El gobierno estadounidense reveló ayer una red de corrupción en que la empresa BizJet International sobornó a funcionarios mexicanos con el fin de obtener contratos de más de 20 millones de dólares para proveer servicios de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves entre 2004 y 2009
El Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió una red de corrupción que involucra a una empresa estadounidense que sobornó a seis funcionarios mexicanos de la Policía Federal Preventiva y de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, así como de los gobiernos de Sinaloa y Sonora, a cambio de obtener contratos por más de 20 millones de dólares para proveer servicios de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves entre 2004 y 2009.
La compañía BizJet International Sales & Support, Inc., con sede en Tulsa, Oklahoma, se declaró culpable y aceptó pagar una multa por 11 millones 800 mil dólares al incurrir en violaciones previstas en la Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) al reconocer que sobornó a funcionarios de gobierno en México, entre ellos dos elementos del Ejército.
Los seis funcionarios implicados, cuya identidad fue reservada, ya son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, ya que habrían recibido gratificaciones ilegales por dos millones de dólares a través de un intermediario, que actuó como agente de la empresa.
Ayer, el fiscal general adjunto estadounidense Lanny A. Breuer anunció que se presentaron cargos contra la compañía por conspirar para violar las leyes que impiden el pago de sobornos en operaciones comerciales con dependencias extranjeras, aunque BizJet International Sales & Support, Inc., logró un acuerdo y, además del pago de la multa, se comprometió a colaborar con la investigación que se realiza en EU y México.
El Departamento de Justicia de EU reveló que, según documentos judiciales presentados ante un tribunal de Distrito de Oklahoma, BizJet pagó sobornos a funcionarios de la Policía Federal Preventiva, entre los que está un comandante de la corporación, así como de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, entre ellos un coronel del Ejército y un capitán, según los alegatos del caso, que habrían recibido 90 mil dólares entre diciembre de 2008 y abril de 2009.
También la compañía pagó por obtener los servicios de mantenimiento de la flota aérea de los gobiernos de los estados de Sonora y Sinaloa, como a un director de Servicios Aéreos del segundo.
Detalló que en algunos casos se pagaron los sobornos directamente a los funcionarios. En otros, se canalizaron las gratificaciones a través de una compañía fantasma operada por un gerente de ventas de la empresa, que está prófugo, que recibía instrucciones de ejecutivos de la compañía que aprobaron los pagos.
La investigación en Estados Unidos sigue en curso y está a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigación (FBI) en Washington.
En México, investiga la PGR
En la PGR, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) trata de determinar la responsabilidad de los funcionarios en los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, ya que habrían recibido sobornos entre 2004 y 2009.
La acusación se sustenta en las declaraciones de empleados de BizJet, que aseguran que “pactaron e hicieron negocios para proveer los servicios de mantenimiento, reparación y de revisión general a aeronaves/helicópteros de dependencias federales y estatales de México mediante supuestos sobornos a funcionarios de dos dependencias del gobierno federal y de dos gobiernos estatales”.
Según la PGR, “de confirmarse, la operatividad consistiría en que BizJet entregaba cantidades de dinero a servidores públicos, con la finalidad de ser beneficiada en contratos, haciendo la triangulación de los recursos económicos a través de una empresa operada por un gerente de ventas de Bizjet”.
En las investigaciones se identificó que la empresa estadounidense logró contratos por más de 20 millones de dólares y otros más por alrededor de 50 millones de pesos, para ofrecer sus servicios a los gobiernos de Sonora, Sinaloa, a la Policía Federal Preventiva y la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, que se presume fueron producto de pagos ilegales por millones de dólares que un agente que sirvió como intermediario entregó a los servidores públicos mexicanos.
La PGR informó ayer que como parte de las pesquisas ha obtenido los contratos realizados entre la empresa Bizjet con dependencias federales y estatales, así como información contable en la que se describen operaciones de la empresa, “integradas por órdenes de servicio, facturas, pólizas de cheque y comprobantes de transferencias por conceptos de ‘comisión’ a favor de un intermediario”.
La PGR no informó si los funcionarios están ubicados o si se solicitó alguna medida cautelar para impedir que evadan la acción de la justicia.
Se solicitó información en torno al caso a la Policía Federal y en la Presidencia, pero no se obtuvo respuesta, mientras que fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional indicaron que no podían confirmar si personal del Ejército estaba implicado, aunque señalaron que los elementos que están asignados a Presidencia tienen funciones operativas y no de toma de decisiones para la contratación de servicios para las aeronaves.
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