Se refiere a hechos superados
El amparo directo que otorgó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo (398/2012) a un grupo de empleados liquidados de Luz y Fuerza del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se refiere a una elección del secretario general, Martín Esparza, que ya fue repuesta y avalada por las autoridades laborales correspondientes. Por lo cual no tiene efecto legal alguno, comentó el Licenciado Jesús Luna, especialista en derecho laboral.
En una explicación que otorgó luego de la transmisión del noticiario Frecuencia Laboral: El Espacio donde los trabajadores son la Noticia, el sábado 21 de julio del 2012, dijo que el amparo se emitió contra una elección que fue repuesta y en la que participaron miles de electricistas.
En términos llanos dijo que ya fue cubierta la razón por la cual los quejosos se ampararon y por lo tanto ya no hay algo que motive ese amparo, por lo tanto ya no les sirve de nada, ni como instrumento político, ni como instrumento legal.
Por su parte el Sindicato Mexicano de Electricistas emitió el siguiente boletín:
"El día de ayer (17 de julio del 2012) en distintos medios de comunicación se difundió la nota de que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo otorgó un amparo directo (398/2012) a la supuesta “disidencia” del SME.
Algunos medios y los propios “disidentes” se apresuraron a anticipar el retiro de facto de la “toma de nota” a nuestro Comité Central, cosa que es falsa. Desmentimos está interpretación, lo cierto es que el Tribunal referido instruye a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a que admita una retorcida queja en contra del SME. La JFCA que en primera instancia rechazo la queja de la autodenominada “disidencia” ahora la va estudiar, lo que de entrada no significa que los quejosos tengan la razón. Nuestro Comité Central goza de buena salud y conserva su toma de nota que es resultado de nuestra digna lucha de resistencia. A reserva de informar que nuestra organización interpondrá todos los recursos legales para su defensa, queremos hacer los siguientes comentarios al respecto.
En el SME no hay disidencia existe un grupo de esquiroles que en la práctica ha roto con nuestro marco estatutario y tiene rato que se convirtió en un instrumento del gobierno para facilitar y promover su intervención en nuestros asuntos interno. Así lo hicieron cuando acudieron a la Secretaría del Trabajo de Javier Lozano y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a demandar la negativa de la toma de nota en contra de nuestro Comité Central legítimamente electo y la nulidad de nuestro proceso electoral democrático.
Como todos sabemos de Julio del 2009 a diciembre del 2010 se nos negó la toma de nota con el propósito de dejar en la indefensión jurídica a los 44 mil trabajadores electricistas que fueron despedidos injustificadamente a raíz del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza. Con la movilización y una estrategia jurídica correcta nos ganamos el derechos a existir obteniendo el reconocimiento legal de nuestra dirección sindical. De esto, fueron testigos decenas de observadores internacionales que dieron fe de la reposición de nuestro procesos electoral del 2009 y de la elección democrática de nuestra actual dirección sindical.
Ahora, el gobierno pretende dar marcha atrás dando el primer paso en reversa desde el Poder Judicial. Este no es un hecho aislado, En días pasados, el poder judicial reactivo procesos judiciales en contra miembros de la dirección del sindicato y no hay día en que no se nos tache en señalados medios de comunicación de constituir una amenaza para la sociedad. En el autoengaño gubernamental de que será posible dividirnos y aislarnos repiten en vano la estrategia mediática de desprestigio y criminalización de antaño, al mismo tiempo que vuelven a resucitar a sus títeres para torpedear la digna lucha de resistencia de los 16,599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación.
