Sería pertinente que la mayoría de los legisladores, sobre todo del PRI y del PAN, incluyeran en su dieta cotidiana una porción de la realidad nacional para entender las consecuencias que sus irresponsables decisiones tienen sobre la vida de millones de mexicanos.
Es hora de preguntarnos: ¿en qué momento se extravió la dignidad y la vergüenza legislativa en nuestro país? ¿Cómo es posible que los supuestos representantes del pueblo acuchillen por la espalda y a mansalva a quiénes han depositado en ellos su confianza para la salvaguarda del bienestar de sus familias?
Quienes desde su privilegiado espacio parlamentario han alentado la contrarreforma laboral de Felipe Calderón han puesto de rodillas a millones de trabajadores ante la clase empresarial, y les han negado un futuro laboral, basado en la seguridad social, a millones de jóvenes. Es lamentable y vergonzoso que nuestro país haya retrocedido cien años en sus conquistas sociales por la ignominiosa decisión de un puñado de lacayos que han olvidado la función esencial de un legislador, y que ni por asomo recuerdan o han leído siquiera la valentía y honestidad de auténticos representantes del pueblo como Belisario Domínguez y otros tantos que dieron a México una Constitución como la de 1917.
Aniquilar los postulados sociales del artículo 123 es pisotear la memoria de miles de obreros que en el siglo pasado pagaron con su sangre las conquistas laborales que ahora, en aras de la defensa de un modelo neoliberal que intenta cargar los costos de la crisis económica a los que menos tienen, son borradas por una caterva de pillos que ni siquiera en charlas de sobremesa han oído hablar de las sangrientas huelgas de Cananea y Río Blanco.
Hace casi cien años, durante los trabajos del constituyente de 1917, en Querétaro, un diputado guanajuatense, Luis Fernández Martínez, dejó plasmadas en el diario de los debates, algunas palabras que hoy deberían ser motivo de vergüenza para los que hicieron trizas los derechos laborales de la clase trabajadora, plasmados en el artículo 123 por esos legisladores que supieron cumplir a cabalidad con su papel en la historia.
Fernández, señaló entonces: “…los que hemos estado al lado de esos seres que trabajan, de esos seres que gastan sus energías, que gastan su vida para alimentar a sus hijos; los que hemos visto esos sufrimientos, esas lágrimas, tenemos la obligación imprescindible de venir aquí, ahora que tenemos la oportunidad, a dictar una ley y a cristalizar en esa ley los anhelos y las esperanzas del pueblo de México”.
Y así como la historia plasmó en letras de oro la labor patriótica de los constituyentes del 17, los nombres de quienes ahora han traicionado al pueblo, de manera artera y cobarde, deben ser exhibidos en las plazas públicas para que quienes resulten afectados con sus arbitrarias decisiones conozcan el rostro de sus verdugos.
El 20 de junio pasado, el todavía candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se comprometió con líderes afines a su partido a “no legislar a espaldas de los intereses de los trabajadores” y respetar sus conquistas cuando enviara su iniciativa laboral. Los hechos muestran todo lo contrario: a ningún trabajador se le tomó parecer, y los priistas terminaron por avalar una iniciativa panista, pensado erróneamente que los electores les dieron un cheque en blanco para aniquilar las conquistas sociales de la clase trabajadora.
Ahora tendrán que atenerse no sólo al juicio de la historia sino al repudio y a la movilización de millones de trabajadores, pues su desaseado proceder sólo tiene un nombre: traición a la patria.
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