Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 12
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó, en el cuerpo de la cuenta pública 2013, una evaluación de la política pública de pensiones y jubilaciones del gobierno federal. El órgano fiscalizador advierte a la Cámara de Diputados que el sistema se encuentra al borde del colapso, porque al presente año, el monto de recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones en curso asciende a 546 mil 987 millones de pesos anuales.
Tal cifra supera con más de 10 mil millones de pesos el monto total de las deudas de estados y municipios en el país.
Sobre el particular, el coordinador parlamentario del PRD, Miguel Alonso Raya –especialista en políticas de seguridad social–, expuso que el diseño institucional de la política de pensiones y jubilaciones presenta debilidades de gran calado, avizorando para el Estado mexicano problemas de gran envergadura, y en muchas ocasiones irresolubles, si la autoridad competente no enfrenta con visión social, una problemática tan compleja como proveer de recursos económicos a un importante sector, que aportó a lo largo de su vida beneficios concretos para el desarrollo nacional.
La evaluación de la ASF señala que las debilidades del diseño de la política pública se traduce en los años recientes, en limitantes para la puesta en marcha de la política de jubilaciones y pensiones. Incluso, en el periodo 1995-2013 no se contó con reglas para normar los esquemas de pensiones ni con las estrategias ni acciones para supervisar su operación.
En la planeación de mediano y largo plazos, tampoco se han considerado estrategias destinadas para mejorar la regulación y supervisión del régimen.
La crisis que atraviesa el citado régimen contempla que el ahorro destinado por los trabajadores a su retiro en México, se considera insuficiente para obtener una pensión que compita por la otorgada por los países miembros de la OCDE, ya que en nuestro país el promedio moderado de la taza de remplazo se estima equivalente a 22.2 por ciento del sueldo que perciben los trabajadores en activo, la taza de remplazo en los Países Bajos es de 90.7 por ciento; en Canadá 45.4 y en Estados Unidos 38.3 por ciento.
En el periodo 2009-2013 la participación de los pasivos laborales por lo regímenes de beneficio definido, respecto del PIB, se incrementó 9.5 por ciento al pasar de 59.5 en 2009 a 69 por ciento en 2013; en relación con el endeudamiento neto del sector público presupuestario.
La ASF determina en su estudio que durante el periodo 2030-2050 se registrará el mayor riesgo financiero, ya que se requerirá un pago promedio anual de 812 mil 75 millones de pesos para cubrir las obligaciones pensionarias, lo cual significará que por cada año –durante los próximos 20– se podrían ejercer recursos del orden de 6.1 por ciento del PIB.
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