La PGR investiga por lavado de dinero a empresa que vendió equipo a la Sedena

La transacción directa fue encargada al general Moisés García Ochoa.
Los aparatos adquiridos permiten intervenir llamadas y mensajes de voz de teléfonos celulares.
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Viernes 24 de enero de 2014, p. 11

Entre marzo de 2011 y marzo de 2012, la empresa Security Tracking Devices –cuyo director general es José Susumo Azano, quien es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero– concretó la venta directa (sin licitación) de equipo de espionaje por 5 mil 513 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por instrucciones del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, el encargado directo de supervisar la compra del equipo fue el entonces director de administración de la Sedena, general Moisés García Ochoa, quien en aquel entonces era considerado un serio aspirante a la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por parte de la empresa firmó los contratos su representante legal, César Rolando Cázares Martínez.

Moisés Ochoa era uno de los generales con mayores posibilidades de ser designado secretario de la Defensa Nacional con la llegada al poder de Enrique Peña Nieto; sin embargo, cuando se dieron a conocer en julio los contratos para comprar equipo de espionaje, trascendió en fuentes castrenses, los otros aspirantes aprovecharon para posicionarse y dejar atrás a García Ochoa.

Finalmente, el general Salvador Cienfuegos Zepeda fue el elegido y de inmediato designó a García Ochoa comandante de la 11 Región Militar, que abarca los estados de Chihuahua y Coahuila; en diciembre pasado, el divisionario fue trasladado a la comandancia de la segunda Región Militar que abarca los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

De acuerdo con los contratos dados a conocer en julio pasado por la periodista Carmen Aristégui, el equipo adquirido permite intervenir llamadas, mensajes de voz, correos electrónicos, extracción de mensajes SMS y MMS de teléfonos celulares y teléfonos inteligentes, e incluso para denegar las capacidades de servicio y detener el funcionamiento del equipo.

En total fueron cinco contratos los que signó García Ochoa con la empresa Security Tracking Devices, la cual está vinculada con la indagatoria que inició la PGR por presunto lavado de dinero y narcotráfico.