El recorte pega a adultos mayores

A los empresarios sí los escuchan

Magdalena Galindo

Revista Siempre

14 de febrero de 2015

El recorte al gasto público que anunció el secretario de Hacienda por 124 mil millones de pesos suscita varios comentarios. En primer lugar, que se trata de un monto significativo, que seguramente tendrá efectos sobre el conjunto de la economía, pues ya se sabe que el gasto del gobierno constituye el instrumento más importante para impulsar el crecimiento, de manera que su descenso implica que ese impulso también disminuye y, por lo tanto, puede esperarse que la meta de crecer entre un 3.2 y 4.2 por ciento, que de por sí no era creíble que realmente pensaran que se iba a cumplir, ahora, con el recorte, es seguro que no se alcanzará, pues se necesitaría casi un milagro, como que los precios del petróleo se recuperaran hasta los 100 dólares o que la economía estadounidense creciera a tasas elevadas, o que Europa saliera en este año de la crisis. Y nada permite prever que tales milagros económicos ocurran en los meses próximos.

Además, hay que decir que el recorte no tiene un carácter preventivo, como declaró Videgaray, sino más bien era obligado, pues la caída del precio del petróleo ha sido extraordinaria, alrededor de un 60 por ciento, y los recursos obtenidos del energético financian más de un tercio del gasto público. Pero si el descenso de los ingresos petroleros es un hecho ineludible, hay que señalar que en el modo de afrontar la circunstancia hay un conjunto de decisiones que toman los funcionarios que no son ineludibles, sino elección entre distintas opciones, y aquí hay que referirse tanto al lado de los ingresos como al de los egresos.

Como es sabido el Estado tiene tres fuentes de financiamiento: los diversos tipos de impuestos, los que obtiene a través de las empresas públicas y los servicios que proporciona, y el endeudamiento. En cuanto a los créditos, afortunadamente no se eligió esta vía para reponer la pérdida de los ingresos petroleros, pues tanto la deuda interna como la externa presentan saldos alarmantes. Los créditos contratados en el interior sumaron en agosto del año pasado la cifra histórica de 4 billones 472 mil 968.9 millones de pesos, y la deuda pública externa llegó, en ese mismo mes, a 144 mil 936 millones de dólares.

A los ingresos provenientes de las empresas públicas no se podía recurrir, porque es precisamente esta vía la que está en crisis por el derrumbe de los precios del petróleo. De la que sí se podía echar mano era de los impuestos, en especial el de la Renta aplicado a quienes disponen de altísimos ingresos: empresas y empresarios. Pero con la ligera afectación que se estableció el año pasado, las protestas de los empresarios se multiplicaron y como a ellos el gobierno sí los escucha y atiende a sus intereses, Hacienda se apresuró a garantizar que no habrá modificaciones en los impuestos.

Por el lado de los egresos, hay que decir que las mayores reducciones las sufren Petróleos Mexicanos, nada menos que 62 mil millones de pesos, y la Comisión Federal de Electricidad, 10 mil millones de pesos. Con esta decisión se continúa la política aplicada durante los últimos años que consiste en ahogar las posibilidades de crecimiento de las empresas públicas, con el fin de justificar la privatización de áreas estratégicas de la economía.

Cuando la entrega del petróleo y la electricidad a las empresas privadas nacionales y extranjeras está en marcha, el estrangulamiento de la inversión en Pemex y CFE disminuye su capacidad de competencia todavía más, o sea, se favorece la apropiación de estas áreas por los empresarios.

Por cierto, también hay que mencionar que uno de los programas que también se eligieron para congelar es el de las pensiones a adultos mayores. Estos dos casos muestran a qué intereses favorece Hacienda a la hora de tomar decisiones.

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