El importe que paga la CFE por concepto de impuesto predial, resulta muy pequeño comparado con los cobros que hace la CFE a los pobladores de los cinco kilómetros a la redonda en varios municipios – fotografía especial
■ Veracruz.- Mientras los gobiernos federal y estatal coinciden en apoyar la generación de energía nuclear en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), pese a los costos ambientales y el peligro a la población que ésta representa, recibos del impuesto predial de 2009 del municipio de Alto Lucero demuestran que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha cambiado el uso de suelo de “rústico” a “industrial” y sólo paga 2 mil 827 pesos por las hectáreas en Palma Sola y Laguna Verde en donde se encuentran las instalaciones de la planta que genera 3.6 por ciento de la electricidad del país, cuando debería saldar, de acuerdo con el valor catastral, 300 millones de pesos anuales, es decir, más de 100 mil veces más de lo que paga.
A continuación una descripción de los recibos del impuesto predial del ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz a nombre de la comisión:
• Folio 11825, tipo de predio “rústico”, clave 03, lote 075, localidad 061, ubicación del predio Laguna Verde, la CFE pagó un monto de 348 pesos.
• Folio número 11826, tipo de predio “rústico”, clave 03, lote 0388, localidad 001, ubicación del predio Laguna Verde pagó mil 646 pesos.
• Folio 1827, tipo de predio “rústico”, clave 03, lote 797, localidad 061, ubicación del predio Palma Sola, pagó un monto de 277 pesos.
• Folio 11829, tipo de predio “rústico”, clave 03, lote 058, localidad 061, ubicación del predio La Litera, la CFE pagó un monto de 555 pesos.
El importe que resulta muy pequeño comparado con los cobros que hace la CFE a los pobladores de los cinco kilómetros a la redonda en varios municipios y que ha generado el movimiento de resistencia social La leyenda de Chucho el Roto Vive; al igual que el Movimiento de Resistencia Civil Indígena y Popular Contra las Altas Tarifas de Luz (MCPCATL) en Zaragoza, Cosoleacaque.
En los municipios hay dos impuestos establecidos en la Ley de Catastro del Estado de Veracruz Llave y el Código Financiero: el predial y el de 2 por ciento a la nómina, ingresos que sirven para el funcionamiento del ayuntamiento y que en algunos municipios operan empresas que no retribuyen el valor real de las propiedades y, por lo tanto, tampoco le reportan el de 2 por ciento a la nómina a las finanzas municipales.
• CFE viola la Ley Catastral
En los municipios de Tuxpan, Xico, Ixtaczoquitlán y Alto Lucero se encuentran instaladas empresas que pagan impuestos prediales “rústicos” sin haber hecho el cambio de uso del suelo a “industrial”, con la complacencia de autoridades del gobierno estatal y municipales y legisladores que prefieren negociar beneficios personales en lugar de mejorar el ingreso de las tesorerías –que hoy enfrentan una situación precaria por la contratación de deuda pública–, con lo que se viola el artículo 38 de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El citado precepto establece: “La revaluación catastral es el procedimiento mediante el cual se asigna un nuevo valor catastral a un bien inmueble, si ocurre alguna de las causas siguientes: I. Modificación física del inmueble, producto de construcciones no manifestadas, nuevas construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, demoliciones o por el estado ruinoso de ellas; II. Fusión, subdivisión, relotificación o fraccionamiento de los predios; III. Ejecución de obras públicas o privadas que alteren el valor del inmueble; IV. Cambio de uso o destino del suelo o por su reclasificación a urbano o suburbano; V. Cambio del régimen jurídico de propiedad”.
Pero en el caso concreto de Laguna Verde, se estima que el precio de las instalaciones es de 53 mil 343 millones de pesos y genera aproximadamente una producción comercial diaria de 35 millones de pesos, lo que implica que el pago del predial anual, de acuerdo con su valor catastral real, debe ser de 300 millones de pesos anuales.
