editorial
Una muestra de lo que podría ser futuro de la transparencia y el acceso a la información pública en Puebla la acaba de ofrecer el amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación al reportero Jorge Castillo, del diario Intolerancia, debido a que el gobierno estatal, con el contubernio de la CAIP, se ha negado a entregarle los datos sobre el número de despedidos en la administración pública estatal.
Por efecto de las reformas que en la materia aprobó el Congreso de la Unión, ahora las resoluciones inatacables del organismo garante local podrán ser sometidas a revisión en el IFAI.
Así es como la protección, que particularmente los comisionados Javier Fregoso Sánchez y Federico González Magaña le han brindado a la opacidad que tanto gusta a Rafael Moreno Valle Rosas, puede morder el polvo, porque los comisionados han pretextado una lectura miliciana, rigorista, religiosa, a pie juntillas de la ley de transparencia para avalar los alegatos absurdos del gobierno, en vez de privilegiar el espíritu del derecho a la información que todo ciudadano tiene garantizado constitucionalmente, en vista de que los recursos que administra el gobierno salen del bolsillo de la gente.
El ala oficialista de la CAIP, que es mayoría, se vale de todo tipo de escaramuzas leguleyas para proteger los intereses del Ejecutivo: que si las solicitudes se hacen antes de tiempo, que si se hacen después, que si no hay digitalización de la documentación, que si hay que consultar in situ miles de legajos, que no se pueden tomar fotografías, en fin, cualquier artificio legaloide es bueno para darle la razón al gobierno.
El colmo de estos pretextos ha sido la negativa a entregar la información sobre las facturas de los dos helicópteros de lujo que adquirió el gobierno de Moreno Valle, arguyendo que del conocimiento de esos documentos se puede inferir la bitácora de vuelos del mandatario y sus colaboradores: ¡como si la vista y tacto de esos datos le dieran a uno el poder de clarividencia!
En un caso similar, el del avión presidencial comprado para el uso de Enrique Peña Nieto, el IFAI sí abrió la información.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro criterio?
La respuesta, abrumado lector, está en un sabio aserto de Montero Glez: “Quien conoce la ley, conoce la trampa”.
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