Periódico La Jornada
Martes 13 de agosto de 2013, p. 3
La iniciativa de reforma energética del gobierno federal suprime la petroquímica básica como área estratégica y prevé otorgar compensaciones en efectivo o un porcentaje de los recursos extraídos a empresas privadas beneficiarias de contratos para exploración y extracción de petróleo sin dar más detalles, ya que estarán incluidos en una ley reglamentaria.
Según la iniciativa de decreto enviada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución se basan en el modelo promovido por el ex presidente Lázaro Cárdenas cuando decretó la expropiación petrolera.
También anuncia que la nueva redacción constitucional permitirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) celebrar contratos con particulares para la generación de electricidad aunque el Estado mantiene el control del sistema eléctrico nacional, así como de su transmisión y distribución.
En lo medular propone reformar el párrafo sexto del artículo 27 para quedar así respecto al tema petrolero:
No se otorgarán concesiones ni contratos respecto de minerales radioactivos... Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos.
Con respecto al sector energético indica:
Corresponde exclusivamente a la nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que señalen las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
Al artículo 28 constitucional, relacionado con áreas prioritarias de la nación y actividades que no constituyen monopolios, añade un párrafo:
Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta constitución.
Espíritu cardenista
La propuesta consta de 29 páginas e insiste en hacer un parangón con los cambios apoyados por Cárdenas del Río al impulsar:
1. Contratos eficientes para la exploración y extracción celebrados con el Ejecutivo federal, y 2. Participación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, mediante autorización expresa del gobierno federal.
Asegura que dicha reforma constitucional, la de 1940, desapareció las concesiones tratándose de hidrocarburos del subsuelo, pero
de ninguna manera significaba excluir a los particulares de las actividades petroleras, como lo señaló el presidente Cárdenas en la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo.
Pero también reconoce que en 1958, año en que se expidió una nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, se eliminó la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación que lleva a cabo el Estado mexicano y reservó todas las actividades de la industria petrolera sólo a Pemex.
Argumenta que los cambios propuestos ayer al Congreso eliminan la prohibición dictada en 1958 para recuperar
el diseño original cardenista.
El documento reconoce que en ese año había razones para prohibir la celebración de contratos; sin embargo, en la actualidad el petróleo de fácil acceso se está agotando y
la participación de particulares, a través de contratos, podría aportar precisamente las altas inversiones requeridas, los recursos tecnológicos y la experiencia, así como compartir riesgos.
Con la ley reglamentaria, explica, se buscará
aprovechar la participación de los sectores social y privado, de modo análogo a las reformas cardenistas, a través de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos, entre otros.
Adelanta que la reforma hacendaria propondrá además un nuevo régimen fiscal para Pemex que contempla dos puntos: un pago de derechos más bajo que en actualidad y la reinversión del remanente de ese pago de derechos en la empresa o transferencia de una parte al gasto en escuelas, hospitales, infraestructura de o agua o carreteras.
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