Son muestra del fraude: PT; líder sindical buscó vender votos por $1,500 pesos cada uno
Tres días antes de las elecciones del primero de julio, Reynold Valdez Ruiz recibió dos cajas de cartón que contenían 6 mil tarjetas de teléfono con propaganda del candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto. Era la anticipación de una serie de irregularidades que vivirían en Zuazua, Nuevo León, pequeño pueblo convertido en feudo priísta desde hace décadas, donde el Partido del Trabajo (PT) impugnó el proceso con el argumento de compra masiva de votos y otras ilegalidades.
Las tarjetas de teléfono forman parte de un lote de millones de éstas repartidas en la República por las llamadas “brigadas” de Peña Nieto y se presentarán en el plan de defensa de la democracia que Andrés Manuel López Obrador propuso para mostrar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pruebas de anomalías, con el fin de anular la elección.
“Estas tarjetas son una prueba del fraude electoral que se cometió no sólo aquí, sino en todo el país. Mientras haya hambre, el PRI seguirá lucrando con la gente”, afirma Valdez Ruiz, coordinador de la campaña de Hernán Chapa Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Zuazua por el PT.
Está convencido de que las tarjetas de teléfono fueron abandonadas en el porche de la sede del PT por un “priísta arrepentido” por el “triunfo con triquiñuelas” del candidato priísta a la alcaldía, José Luis Martínez, por una diferencia de 82 votos.
En el frente de las tarjetas aparecen varias fotos de Enrique Peña Nieto con el dedo pulgar en alto en señal de éxito y la leyenda “Presidente 2012-2018”, mientras por el reverso vienen las instrucciones para realizar llamadas nacionales e internacionales, con montos que van desde 100 pesos de prepago. La empresa responsable: MarkCom.Tech Solutions
Compra de votos
Las elecciones municipales en Zuazua fueron impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León. “Con ese tipo de tarjetas se compraron miles de votos. Ya hemos reunido pruebas de decenas de irregularidades. Tenemos actas notariales de cómo en las casillas sacaban boletas en blanco y se ponían a ofrecerlas por dinero en efectivo. Tenemos gente a la que le quitaban su credencial, se la sellaban y no la dejaban votar. Hay fotos y videos de cómo el candidato priísta entraba y salía a la Comisión Electoral, algo que está prohibido. Tenemos mucha evidencia, y si en el estado no nos dan la razón nos vamos a ir a la TEPJF. No vamos a permitir un nuevo fraude”.
Cuando a Cristina Sada Salinas, candidata a senadora del Movimiento Progresista, le llamó el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Agustín Serna Servín, para ofrecerle 60 mil votos, no daba crédito.
“Dos días antes de la elección me llama para decirme que me va a apoyar. Me sorprendió porque yo sabía que eran priístas. Le digo que la única forma que aceptaría su apoyo es que le diga a sus trabajadores que son libres para votar”.
El líder sindical le dijo que sí, pero que necesitaba un “operador”, es decir, alguien de su campaña para hablar al respecto. Firme en sus convicciones de limpieza electoral, la candidata envió un emisario con la advertencia de que no compraría un solo voto.
“Querían mil 500 pesos por cada uno de los 60 mil votos. Por supuesto, mis emisarios le dieron un rotundo no. Luego querían hacer un descuento, es increíble, pero les quedó claro que yo jamás hubiera aceptado que nadie estuviera obligado a votar por mí. Jamás iba a soltar un centavo para comprar votos.”
Sada Salinas vivió su primera experiencia en política como candidata a senadora de manera enriquecedora a nivel humano, pero conoció la podredumbre de los entresijos del sistema político, como cuando la gente le decía que el PRI les estaba ofreciendo hasta mil 500 pesos por su credencial de elector y la de sus muertos. “Soy nueva en política y jamás me imaginé el grado de suciedad. Es denigrante. Se compraron millones de votos y lo peor es que se compraron con dinero que pertenece al pueblo. Lucran con la miseria que ellos mismos producen”.
Está convencida de que hay que seguir luchando por la invalidez de la elección y forma parte en Nuevo León del plan de defensa de la democracia. “Fueron unas elecciones de ignomina, tal vez más sucias que las de 2006. El fraude es evidente. Para cualquier persona que esté dispuesta a ver la realidad hubo fraude, sólo hay que ver cómo admitió su derrota de manera anticipada Josefina Vázquez Mota, cómo Felipe Calderón avaló rápidamente la elección dando un supuesto triunfador. Esto estaba orquestado desde antes. Atrás del PAN y el PRI finalmente están los mismos intereses hegemónicos. Con esta impugnación estamos aspirando a que México sea un país que se gobierne por leyes, un país equitativo y con transparencia”.
Fraude histórico
En las zonas rurales, la compra de votos por el Partido Revolucionario Institucional fue más evidente por tratarse de pueblos pequeños con pocos habitantes. Es el caso de Mina, municipio ubicado en el noroeste de Nuevo León con apenas 4 mil electores, donde Lizeth Lozano Cantú, esposa del alcalde priísta Dámaso Avelino Cárdenas Gutiérrez, se erigió como ganadora con base en decenas de irregularidades debidamente documentadas.
“El PRI cometió el fraude más grande de la historia de Mina”, señala con tono de indignación María Celia Suárez Galván, candidata a la alcaldía de ese municipio, quien supuestamente perdió por 300 votos, resultado que ya impugnó ante las autoridades electorales.
Explica que en este municipio se vivieron todas las irregularidades, “desde la policía deteniendo a mis seguidores para que no votaran. Compraron votos con despensas. Aquí no hubo tarjetas, aquí se compró con dinero en efectivo afuera de las casillas. Les pagaban hasta mil 500 pesos por voto. Hubo boletas dobles de ayuntamiento en las urnas. Tenemos fotos, videos, todas las pruebas de la cochinada”.
Durante el conteo de votos, la candidata a la alcaldía pudo encontrar actas donde había diferencia hasta de mil sufragios en los folios. “De las 10 casillas, ocho tienen irregularidades”.
El problema principal fue impugnar ante la comisión electoral del pueblo, organismo controlado por el alcalde priísta y su esposa, la candidata supuestamente virtual ganadora.
“La esposa utilizó todo el aparato del gobierno para la campaña. Llenaba las camionetas con vales de gasolina del ayuntamiento para ir a repartir despensas. Pero yo siempre tuve más seguidores y tuve 2 mil personas en el cierre de campaña, y ella sólo 500, y la mayoría eran de otro pueblo. ¿Cómo es posible que ahora me salgan con que ganó por una diferencia de 300 votos?”, cuestiona.
De manipulación de votos sabe la ingeniera Teresa del Carmen Hernández del Castillo, voluntaria de Morena para vigilar la elección, quien observó cómo en la casilla 1211 la presidenta tenía copias de credenciales de elector y boletas en blanco listas para cruzar e introducir en las urnas. “Me queda claro que hubo fraude”, dice mostrando los videos que comprueban las anomalías. “Manipularon los votos. Solicité la presencia de la Fepade, y cuando llegaron cuál fue mi sorpresa: que querían romper las pruebas del fraude. No lo permití. Estuve como siete horas y vino un notario a levantar una acta. Fue terrible. Los de la casilla me querían linchar, pero no me dejé”.
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