Energéticos: no legislar al vapor

Editorial

La Jornada

Con independencia de las posibles consecuencias negativas para las finanzas públicas, la iniciativa gubernamental de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución afectaría, en caso de ser aprobada por el Legislativo, un aspecto fundamental para la vida del país: la exclusividad de la nación en las áreas de producción y distribución de energía eléctrica y de prospección, explotación, transporte, refinamiento y comercialización de hidrocarburos.

Lejos de desvanecer las sospechas de que ese proyecto busca ceder a la iniciativa privada nacional y extranjera tales industrias, la propaganda oficial las ha acentuado. Resulta insostenible que por una parte la Presidencia de la República invoque a Lázaro Cárdenas como inspirador de la propuesta y apele a consignas como “no a la privatización” y que, por otra parte, la Secretaría de Energía admita que las modificaciones a la Carta Magna propuestas por el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto permitirían la posesión y operación de refinerías y de redes de expendios de gasolina por empresas trasnacionales. Tales contradicciones, en vez de clarificar lo que está en juego, enturbian el clima político necesario para establecer los términos en los que debe emprenderse el mejoramiento del sector energético, modernización cuya necesidad es, esa sí, factor de consenso.

Es necesario, pues, abrir un compás de espera para un debate nacional profundo, razonado y argumentado, de las modalidades para el avance del sector energético y, sobre todo, de la pertinencia o no de privatizar tramos de las industrias correspondientes. Asimismo, es claro que en ese debate debe incorporarse el perfil y el calado de los cambios en las leyes secundarias en la materia, los cuales han sido inexplicablemente omitidos en la propuesta gubernamental.

Resulta ineludible el recuerdo de lo ocurrido en 2008, cuando el gobierno calderonista presentó una iniciativa para la privatización parcial del sector energético, con la pretensión de obtener una aprobación al vapor. En ese entonces bajo la presión de movilizaciones populares, el Legislativo tuvo que emprender la realización de foros amplios y plurales que derivaron en la realización de una consulta nacional no vinculante, pero políticamente decisiva. En unos y en la otra quedó meridianamente claro que la mayor parte de la sociedad se oponía a vulnerar, mediante la alteración del marco legal, la exclusividad de la nación en el sector energético.

Desde luego, la administración peñista puede considerar que ese sentir mayoritario ha cambiado en sólo un lustro, pero el Congreso de la Unión, antes de aprobar cualquier cosa que pueda significar una regresión con respecto a la expropiación petrolera de 1938 y a las regulaciones vigentes para la industria eléctrica, tiene el deber de verificar si en el lapso referido la sociedad ha cambiado de parecer o si, por el contrario, sigue considerando intocable ese sector de la economía.

La crisis de la institucionalidad representativa en el país está a la vista y el descrédito de la clase política constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la vida republicana. En tales circunstancias, sería una grave irresponsabilidad política que el Legislativo, escudándose en la literalidad de la democracia representativa, resolviera en modalidad fast track sobre reformas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto y excluyera de semejante decisión al conjunto de la sociedad. Si se procede de esa forma se producirá una enésima determinación con legalidad, en estricto sentido, pero carente de legitimidad, y se ahondará la fractura, ya alarmante, entre el México formal y el México real.

Finalmente, no hay razón alguna para proceder precipitadamente en la resolución del fundamento legal para la modernización del sector energético, asunto pendiente hace décadas, y que no ha sido resuelto mediante los parches de orientación privatizadora introducidos en los sexenios precedentes, desde el de Carlos Salinas hasta el de Felipe Calderón. Debe permitirse que el país decida, en forma argumentada, razonada y consultada, si se avanza hacia una privatización sin hipocresía o si, por el contrario, se emprende una reorganización modernizadora, pero con sentido nacional y social, de las industrias petrolera y eléctrica.