La luz, un derecho humano

Trabajadores de la paraestatal cortan la energía eléctrica sin importar los riesgos que ello provoca, incluso contra la vida misma. El argumento: los adeudos de las instituciones. Algunas personas están presas por quejarse

Domingo 23 de septiembre de 2012 | Liliana Alcántara | el universal

Imagine que usted está acostado en una cama de cirugía, inconsciente, con una enorme lámpara que permite a los médicos iluminar el área que van a operar y conectado a un monitor que registra sus signos vitales... los cirujanos tienen los ojos fijos en usted porque toda maniobra que hagan requiere de suma precisión; su vida, depende de ello. Pero de repente se va la luz. El doctor ya no puede ver y se queda con sus instrumentos en la mano.
Los asistentes se preguntan qué habrá pasado. Los equipos ya no registran nada y sólo su respiración es el indicador de que usted sigue vivo.

Enseguida se enciende la luz porque se puso a trabajar una planta de emergencia y usted sigue tendido en la cama, con su cirugía interrumpida, sin saber que un corte de energía eléctrica efectuado por los adeudos que tiene el hospital puso en riesgo su vida. 

Esta escena es real. Ocurrió el 19 de enero de este año en el Hospital Doctor Manuel Campos de la ciudad de Campeche y sucedió porque ese día, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó suspender el servicio de energía eléctrica con el argumento de que el hospital tenía un adeudo de 564 mil pesos correspondiente a seis meses de consumo. 

Lo mismo —los cortes de energía eléctrica por adeudos— ha ocurrido en preparatorias del Estado de México; en la casa hogar Marsh de Acapulco, Guerrero, donde 80 niños pasan la noche con veladoras y un intenso calor; y en el suministro de otros servicios básicos como el agua potable, como sucedió en Cuernavaca en julio pasado cuando se dejó sin funcionar a 26 pozos de agua que abastecen a 180 mil personas. 

Bajo la premisa de que el servicio de energía eléctrica es un derecho humano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 3 mil 116 quejas desde el primero de diciembre de 2006 a la fecha, principalmente por cobros indebidos, tarifas excesivas, omisiones en la prestación del servicio y abuso en el ejercicio de las funciones de la CFE. 

Cuando se hizo el balance de los 22 años de creación del organismo defensor se encontró que la paraestatal ocupa el séptimo lugar de las autoridades federales más señaladas por violar los derechos humanos en el país, seguida de las instituciones de salud y de seguridad pública. Tan sólo de enero a mayo de esta año la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 5 mil 27 quejas. 

Otros organismos como Amnistía Internacional (AI) han documentado casos donde la CFE ha criminalizado a quienes han protestado públicamente contra el mal servicio ofrecido por la paraestatal. 

Ante los abusos, en varios estados del país se han organizado comités vecinales a través de los cuales tramitan quejas y realizan movilizaciones cada vez que llegan trabajadores de la Comisión a sus comunidades para cortar la energía eléctrica por adeudos. Incluso han denunciado robos, extorsión y malos tratos por parte de empresas particulares contratadas por la paraestatal para realizar los cobros; empresas que ninguno de los usuarios tienen identificadas. Este diario solicitó la opinión de la CFE, pero no hubo respuesta. 

No hay justificación: CNDH 

El corte de energía eléctrica en el Hospital Dr. Manuel Campos de Campeche ocurrió a las 9:10 de la mañana y aunque las autoridades del nosocomio pusieron a operar la planta de emergencia, 14 pacientes tuvieron que ser trasladados de emergencia al Hospital General de Especialidades, entre ellos, la persona que estaba en plena cirugía. La CFE reinstaló el servicio a las 15:00 horas, una vez que el adeudo fue liquidado, pero en esas seis horas, el hospital fue un caos. Dos bebés recién nacidos que estaban en incubadora y conectados a respiradores artificiales también fueron trasladados a dicho hospital, pero murieron por el grave estado de salud en el que se encontraban. 

Tres días después de lo sucedido, la CFE emitió un comunicado de prensa en el que señaló que no existió relación entre el corte del servicio eléctrico y la muerte de los bebés, “ya que inmediatamente comenzó a funcionar la planta de emergencia del propio hospital y éste nunca se quedó sin servicio eléctrico”. La paraestatal indicó que se notificó en cuatro ocasiones a las autoridades estatales para que se cubriera el adeudo y que, por lo tanto, el corte de energía eléctrica se efectuó con apego a la ley. 

La CNDH no opina lo mismo. En breve emitirá una resolución explicando por qué la CFE incurrió en una violación a los derechos humanos toda vez que “no hay justificación alguna para que se suspendan los servicios básicos y mucho menos poner en riesgo la vida de las personas”, indicó el segundo visitador general de este organismo, Marat Paredes Montiel. 

La CNDH también investiga lo ocurrido en Cuernavaca, Morelos, en julio pasado, cuando se interrumpió el servicio eléctrico en 26 pozos de agua, lo que dejó sin el vital líquido a 180 mil habitantes durante una semana. La CFE argumentó que el corte se debió al adeudo de 38 mil pesos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. 

Este año, la CNDH ha recibido 734 quejas contra la CFE y 537 de ellas provienen de usuarios de Chiapas que están inconformes con el cobro de elevadas tarifas. Incluso, el 13 de agosto pasado, los presidentes municipales de Chiapas “tomaron” de manera simbólica las instalaciones de la delegación estatal de la paraestatal en protesta por “el retiro del subsidio a la población”. 

