rebelión/ 9 de noviembre de 2015
Franck Gaudichaud y Fabrice Thomas
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sindicato histórico de la clase obrera mexicana, ha estado en los últimos años a la vanguardia del movimiento social y popular de este país hermano. En lucha desde hace más de 6 años en contra del cierre de la empresa pública "Luz y Fuerza del Centro", que tenía 44.000 trabajadores cuando el gobierno neoliberal de Calderón ( Partido Acción Nacional) decidió la privatización de la electricidad del Distrito Federal de la ciudad de México, el sindicato ha llevado a cabo movilizaciones en todos los planos: sociales, políticas y jurídicas. Desde 2009 se ha unido a numerosas luchas y especialmente a aquellas que han tratado de evitar otras privatizaciones y la destrucción del código laboral. Su espíritu de resistencia y capacidad de movilización, excepcional en los últimos años en el movimiento sindical mexicano, hace recaer sobre el SME una responsabilidad política que trasciende las reivindicaciones inmediatas de los electricistas.
En la actualidad, el desafío es doble para los afiliados del sindicado (más de 16.000 la día de hoy): por una parte, encontrar una solución laboral de corto plazo -¡y terminar con seis años de cesantía y precariedad!- y, por otra parte, ayudar a construir las herramientas de las cuales carecen las y los trabajadores mexicanos: una nueva central sindical combativa y democrática, y una organización política unitaria anticapitalista. Son objetivos tanto más fundamentales de cara a la desastrosa situación que enfrenta a diario el pueblo mexicano, en particular tras la crisis política abierta por la "desaparición" forzada de los 43 estudiantes-maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Los actos masivos organizados hace pocas semanas con motivo del primer aniversario que conmemora esta terrible represión de Estado, mostraron que la indignación popular y la voluntad de verdad y justicia siguen siendo ineludibles por la casta que gobierna el país. Pero, igualmente, revelaron la importante dispersión de los movimientos sociales (y de la izquierda radical) que si bien se unen en la denuncia del gobierno neoliberal de Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional) y frente a la violencia y la corrupción generalizadas, no logran todavía formular los derroteros unitarios hacia una salida política alternativa.
De estos diferentes desafíos hemos podido conversar con Humberto Montes de Oca Luna, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y uno de los coordinadores nacionales de la Nueva Central de Trabajadores (NCT). Humberto tiene una larga trayectoria como luchador sindical y es una de las figuras de la resistencia del SME tanto en México, como a nivel internacional. Cuando, a principios de octubre, lo encontramos en uno de los edificios que posee el SME en pleno centro de México DF., estaba a punto de concretarse un acuerdo con el gobierno federal para iniciar la entrega de varias plantas de generación eléctricas al sindicato, bajo la forma de una cooperativa obrera y como pago de la liquidación del contrato colectivo de trabajo de Luz y Fuerza. La primera planta de generación adjudicada al SME en los días siguientes fue la de Necaxa, ubicada al norte del estado de Puebla: todo un símbolo, ya que es allí donde comenzó el abastecimiento de energía eléctrica a la ciudad de México a principios del siglo XX. Como bien lo reconoce Humberto, esta salida es a pesar de todo solo parcial y transitoria, pero representa un primer triunfo para el sindicato tras seis años de tenaz resistencia, y una luz de esperanza para el movimiento obrero mexicano.
Humberto, antes de abordar la coyuntura inmediata, me gustaría saber ¿cuáles han sido para ti los momentos claves de esta larga lucha que tuvieron que emprender como SME?
Para nosotros, la tarea de todo estos seis años de resistencia ha sido evitar la disolución forzada de nuestro Sindicato, este era el verdadero objetivo del presidente neoliberal Felipe Calderón, que quiso acabar con nuestra organización que recién cumple 100 años, un sindicato histórico. Nuestro objetivo segundo fue recuperar nuestra fuente de trabajo. Tercero, mantener la lucha en contra de la privatización del sector energético, que realmente es otra de las causas por las cuales fuimos despedidos en masa - 44 mil trabajadores - después que durante una década habíamos rechazado la privatización del sector y echado abajo por lo menos dos reformas constitucionales privatizadoras.
¿Cuál es el camino que están negociando actualmente para –justamente- intentar mantener vivo esta tremenda fuerza sindical y clasista?
