Energía: detrás de los comerciales

Jorge Eduardo Navarrete 

Opinión

la jornada

La propuesta gubernamental de reforma energética –que, entre otros planteamientos lesivos, propugna por el abandono del principio de exclusividad del Estado en la industria petrolera– se ha presentado envuelta en una apabullante turbonada publicitaria caracterizada por la intensidad y la estulticia, para no mencionar el enorme dispendio de recursos públicos que supone. 

Los estrategas publicitarios la orientaron a exaltar imágenes simples de un futuro promisorio y apetecible desde su punto de vista, asequible sólo por la vía de la aprobación de esa reforma. Casi en su totalidad, estas visiones del futuro que vendrá con la reforma se presentan, con deliberada vaguedad, en lemas demagógicos. Un buen ejemplo de esta peculiar mercadotecnia se encuentra en el mensaje Vas a pagar menos por la luz y el gas, ofrecido a usuarios resentidos por el alza sistemática del precio del gas LP, el combustible doméstico más usado, o afectados por las erráticas políticas de facturación de la CFE, denunciadas ante la Profeco tan repetida como inútilmente. Otro es el que promete el acceso a la tecnología más avanzada del mundo, traída por empresas extranjeras, sin señalar que en México, como hizo notar Javier Flores en este diario el martes último, se estranguló a las entidades nacionales de investigación y desarrollo energéticos y se optó por la dependencia.

Una excepción es la oferta que señala que, de aprobarse la reforma, la extracción de crudo en México se elevaría a 3.5 millones de barriles diarios (MBD) en 2025. Siendo quizá la única proyección específica que se maneja, vale la pena detenerse en examinarla. El documento propagandístico oficial que intenta explicar la propuesta ofrece tres cifras históricas de extracción petrolera en México: 1997, 3.022 MBD; 2004, 3.383, y junio de 2013, 2.538 MBD. Muestran que entre 1997 y 2004, en seis años, la extracción aumentó en 361 mil BD (11.9 por ciento) y en los nueve siguientes, se redujo en 845 mil (25 por ciento). Con la reforma, según sus proponentes, en 12 años, hasta 2025, se llegaría a 3.5 MBD. Si tal fuese el caso, a pesar de su clara orientación extractiva, tras dos sexenios la reforma ofrecería un resultado paupérrimo. Dejaría al país en un nivel de extracción casi igual –apenas 3.5 por ciento mayor– que el alcanzado en 2004.
No se señala, desde luego, que este modestísimo aumento, apenas 80 mil BD por año, probablemente provendría en su mayor parte de los operadores externos que contratasen directamente con el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Esas empresas o consorcios firmarían contratos de utilidad compartida con la CNH. Siendo operadores únicos, sólo ellos tendrían utilidades y, por tanto, lo que compartirían sería la renta petrolera, que fluiría en función del volumen extraído, del precio del crudo y del costo total de extracción. Cae por tierra la noción, subrayada en la propaganda, de que los agentes privados no se llevarían una tajada –de magnitud no determinada– de la renta petrolera de la nación.
La alternativa catastrofista que ofrece la propaganda oficial es que, sin reforma, México se convertiría en importador neto de energéticos. En el caso del crudo, esta perspectiva es insostenible: el actual volumen de extracción, del orden de 2.5 MBD, sería suficiente para satisfacer la demanda interna esperada al menos hasta 2025. Entre 2000 y 2012 el consumo aparente nacional de crudo (extracción menos exportación) se redujo de 1.4 a 1.3 MBD. Se requeriría un aumento medio anual de 100 mil BD de crudo para agotar el margen que la actual producción ofrece. Se abatiría el excedente exportable, pero no se llegaría a la condición de importador neto.

El riesgo de que el país se torne importador neto de derivados ya se materializó: en 2012, el déficit en la balanza comercial de petrolíferos se situó en 521 mil BD, con valor de 24 mil 609 millones de dólares, alrededor de la mitad del valor del crudo exportado. Este es el resultado, por una parte, del brutal sesgo exportador de crudo que se ha impuesto a la industria, que lleva a vender al exterior cuando menos la mitad de la extracción total. Por otra, de la sostenida negativa a ampliar la capacidad de refinación en el país: en 2011 (última cifra disponible) Pemex procesó 60 mil BD menos que en 2000.

También se propone abandonar la exclusividad del Estado en las actividades de refinación, entre otras. Tras años de proclamar que la refinación no es un negocio rentable, por lo que conviene concentrarse en la extracción, ahora se espera una avalancha de inversionistas privados en refinación, sobre todo foráneos, para competir en igualdad de circunstancias con Pemex. Puede imaginarse que una corporación, habiendo firmado con la CNH un contrato para extraer crudo, firme otro o reciba un permiso, también de la CNH, para refinarlo y quizá otros para transportar, distribuir y comercializar los productos. Por lo general, esas corporaciones reconocen las ventajas de la operación petrolera integrada y las ponen en práctica.

En 10 o 15 años el panorama de la refinación en México estará cada vez más dominado por los refinadores privados, de manera similar al panorama de generación eléctrica en el que han ganado importancia los PIE (productores independientes de energía), que comenzaron a instalarse a principios de siglo. En 2012, dueños ya de una cuarta parte (24 por ciento) de la capacidad instalada, aportaban casi un tercio (31.4 por ciento) de la energía generada, desplazando a la CFE. Con la reforma aprobada, será muy improbable que Pemex invierta en refinación (o en procesamiento de gas, o en transporte por ductos). Volverá a decirse que, para Pemex, el mejor negocio es extraer, en especial si lo hace mediante contratos de utilidad compartida –el nuevo nombre de los contratos-riesgo–. Los refinadores privados bien pueden convertirse en el jugador dominante del mercado mexicano de combustibles automotrices, otros petrolíferos y petroquímicos.

Tras la propaganda engañosa, la reforma apunta a un Pemex declinante y a un sector petrolero crecientemente dominado por operadores privados. Con la reforma, el territorio mexicano, después de 75 años, volvería a integrarse al great game, ya no de las siete hermanas, sino de sus herederas.