Editorial
Luego de permanecer más de un mes en plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alcanzó ayer un acuerdo con esa dependencia federal para jubilar a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que hayan alcanzado 23 años de antigüedad, y que formen parte de los más de 16 mil agremiados que se han mantenido en resistencia tras el cierre del organismo público, en octubre de 2009. Por lo demás, las partes acordaron realizar reuniones para tratar lo relativo a la recontratación de los trabajadores electricistas que no aceptaron las ofertas de liquidación formuladas en su momento por la administración de Felipe Calderón, lo cual podría lograrse, tentativamente, mediante su incorporación a una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ante la cerrazón y la intransigencia que caracterizó a las autoridades del pasado ciclo de gobierno desde el estallido del conflicto, corresponde ponderar positivamente el arreglo alcanzado ayer, en la medida que implica el reconocimiento, por parte de la actual administración, de la necesidad y la pertinencia de reactivar el diálogo con la representación sindical. En retrospectiva, resulta, asimismo, obligado reconocer la perseverancia de un movimiento que, tras haber sido arrojado al desempleo masivo, se mantuvo en pie y dio muestras de responsabilidad y mesura, a pesar de la campaña de calumnias e insidias de que ha sido objeto, y pese a los amagos represivos que han sido ensayados en su contra.
Habrá que esperar, por otra parte, a que el ofrecimiento de analizar la reinserción de los trabajadores del SME en el sector eléctrico abandone el plano hipotético en que se ha mantenido y aterrice en propuestas concretas. La recontratación masiva del personal de la disuelta LFC –ya sea mediante su incorporación a la CFE o mediante la creación de una nueva compañía– reviste pertinencia y necesidad no sólo desde la óptica de la justicia laboral –toda vez que no había razones técnicas ni legales para dejar a decenas de miles de trabajadores en la calle–, sino también desde una perspectiva de utilidad pública porque, más allá de consideraciones políticas y gremiales, los electricistas pertenecientes al SME representan un capital humano invaluable y que debe ser aprovechado.
Por último, sin dejar de ponderar positivamente la disposición y la apertura mostradas por el gobierno federal actual al suscribir el acuerdo referido, debe señalarse que acercamientos de este tipo habrían debido producirse mucho antes y que con ello se habría evitado llevar el conflicto a los niveles de encono y complejidad que llegó a alcanzar en estos casi 46 meses. Como ocurre en tantos otros ámbitos conflictivos de la actualidad, el gobierno calderonista arrastra una responsabilidad política ineludible por el ensañamiento injustificable a que fue sometido el SME y su entorno social de apoyo, así como por el desgaste causado, a lo largo del desarrollo de ese conflicto, en la institucionalidad política y en la propia población.
Cabe esperar que la reactivación de las negociaciones entre el gremio y las autoridades no quede en un mero formalismo y un nuevo ejercicio de simulación; que el gobierno federal no redite la belicosidad y el espíritu antisindical que caracterizó a su antecesor y que exhiba la voluntad necesaria para resolver de una vez por todas un conflicto originado hace ya casi cuatro años por parte de la propia autoridad.
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