Editorial
El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, anunció ayer la decisión del Gobierno del Distrito Federal de aumentar en 66 por ciento la tarifa de ese medio de transporte, que pasará de tres a cinco pesos por viaje a partir del próximo 13 de diciembre. Con dicho aumento, el Metro de la ciudad de México se convierte en el más caro de los países de la OCDE, con relación al salario mínimo nacional.
El funcionario detalló que la encuesta realizada entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre mostró que 55 por ciento de los usuarios entrevistados apoyaron las alzas y señaló que el lunes próximo se instalarán 28 módulos en estaciones del Metro para los usuarios que requieran apoyo económico para subsidiar este incremento –desempleados, madres solteras y estudiantes– a quienes
se les entregará una tarjeta precargada con 80 pesos, que es la diferencia que existe por usuario al mes. A renglón seguido, Ortega dijo que se mantendrá la gratuidad para los adultos mayores y las personas con discapacidad y que el Gobierno del Distrito Federal seguirá subsidiando al usuario con 6.14 pesos por boleto, ya que el costo real en 2014 será de 11.14 pesos.
El aumento al Metro podrá ser necesario y pertinente, si se atiende a la versión del gobierno capitalino sobre la supuesta inviabilidad del modelo de costos actual, o no, si se da crédito a las afirmaciones de sectores críticos en el sentido de que bastaría con desterrar la corrupción que prevalece dentro de ese sistema de transporte. En todo caso, la premura con que se organizó la encuesta referida, la pobre difusión de la misma y el proselitismo de las autoridades capitalinas en favor del aumento del costo del boleto hacen suponer que esta medida estaba decidida de antemano por la administración que encabeza Miguel Ángel Mancera, y que la consulta celebrada entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre pasados se trató de un ejercicio cosmético y de una simulación democrática, por medio de la cual el gobierno de la ciudad capital pretendió revestir de legitimidad el referido aumento y eludir en alguna medida la responsabilidad y el costo político de la decisión.
Semejante escenario sería lamentable bajo cualquier circunstancia, pero lo es más en el momento presente. En efecto, en una coyuntura nacional en que resulta pertinente y necesario que se sometan a consulta pública decisiones trascendentales para la nación –como la reforma energética que se discute en el Congreso y que permitiría, en caso de ser aprobada, la entrega de la industria petrolera nacional a las trasnacionales privadas– ejercicios como el comentado trivializan los mecanismos de la democracia participativa y merman la credibilidad de éstos ante la ciudadanía. Habría sido deseable, en todo caso, que si el Gobierno del Distrito Federal había decidido ya el incremento en la tarifa del Metro, asumiera plenamente el costo de esa decisión.
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