23 enero 2013
milenio
México.- El consejo de administración de Telmex y el gobierno federal ya recibieron la solicitud para dividir a la empresa, por lo que solo se espera la autorización de ambas instancias para proceder, aseguró a MILENIO Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas.
Además de esas solicitudes, confirmó el líder sindical, la empresa ya está desincorporando otros activos (de los cuales no dio detalle), pues en respuesta a la posibilidad de que el Ifetel la declare preponderante en el mercado, su mejor opción es que el gobierno acepte que le devuelva aquellos usuarios que se encuentran en las poblaciones con al menos 500 habitantes y con ello cumplir con la ley, a fin de evitar sanciones económicas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tiene el mandato constitucional de poner obligaciones específicas, y en su caso sanciones, a las empresas que sean preponderantes en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que realiza una investigación a Telmex y Televisa.
"No deberían dársele sanciones a Telmex porque le pueden costar su viabilidad, por ello buscan que el gobierno autorice esa devolución de clientes, ya que de esta forma dejaría de estar en falta ante las autoridades", comentó.El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tiene el mandato constitucional de poner obligaciones específicas, y en su caso sanciones, a las empresas que sean preponderantes en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que realiza una investigación a Telmex y Televisa.
La semana pasada, el diario El Financiero afirmó que Telmex busca dividir la empresa para evitar las sanciones que le serían impuestas a raíz de la reforma en telecomunicaciones; sin embargo, la empresa desmintió dicha información, al asegurar que la división es únicamente para negocios inmobiliarios y de arrendamiento de equipo.
No obstante, Hernández Juárez comentó, sin concluir la frase: "Yo te podría decir que sí tiene que ver con telecomunicaciones, pero no tengo..."
Mencionó que ha escuchado versiones de que la empresa pretende devolver al gobierno entre 2 y 3 millones de clientes; "supongo que en el oficio donde hacen la solicitud ellos dijeron eso.
"Pero en mi opinión son 6 millones los que tendrían que dejar de atender, básicamente a ellos (la empresa) les interesa quedarse con los clientes que tienen banda ancha, que son los que le dejan 70 por ciento de los ingresos".
Agregó que el sindicato ha levantado la voz para decir que no aceptarán que el gobierno imponga sanciones económicas, ya que además del daño que se puede causar, tanto a los trabajadores como a los usuarios, hay poderosos elementos jurídicos que respaldan el error que se cometería con ello.
Aclaró que en la reforma constitucional al sector de las telecomunicaciones, gracias a la intervención del secretario del Trabajo y del Presidente de la República, se logró incluir el artículo 18 transitorio que dice: "Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley".
En el título de concesión de Telmex, que ahora forma parte de América Móvil; se indica que no habrá despidos de personal y se respetará escrupulosamente el contrato colectivo y al sindicato como representante de los trabajadores.
"Como empleados nos meteríamos todos en la empresa que quede, e incluso cabe la posibilidad de fusionarnos con América Móvil y encontrar ahí respuestas para lo que significa el problema laboral, pero lo primero que buscamos es que haya viabilidad para que se mantenga la operación como está", comentó Hernández Juárez.
Aseguró que la compañía sabe que son un aliado fundamental, aunque ha querido minimizar su presencia e incluso si por algún motivo no quisieran su apoyo ellos lucharían por que quede a salvo la empresa.
LA SCJN atrae demanda de indígenas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un caso que involucra cuestiones de derechos humanos y acceso a la información, ya que una comunidad indígena entabló un juicio contra Teléfonos de México (Telmex) porque no quiere instalarles telefonía fija y solo les ofrece internet de banda ancha.
Este será el primer caso que resuelva la Corte con la reciente reforma a la Ley de Amparo, pues analizará si Telmex tiene la calidad de autoridad responsable al prestar servicios deficientes a la ciudadanía.
Las reformas a la mencionada ley establecen que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuando afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
Los integrantes de la comunidad se quejan de la omisión de garantizar la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija, en virtud de la interrupción del servicio, así como del incumplimiento a la reinstalación del mismo; de igual manera, la omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de proteger y garantizar los derechos de los integrantes de dicha comunidad, toda vez que la misma no supervisó de manera diligente la prestación de los servicios de telefonía fija concesionados a dicha empresa.
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