Primero, hay que decir que la salida que encontramos la caracterizamos como una “salida parcial y transitoria” en tanto que no nos devuelve al 100% lo que nos han arrebatado en octubre de 2009. Es una salida política en tanto que, en el aspecto jurídico, todavía no tenemos un respaldo claro que le dé una proyección a nuestra lucha a más largo plazo. Pero otro aspecto fundamental es que actualmente la situación de la clase trabajadora de México es muy difícil, hay una correlación de fuerzas que nos desfavorece por completo. Existe una imposición desde el poder central de todo un proyecto de reformas estructurales para profundizar el modelo neoliberal y no hay un movimiento social articulado, ni una alternativa política visible que permita revertir esta situación a corto plazo. Entonces, nosotros estamos forzados a una salida política que nos hace recuperar parte de nuestra materia de trabajo y de los términos de nuestra contratación colectiva como la teníamos antes. Es muy importante la reinserción laboral de los 16.599 trabajadores afiliados, toda vez que durante 6 años no han tenido ninguna fuente de ingresos ¿no?
Efectivamente una resistencia condiciones muy difíciles…
Sí, vivimos en una situación precaria de vida, con mucho desgaste, situaciones de rompimiento familiar, de enfermedades, de muerte, de suicidios incluso; y un núcleo de resistencia que ha sobrevivido a todas las pruebas que nos ha impuesto esta lucha frontal con el Estado mexicano: desde la complicidad del Poder Legislativo para no interponer una controversia constitucional en contra del Decreto de extinción, hasta el papel infame que ha jugado la Suprema Corte de Justicia convalidando el Decreto y la revocación de un amparo otorgado en 2012 por un Tribunal Colegiado en materia de trabajo, que nos daba la victoria y ofrecía una salida jurídica con reinstalación de los trabajadores y derecho al pago de salarios caídos... La resistencia ha sabido sobreponerse a todo y respaldado por la solidaridad de las organizaciones sociales que a nivel nacional e internacional nos han apoyado.
Están a punto de formar una Cooperativa que permitiría reintegrar a parte de los trabajadores todavía afiliados al SME, ¿cómo piensan organizarse concretamente?
El gobierno tiene una deuda con nosotros: los fondos de previsión social que pactamos en el convenio colectivo y les pertenecen a los trabajadores, eso constituye un importante pasivo laboral de la empresa en extinción. De hecho, la empresa no puede concluir su liquidación si no le paga estas sumas a los trabajadores: nosotros negociamos que no nos den el pago en especie, más bien nos van a devolver la operación de 14 plantas hidroeléctricas de la antigua Luz y Fuerza del Centro y nos van a reintegrar también en un conjunto de centros de trabajo con sus terrenos, sus naves, su infraestructura, para ser explotados por los mismos trabajadores electricistas.
En el plano político, desde hace algunos años, ustedes defienden la necesidad de dotarse una herramienta política para superar la fragmentación de las clases populares: por eso llamaron a la creación de la Organización del pueblo y de los trabajadores - OPT. No obstante, no se ve todavía un desarrollo fuerte de la OPT: ¿cuáles son los desafíos para esta organización en un momento de descalabro del gobierno Peña Nieto y profunda violencia en todo el país en contra de los y las de abajo?
Nuestra lucha comenzó como una lucha por la defensa del trabajo, pero se convirtió en una masiva lucha social en contra de la privatización de la energía, en contra del, y la fuimos convirtiendo en una lucha política nacional. Por eso la creación de la OPT, una organización que aspira a expresar una representación política de las y los trabajadores en resistencia, y que se articula con un conjunto de movimientos sociales y corrientes políticas de izquierdas. El planteamiento de la OPT es luchar por la emancipación social, es decir con perspectiva anticapitalista, de cambio profundo en las relaciones de poder y en las relaciones económicas de nuestro país. Su aspiración es contribuir en una acumulación de fuerzas estratégicas para liberarnos de esta casta neoliberal que está explotando tanto los recursos naturales como a nosotros los seres humanos.
En términos tácticos, ¿cómo se posiciona la OPT frente al gobierno y de cara a las próximas elecciones presidenciales?