• Si el gobierno estatal quiere… habrá justicia presupuestaria
Los artículos 1, 2, 5, fracción I, III, IV, VI, X, XIII, XIV, XVI, XVII y XVIII y 6 de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz Llave facultan al gobierno estatal, municipal y a la Legislatura del estado para iniciar el procedimiento jurídico administrativo de revaluación de los bienes inmuebles y que en el caso de Laguna Verde tendría que pagar 300 millones de pesos retroactivamente a los últimos cinco años, de acuerdo con la Ley Hacendaria.
El artículo 5 dice: “Son atribuciones del Gobierno Estatal: I. Integrar, administrar y mantener actualizado el Catastro en el Estado, de conformidad con esta ley y su reglamento. III. Realizar investigación científica y tecnológica en materia catastral y de estudios del territorio estatal; IV. Realizar levantamientos topográficos, fotogramétricos, geodésicos o cualquier otro mediante el que se efectúe la exploración y estudio del territorio. X. Determinar Valores Catastrales Unitarios Provisionales de suelo y construcciones. XIII. Ofrecer capacitación y asesoría en materia catastral a los Ayuntamientos, en los términos de los convenios o acuerdos que se suscriban; XIV.
Establecer las normas técnicas para la elaboración de las Tablas de Valores. XVI. Elaborar propuestas de Tablas de Valores y proporcionarlos a los Ayuntamientos que lo soliciten, de acuerdo con los derechos establecidos; XVII. Elaborar propuestas de cuotas y tarifas aplicables a impuestos inmobiliarios y proporcionarlos a los Ayuntamientos que lo soliciten, de acuerdo con los derechos establecidos; XVIII. Auxiliar al Congreso, cuando éste lo requiera, en el dictamen de las propuestas de Tablas de Valores y de cuotas o tarifas que le sean presentadas para su aprobación”.
Pero el pasado 14 de marzo de este año, el gobernador Javier Duarte de Ochoa visitó la Nucleoeléctrica de Laguna Verde y dijo apoyar y respaldar a este proyecto, “que ha venido dando la oportunidad de crecer y desarrollar nuestro país de mejor manera la energía nuclear como una energía limpia, segura, y todos los protocolos de seguridad que existen hoy y que existen en esta planta de Laguna Verde”, aunque pidió que se mejoren las rutas de evacuación del Programa de Emergencia Radioactiva (PERE) entre ellas la conclusión de la autopista Cardel-Poza Rica (a la altura de La Mancha).
• El negro historial de Laguna Verde
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se remonta a 1972; en 1989 iniciaron las pruebas, pero la planta se abrió el 14 de abril de 1990, 26 años después de aprobado el proyecto, con un reactor Mark II, de la General Electric, a pesar que este modelo había sido descontinuado en Estados Unidos por sus fallas.
En el libro La Revolución verde: El movimiento ambientalista mexicano, Lane Simonian hace un recuento: “El 25 de noviembre de 1989 y el 27 de abril de 1990, 13 días después de la apertura de la central, se escapó vapor radiactivo, conteniendo Cesio 137 y Estroncio 90, debido a una fisura en la tubería de circulación principal. En diciembre de 1989, 130 mil litros de agua radioactiva fueron descargados en un lago de agua salada cercano. Los pescadores de Veracruz alegaron una caída en la producción de camarón en él”.
Greenpaece ha denunciado que investigadores de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Campeche han confirmado la presencia de radionúclidos de Cesio 137 en algunas lagunas: El Llano, a cinco kilómetros de la central, en la Laguna de Catemaco y la de Tamiahua, así como en la playa de Villa Rica en Veracruz.
Esta sustancia de acuerdo con la Agencia de Substancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ASTDR, por sus siglas en inglés) es razonable suponer que individuos expuestos en forma aguda a cesio radiactivo podrían desarrollar algún tipo de cáncer y en especial en los municipios de Actopan y Alto Lucero.