Alejandro Gamboa, representante del llamado Movimiento de Resistencia Institucional y Civil, explica que los 122 presidentes municipales se niegan a pagar los 310 millones de pesos que, según la CFE adeudan, porque esa cifra no corresponde con el consumo real. Considera que se debe hacer un estudio socioeconómico a cada habitante para que pague una tarifa fija y justa. 

El problema viene desde años atrás. El Colectivo Atalaya, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dio seguimiento a las 100 quejas recibidas en la CNDH contra la Comisión de julio de 2005 a julio de 2006 y encontró que las razones fueron: cobros excesivos e injustificados; malos tratos en las visitas de campo y en oficinas, suspensión injustificada de suministro, incumplimiento o tardanzas en la reanudación del servicio, indolencia de la empresa ante obras o instalaciones que ponen en riesgo la seguridad de las personas o de sus bienes. Uno de los casos fue presentado por una usuaria a quien la CFE le cobró una “multa” de 300 pesos por haberse quejado. 

El segundo visitador general del organismo asegura que la respuesta de la paraestatal ante las quejas es “casi siempre” favorable y la mayor parte de ellas se solucionan a través de descuentos y recálculos de tarifas e indemnizaciones. 

Marat Paredes señala que el organismo está evaluando la forma en cómo la CFE pueda ofrecer a los usuarios un mejor servicio para que los señalamientos por violar derechos humanos sean una excepción y no la regla. “Lo que pasa es que el problema de las tarifas es más grande, desde quién las establece, porque se ha alejado de lo que significa un bien público en donde se debe proteger a los más débiles y no beneficiar a los más ricos dándoles subsidios”. 

Presos por quejarse 

Organizaciones civiles han documentado la criminalización de quienes protestan contra la CFE por el mal servicio y los cobros excesivos. En 2009, AI declaró presos de conciencia a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, habitantes de la localidad de Candelaria, en Campeche, quienes permanecieron en prisión durante 11 años por oponerse al cobro de tarifas “estimadas” por la CFE. La compañía los acusó de obstruir la prestación del servicio y privación ilegal de la libertad, pues en la protesta retuvieron en la calle a los trabajadores de la compañía para intentar obtener una respuesta favorable a su demanda. 

Este año, Bettina Cruz, defensora de los derechos humanos de Oaxaca y Francisco Hernández Ochoa, de Chihuahua, fueron detenidos en mítines por separado, acusados de ataques a la distribución de electricidad. 

“¡Cuidado, viene la CFE!” 

Ante las recurrentes quejas y a partir de que se decretó la extinción de la compañía de Luz y Fuerza el 11 de octubre del 2009, se creó la Asamblea Nacional del Usuarios de Energía Eléctrica, que tramita quejas ante Profeco y amparos contra el corte del servicio. 

Los integrantes de esta asociación civil argumentan que no tienen por qué pagar el servicio, dado que no tienen contrato firmado. “Si yo pago por el servicio a la CFE y después tengo alguna queja por una anomalía ellos no se hacen responsables, así nos ha pasado cada vez que se va la luz o que pedimos que arreglen un poste. No nos atienden, entonces por qué voy a pagar por un mal servicio”, dice Melquiades Gutiérrez mientras enseña el poste suelto que pende de los cables en avenida del Peñón y Las Peras, en el Barrio de Saraperos, en Chimalhuacán, Estado de México, luego de que hace una semana un autobús del transporte público chocara contra la estructura. 

Lourdes Solís, vecina de la zona, muestra el recibo de luz que recibió por 394 pesos en una casa donde el medidor recién instalado por la CFE aún sigue sin funcionar. Melquiades Gutiérrez asegura que a una de sus vecinas, los trabajadores le rompieron su medidor tras oponerse al corte de energía eléctrica; en otra casa supuestos trabajadores contratados por la CFE —pero sin portar identificación—, llegaron a cobrar y como la dueña no tenía dinero le “tomaron” un teléfono celular y un radio como garantía de pago pero sus adeudos siguen llegando. 

“Cuando fue a la Comisión Federal de Electricidad a decir lo que había sucedido, simplemente le dijeron que le habían robado”, relata. 

Asegura que los trabajadores de la CFE llegan de manera prepotente a cortar el servicio “y cuando les decimos que estamos amparados dicen que con eso se limpian” o llegan en autos particulares sin identificación como una camioneta Chevrolet que los vecinos han fotografiado con placas SG-07-389 de Puebla. Por eso es que don Melquiades y sus vecinos han creado una estrategia mediante la cual, a través de silbatos, se llaman cada vez que hay una cuadrilla de la CFE que pretende cortar la energía eléctrica en alguna vivienda o sustituir un cable de cobre por uno de aluminio “porque ya sabemos que esos los llevan a un local de desperdicio aquí en Chimalhuacán donde los trozan para venderlos en Neza y el aluminio ha causado cambios en el voltaje”. 

Héctor Valadés, miembro de dicha asamblea y vecino de la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, agrega que los trabajadores de la CFE llegan a las colonias intimidando a los habitantes, pues casi siempre llegan acompañados de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública “y nos obligan a cambiar medidores, pero eso sí, cuando se va la luz, ni se aparecen. No nos negamos a pagar, no estamos promoviendo el no pago, sino el cobro justo, que no sea Hacienda quien determine las tarifas sino el Congreso y que se firme un contrato con la CFE para que haya una responsabilidad de su parte”.