Antes del 2012, en una primera etapa de construcción, la OPT intentó obtener el registro como partido político, pero por los mecanismos que existen en México para deshabilitar cualquier posibilidad de que haya expresiones de carácter clasista en la lucha política, se nos fue negado… Después vino un acontecimiento mayor, que acaba de cumplir un año: la desaparición forzado de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. En ese momento, tenemos una reflexión interna acerca de la viabilidad de la participación en procesos políticos electorales. Pensamos que el Estado mexicano vive un proceso de descomposición profundo y acelerado, que se expresó en particular en la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa y en la responsabilidad de los gobiernos locales, de los órganos policiacos y militares en este drama. Se visibilizaron los nexos entre la delincuencia organizada y el Estado mexicano, la clase política neoliberal, los partidos políticos institucionales (que en muchos casos son financiados por el narcotráfico). Hay una interacción entre estas dos mafias: la política y la delincuencia organizada. En base a eso, en el último proceso electoral, llamamos a la abstención, al voto nulo y, en algunos lugares, al boicot activo del proceso electoral.
Con la terrible situación que simboliza la desaparición forzada de los 43, se ve que el nivel de violencia en México no viene solamente del narcotráfico, pero también que existe una violencia política generalizada en contra de los dirigentes sociales y de las clases populares. La cantidad de muertos que hay cada año es aterradora, ¿cómo vez el estado de los movimientos sociales en este contexto?
Los movimientos sociales de México tienen un gran reto que alcanzar. Es cierto que hay muchas resistencias al despojo, a la represión, a la pérdida de derechos, a la restricción de las libertades democráticas pero se trata de una resistencia dispersa. Existen movimientos regionales o locales que están aislados del contexto nacional, entonces uno de los grandes retos es articular las resistencias. Existen procesos que actualmente van en esa dirección como la construcción de la Asamblea Nacional Popular y la Convención Nacional Popular que surgen a partir de la movilización de Ayotzinapa. Esta Convención tiene un programa de 9 puntos, su eje articulador sigue siendo la demanda de la presentación con vida de los estudiantes normalistas, un punto fundamental obviamente. Sin embargo creo que tiene que abrirse también el abanico de demandas para incluir otras cuestiones para precisamente concitar a la unidad de todos. Otro reto, todavía más difícil, es poder ampliar la base social de la resistencia y para eso ofrecer alternativas políticas nacionales. Necesitamos planteamientos claros frente a la crisis política de nuestro país, necesitamos organizar a los no organizados. Uno de los aspectos que le da estabilidad a los gobiernos neoliberales, a parte de los procesos electorales, es la dominación político-cultural e ideológica del pueblo, el papel que juegan los medios de comunicación es apabullante, la desinformación, el control ideológico sobre las organizaciones populares es bestial. Eso limita la movilización colectiva, los espacios de discusión, y hace que la incorporación de nuevos sectores a lucha sea muy lenta. No obstante, sin encaminarlos todos hacia la lucha política por el poder, va a ser muy difícil que podamos sacudirnos a estos neoliberales.
Ultima pregunta: desde “abajo y a la izquierda” surgió el zapatismo, con un proyecto de resistencia indígena construido con mucha dignidad rebelde desde 1994 y, del otro lado, podríamos que “arriba y al centro izquierda electoral” encontramos el proyecto de Manuel López Obrador (ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal) con la organización “Morena”: entre estos dos polos que marcaron las discusiones de los últimos años para las izquierdas, ¿cómo ustedes ven el escenario político?
Nosotros, en último de los casos, estamos planteando una tercera opción pero tenemos una buena relación con los compañeros zapatistas, aunque hemos pasado por diferentes momentos de acercamiento y distanciamiento, compartimos muchos de sus conceptos, otros no; en el caso de Morena no podríamos decir que es un movimiento político estructurado con una perspectiva clara, se trata más bien de un movimiento en torno a un caudillo, entorno a Manuel López Obrador, visto como una opción casi mesiánica para salvar al país por algunos de sus correligionarios, pero en realidad sin un acompañamiento de la lucha social y populares por parte de Morena. Nosotros queremos construir una alternativa real, una alternativa antineoliberal y anticapitalista, articulada en torno al papel protagónico que deben jugar las y los trabajadores en la lucha social y política de nuestro país.
Desde México,
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 840, 6 de noviembre, 2015
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