Por: Redacción / Sinembargo - enero 23 de 2014
El mismo día en que el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma en materia de transparencia –que obligará a rendir cuentas a los gobernadores en México–, el Instituto Federal Electoral (IFE) sumó otro caso a la cauda de desilusiones ciudadanas: se declaró “incompetente” para sancionar a Manuel Velasco Coello, por abuso de autopromoción en su Primer Informe de Gobierno.
En los 12 primeros meses de su administración, el Gobernador de Chiapas, miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sólo destacó por ser protagonista de las portadas de revistas del corazón, en las que apareció junto a su novia Anahí, una cantante y actriz de Televisa.
No conforme, el político que administra el estado con mayor pobreza y pobreza extrema del país, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), desplegó en el Distrito Federal y en varios estados del centro del país una campaña millonaria –con el uso de recursos públicos, por supuesto– para promocionar sus supuestos logros en Chiapas; aunque los espectaculares, posters en parabuses, anuncios en la prensa nacional y en la televisión abierta poco hablaban de la entidad y, en cambio, destacaban su rostro y nombre.
La queja contra Velasco Coello fue promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) ante el IFE, con el argumento de que el Gobernador chiapaneco violó los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 228 numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
El artículo 228, párrafo 5 del Cofipe regula la propaganda gubernamental como estipula el artículo 134 de la Constitución, específicamente el informe anual de labores de los servidores públicos, restringiendo su difusión al ámbito geográfico del servidor público en cuestión. Y, obviamente, los habitantes de la Ciudad de México y de los estados del centro del país vieron con claridad que esa normatividad fue notoriamente violada por Velasco, al difundir su informe de labores en medios de circulación nacional y en entidades que nada tienen qué ver con su ámbito geográfico.
Sin embargo, ayer, el consejero presidente del IFE, Lorenzo Córdova Vianello, y los consejeros Benito Nacif Hernández, Marco Antonio Baños Martínez y María Marván Laborde, argumentaron que ante la ausencia de una regulación clara sobre la competencia del IFE en ese tipo de casos, sólo se puede actuar conforme a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El Tribunal Electoral ha establecido que el IFE puede intervenir si se dan cinco supuestos, entre ellos que esa difusión afecte a un proceso electoral federal, lo que a su juicio “no es el caso”.
“Nunca antes se habían presentado tantos informes como desde que se aprobó la reforma 2007-2008, o una manera de utilizar esta ventana del 228 para defraudar a la ley”, reconoció Córdova Vianello, quien coincidió con los demás consejeros en el sentido de que se ha abusado de la difusión de informes de gobierno, pues ha sido pretexto de funcionarios para promoverse. Aun así resolvieron que en el caso del Gobernador chiapaneco el asunto deberá ser resuelto por el órgano electoral local.
De nuevo, entonces, el IFE se declara “incompetente” frente a pruebas evidentes de abusos del presupuesto público para la autopromoción de los políticos, estén o no en una campaña electoral. No es la primera vez que ese instituto se refugia en los recovecos de la ley para no poner orden y castigar esos excesos.
Por desgracia hay decenas y decenas de casos que se han sumado a lo largo de la última década que, además, han contribuido a ahondar la desconfianza ciudadana en ese organismo. “Incompetente”, por el lado de la ley, e inútil frente a las denuncias ciudadanas en contra del abuso de un gobernante inmoral –un señorito que toma el presupuesto de los más pobres del país para sólo promocionar su cara–, el IFE aplicó a los mexicanos otra dosis de desilusión y desencanto.
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