La política de Rajoy movilizó a la huelga a millones de españoles

Colapsaron ciudades por el paro del transporte; cerraron comercios e industrias

La policía detuvo a más de un centenar de personas; se reportaron 116 heridos en la jornada

El gobierno ha reiterado que no modificará ni un ápice la reforma laboral y económica

Manifestantes abarrotaron la Puerta del Sol, en pleno Madrid, durante la huelga general realizada ayer en España, que fue convocada por los sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a la política económica del gobierno del conservador Mariano Rajoy, y en especial a la reforma laboral, que anula derechos de los trabajadores. La reforma reduce la indemnización para el trabajador por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 actualesFoto Reuters

Protesta afuera del bar La Merced en MálagaFoto Reuters

Repudio a las reformas económicas durante la protesta en BarcelonaFoto Ap

Choque entre policías y manifestantes en SantanderFoto Reuters

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico la jornada
Viernes 30 de marzo de 2012, p. 23

Madrid, 29 de marzo. Millones de personas se movilizaron en la jornada de huelga general en España, convocada por los sindicatos y las organizaciones sociales para rechazar la política económica del nuevo Ejecutivo, del conservador Mariano Rajoy, en concreto por la reforma a la legislación laboral, que cercena importantes derechos de los trabajadores y abarata el despido. El paro masivo provocó importantes problemas en el funcionamiento de las grandes ciudades, con el transporte público bajo mínimos, además de la merma económica en la industria y el comercio.

El gobierno y la patronal restaron importancia a la huelga –que según ellos sólo afectó a 20 por ciento de la actividad económica– y también subestimaron las marchas masivas, que cifraron en sólo 800 mil personas en todo el país.

En el norte, sur, este y oeste de España; en las ciudades grandes, medianas y pequeñas; en los pueblos rurales, turísticos o isleños se expresó con nitidez el profundo malestar que existe en gran parte de la sociedad española por la deriva en la política económica del gobierno del derechista Partido Popular (PP). Desde su arribo al poder, en diciembre pasado, ha aprobado una serie de iniciativas que durante la campaña negó siquiera que estuvieran en su agenda: alza general de impuestos, recortes en los servicios sociales públicos, más reducción del déficit público y, la gota que derramó el vaso, la reforma laboral, en la que se incorporaron las peticiones históricas de la patronal para abaratar el despido y desarticular las organizaciones sindicales en las negociaciones de los contratos colectivos.

Después de una serie de manifestaciones y ante la cerrazón del gobierno de sentarse a dialogar con los sindicatos y con el resto de los partidos políticos que están en contra de la reforma laboral, las principales fuerzas sindicales de los trabajadores –Comisiones Obreras (CCOO), Unión General del Trabajo (UGT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), entre otros– decidieron convocar la primera huelga general en este gobierno, que acaba de cumplir cien días en el poder.

A la protesta sindical se sumaron de inmediato otros colectivos importantes, también agraviados por la batería de iniciativas retrógradas y peligrosas para el Estado social que ha emprendido el gobierno. Entre ellos, investigadores y científicos, actores, escritores e intelectuales, médicos, estudiantes y el conglomerado de asociaciones vecinales que integran el movimiento 15M o de los indignados.

Durante la jornada de huelga hubo algunos incidentes importantes, como la detención de más de un centenar de personas realizada por la policía, con el pretexto de que algunos entorpecían el trabajo de las personas que habían decidido no sumarse a la huelga.

Otros, los más graves, por una serie de acciones violentas ocurridas sobre todo en Barcelona, donde un grupo de radicales encapuchados quemaron varios comercios, vehículos y hasta intentaron provocar destrozos en la estación del ferrocarril.

El Ministerio del Interior cifró en 116 los heridos, de los cuales 70 fueron policías y la mayoría de carácter leve.

Más allá de los incidentes violentos, la jornada de huelga transcurrió de manera habitual en este tipo de protestas: el transporte público funcionó bajo mínimos, con lo que el ritmo habitual de las ciudades se colapsó, además de que numerosos comercios permanecieron cerrados y la industria prácticamente paralizada.

En el pequeño y mediano comercio el seguimiento de la huelga fue menor, reconocieron los propios sindicatos que, pese a todo, hablaron de un éxito rotundo de la huelga.

Mientras, el gobierno y la patronal insistieron durante toda la jornada –incluso por la mañana, cuando apenas se conocían datos fiables– que el seguimiento de la huelga era escaso.

Pero el punto neurálgico del paro general fueron las numerosas y multitudinarias manifestaciones en todo el país, que llenaron las plazas de las grandes ciudades y de los pueblos pequeños. El gobierno cifró en más de 800 mil las personas que salieron a las calles, mientras los sindicatos y otros medios y plataformas que usaron sistemas de medición hablaron de millones de personas. Sólo en Barcelona la marcha superó el millón de participantes, mientras en Madrid se cifró en 900 mil.

Entre las consignas más coreadas durante las manifestaciones se escucharon: Mariano, no llegas al verano y ¡Esa reforma laboral se la meten por el culo!

Durante su intervención, los líderes sindicales Cándido Méndez y José Ignacio Toxo señalaron que este gobierno lo que no ha entendido es que no son ellos contra los sindicatos, sino contra los españoles. Advirtieron que rectifica o esta movilización serácreciente, para lo que le dieron como fecha límite el primero de mayo cuando, de no haber al menos un acercamiento al diálogo, habrá una nueva jornada de protestas.

El gobierno ha reiterado a través de los principales responsables del área económica (los ministros de Trabajo, Economía y Hacienda, Fátima Bañez, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, respectivamente), que no vamos a modificar ni un ápice el contenido de la reforma ni las políticas económicas dictadas desde Bruselas, sede de la Unión Europea, que reclaman más recortes en el déficit. Esos recortes se harán públicos este viernes, cuando el Ejecutivo informe sobre los presupuestos para el próximo año, que sufrirán una reducción de más de 15 por ciento en cada ministerio.