23/01/2015 04:00
la jornada de oriente
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnart) ha recibido las solicitudes para que rechace los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) que le presentó la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V. para construir cuatro hidroeléctricas en la Sierra Norte y Nororiental.
La petición fue hecha por habitantes de la zona que participan en el Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y representantes de varios municipios afectados por dichos proyectos –incluidos algunos veracruzanos–, planeados para instalarse en la ribera del río Apulco y que servirían para alimentar de energía al área concesionada a Minera Autlán, la cual, a su vez, pretende explotar yacimientos de oro a cielo abierto.
Rufina Edith Villa Hernández, quien preside el Órgano Ejecutivo del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, entregó en la delegación de la dependencia federal en Puebla un oficio dirigido al titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, y a Alfonso Flores Ramírez, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, en el cual les informa sobre los resolutivos de la Sexta Asamblea Informativa por la Defensa del Territorio contra Minas, Hidroeléctricas y la Privatización del Agua:
“Me permito informarles que el día 18 de enero de 2015 se realizó una asamblea en la comunidad de Atotocoyan, Municipio de Yaonáhuac, a la que asistimos más de mil 600 personas de las culturas náhuatl y totonaca que vivimos en los municipios de Tlatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso, Jonotla, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Chignautla, Olintla y Xochitlán, todos del estado de Puebla.
“En dicha asamblea se dio a conocer que en la Gaceta Ecológica de la Semarnat del pasado día 8 de enero se publicaron las solicitudes de autorización de los MIA de los proyectos hidroeléctricos Ana, Diego y Conde con las claves 21PU2014
E0022, 21PU2014EOO23 y 21PU2014E0
024, respectivamente, promovidos por la empresa controladora de operaciones de infraestructura, S.A. de C.V.
“Los asistentes a la asamblea tomamos el acuerdo de solicitarles que no sean aceptadas las evaluaciones de dichas Manifestaciones de Impacto Ambiental, ya que violentan los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Artículo 2 Constitucional y porque es indispensable realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas de la región como lo contempla el Convenio 169 de la OIT, antes de generar cualquier tipo de evaluación o permiso de los proyectos antes mencionados”.
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