Sin embargo, la situación nacional ha cambiado, nuestro movimiento, pese a todas las descalificaciones de los de arriba, se ha ganado un legítimo lugar en la escena política nacional e internacional, hoy, después jugar un vergonzoso roll manipulador en los recientes comicios, los voceros mediáticos del gobierno están bastante desacreditados; por otro lado, nuestra lucha se ha legitimado ante millones de usuarios que sufren de la altas tarifas eléctricas y pésima calidad del servicio de CFE; desde una perspectiva democrática han surgido también nuevas expresiones de descontento social autónomas y auto convocadas de rechazo a la continuidad del modelo económico, existe hoy un naciente movimiento estudiantil democrático apartidista, autónomo y no apolítico que extiende sus brazos de solidaridad con las luchas populares y esta pendiente el desenlace del conflicto electoral en torno a la demanda de nulidad del proceso electoral. Es decir no estamos solos como al principio.
Lo cierto es que el gobierno saliente no cesa en su intento de exterminar a nuestra organización. A la campaña de criminalización mediática se agrega ahora la ofensiva judicial en contra nuestra organización atacando por dos flancos. Por un lado, reabriendo procesos penales en contra de la dirección del SME y por otro abriendo la vía judicial para el desconocimiento de nuestro Comité Central con la intención de dejar en la indefensión jurídica a nuestros agremiados y luego entregar nuestro patrimonio sindical a las familias de traidores que han utilizado para dividir a nuestro sindicato y crear las condiciones políticas internas para la ilegal extinción de Luz y Fuerza. La guerra de exterminio en contra del SME no ha terminado. El uso mediático de los ex sindicalistas y hoy prósperos empresarios que traicionaron al SME y así como la maniobra jurídica del Séptimo Tribunal buscan despojar a nuestro SME de su representación legitima y legal con el propósito de entregar nuestro patrimonio sindical de 98 años de existencia cual si fuera “bono sexenal” o “trofeo a la traición” al grupo de esquiroles que a toda costa quiere la disolución forzosa de nuestro Sindicato para rematar sus bienes entre las familias de los Muñoz, Solís, Sánchez y demás. No lo vamos a permitir, cueste lo que cueste.
Exigimos un alto a está nueva escalada de criminalización de nuestro movimiento y de flagrante violación de nuestra libertad sindical desde el Poder Judicial de la Federación. Alertamos a todo el movimiento democrático popular de país de estos nuevos ataques del gobierno y fraternalmente les solicitamos su solidaridad. A partir de ahora iniciaremos una campaña internacional de denuncia en contra de está escalada llamando a la solidaridad con el SME, en todo el mundo y acudiremos a interponer nuevas quejas en contra del gobierno mexicano a la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reactivaremos nuestras denuncias en el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y el Tribunal Permanente de los Pueblos. Así mismo aceleraremos nuestro proceso de adhesión a la nueva federación internacional Unión Global Industriall que cuenta con 50 millones de afiliados en el mundo y organizar un frente de defensa internacional en contra de este nuevo atraco en contra de la libertad sindical del poder judicial de la federación en México acudiendo a la solidaridad del Encuentro Sindical Nuestra América y la Federación Sindical Mundial referentes internacionales a los que estamos afiliados.
Por último, saliendo al paso de los reiterados intentos mediáticos de convertir a nuestra organización en una amenaza en contra de la “paz social y la estabilidad política del país, reiteramos, nuestro movimiento de resistencia se mantendrá dentro de la línea de la resistencia civil y pacífica, enmarcando sus acciones en el pleno ejercicio de nuestras libertades democráticas. Anticipadamente nos deslindamos de los actos de provocación que puedan montarse en nuestra contra. Así mismo, repudiamos categóricamente la campaña de criminalización mediática montada en contra del movimiento estudiantil #YoSoy132 y del Frente en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.
Nuestra Asamblea General discutirán el plan de acción aprobado en la Convención Nacional en contra de la Imposición para definir nuestra postura en relación a cada una de las actividades ahí incluidas. Finalmente bien haría el Poder Judicial de la Federación en ocuparse de la impugnación de proceso electoral, ese si plagado de inocultables evidencias de graves irregularidades. Ahí sí tienen mucha chamba.
FRATERNALMENTE.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. 18 de julio del 2012.
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