diversos monopolios de la información con sus “líderes de opinión” a la cabeza, se sumaron con especial empeño al linchamiento mediático que sufrieron los electricistas del SME que se negaron a liquidarse, iniciando con la frente en alto y la razón de su parte, un heroico movimiento de resistencia.
El falaz argumento sostenido por los domesticados cancerberos de la información, trató de justificar la extinción de Luz y Fuerza del Centro en “bien del interés público y de la economía nacional”. Así, sin reflexión alguna, se aislaron de los asuntos a tratar por parte de los “críticos del sistema”, contradicciones tan evidentes como el despido repentino de 44 mil trabajadores por parte de un político que como Calderón había prometido ser el “presidente del empleo”.
El grado de barbarie informativa llegó a los extremos de satanizar el contrato colectivo de trabajo, de un sindicato independiente, señalándolo ante la opinión pública como un supuesto escaparate de privilegios cuando la propia Constitución establece como un derecho de todos los mexicanos el aspirar a una vida digna a través de los frutos del trabajo. ¿Qué acaso las 44 mil familias que se quedaron sin sustento no eran parte de la economía nacional?
En todos estos años de larga lucha, el SME ha atestiguado la represión ejercida en contra de innumerables movimientos sociales por parte de los grupos fácticos que no conocen del menor respeto a las leyes, y durante dos años, varios electricistas en resistencia fueron privados de su libertad por la presión y el odio alentado por estos medios y sus mercenarios “líderes de opinión”, hacia las autoridades. Al final, como ocurrió con todo el cúmulo de embustes, los jueces comprobaron la inocencia de aquellos que fueron calumniados por consigna de las altas esferas del poder, elevándolos a la categoría de presos políticos.
Ahora, esta estrategia de criminalización a la protesta social empieza a tener como objetivo a los maestros de secciones como la 22 de Oaxaca, que con el encarcelamiento de varios de sus dirigentes y las órdenes de aprehensión giradas a profesores y normalistas en Michoacán, muestran la vigencia de rehuir el diálogo a los grandes problemas del país, como el encubierto método de represión que habrá de emplearse en agravio de todos los mexicanos que no estén de acuerdo con la imposición de políticas atentatorias a los intereses nacionales y de las mayorías.
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