A pesar que desde 1987 ha habido oposición al funcionamiento de la planta, en la que denunciaron que se habían gastado 3 mil 500 millones de dólares en una planta que duraría por mucho 30 años, en un lugar con una falla geológica y densamente poblado y el problema de los desechos radioactivos.
Y que el presidente Carlos Salinas de Gortari prometió una auditoría imparcial en la planta la encargó a Manuel López Rodríguez, cuya imparcialidad estaba comprometida por ser un promotor de la energía nuclear en España, era amigo de Juan Eibenshuzt, el padre de la planta y tenía relaciones con Hidroeléctrica Española SA, uno de los contratistas de Laguna Verde.
En 1995 comenzó a funcionar el segundo reactor y desde entonces se han caracterizado por esconder información e ignorar el descontento de la población y las organizaciones no gubernamentales que ponen en duda su buen funcionamiento y sobre todo por testimonios de ex trabajadores en los que se indica que la central sufre repetidas interrupciones y que hay fallas en las instalaciones.
Estas deficiencias fueron documentadas en el informe elaborado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés), elaborado a finales de 1999, pero autoridades de Laguna Verde se han negado a difundir este documento.
Greenpeace obtuvo una parte de éste y allí entre las tantas observaciones destaca que no se reconoce la cultura de la seguridad como un tema en la planta; el Programa de experiencia en Operación no es una barrera efectiva para prevenir eventos en la planta; no existe un programa para identificar los problemas de desempeño humano; los administradores no tienen un método estandarizado para priorizar su trabajo y resolver las necesidades de la nucleoeléctrica; el comportamiento del personal de protección contra incendios fue lento para responder y el personal involucrado no realizó las acciones apropiadas, entre otros aspectos, de manera que esta planta de energía nuclear, sus estructuras de organización y administración corporativa podría considerarse que están al borde de falla institucional, como las que causaron los accidentes nucleares de Windscale (1957), la Isla de Tres Millas (1979) y Chernobyl (1986).
Por otra parte, David Louchbaum, uno de los más destacados especialistas independientes en seguridad nuclear de Estados Unidos, y a quien también se le entregó una copia del informe WANO, señaló que la central nuclear de Laguna Verde requiere estar clausurada, por lo menos, un año y medio para resolver sus irregularidades, porque no tiene personal ni los recursos financieros necesarios para alcanzar y mantener los estándares de seguridad adecuados.
En 2002, Greenpeace y el Grupo Antinuclear de Madres Veracruzanas presentaron 22 documentos internos de Laguna Verde que resaltaban fallas en el funcionamiento de la central nuclear. En ese mismo año, Greenpeace denunció que los reactores de la central fueron desactivados por una emergencia durante una inspección realizada por integrantes de una comisión investigadora parlamentaria a finales de enero.
El 3 marzo de 2005, el periódico La Jornada publicó que “de acuerdo con el Plan de Mejoras de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la CFE, Laguna Verde presenta actualmente un total de 3 mil 800 problemas pendientes de resolver que van desde la confiabilidad del equipo, recarga de combustible, hasta paros y reducción de potencia no programados, lo que está asociado con 5 mil 200 acciones correctivas”.
A pesar de todas las evidencias en contra, Laguna Verde aún funciona e incluso cuenta con la certificación internacional de calidad ISO 9001, otorgada por el gobierno mexicano, aun cuando sólo genera 3.6 por ciento de la electricidad de México y contrario a todo se informó que en 2010 se invertirían 800 millones de dólares para ampliación de la planta nuclear en donde también se construirá un depósito de residuos tóxicos.
Es unánime la posición de gobiernos priístas y panistas, lejos de atender las peticiones de la población y organizaciones civiles para el cierre de la planta desde hace 26 años y las evidencias de fallas se han pronunciado por una ampliación de la central, beneficios que no se han visto reflejados en la captación de mayores impuestos y mejoras para los pobladores de los municipios aledaños, pues siguen sin trabajo y con una alta tasa de migración en busca de empleo.
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