La juez Primero de Distrito en el estado ordenó la suspensión provisional de las obras del gasoducto Tuxpan–Atotonilco, tras admitir a trámite el amparo colectivo promovido por habitantes de la comunidad de Cuacuila en Huauchinango que se oponen a su instalación, no obstante los obreros de la empresa Gasomex continúan los trabajos.
14/01/2014
Martín Hernández Alcántara
Martín Hernández Alcántara
El portal e–consulta dio a conocer ayer una nota firmada por la reportera Leticia Ánimas Vargas, en la cual se consigna que, por acuerdo dictado dentro del Juicio de Amparo 6/2014 publicado el pasado 7 de enero, la juez Rosaura Rivera Salcedo ordenó parar temporalmente la colocación de la tubería que transportará diariamente 6 millones de barriles de gas licuado de petróleo desde el puerto de Tuxpan en Veracruz hasta Atotonilco, Hidalgo, en el altiplano central del país.
Lo anterior sucedió dentro del Incidente de Suspensión del juicio solicitado por pobladores adheridos a la organización “Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos” (CIDD) que invocaron la protección de la justicia federal al considerar que la obra, además de poner en riesgo sus vidas, viola sus derechos como pueblo originario, especialmente el de autodeterminación y a la consulta previa, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En su resolución, la juez Primero de Distrito ordenó que “no se continúe con la construcción del gasoducto que aduce la parte inconforme (y que) fue autorizada por la Secretaría (Semarnat) responsable, lo anterior, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables lo que se resuelva respecto de la suspensión definitiva”.
No obstante lo expuesto, miembros del CIDD denunciaron que Gasomex continúa con la obra, tal y como este medio pudo constatar con las fotografías que se publican con esta nota, además de que la empresa cuenta con vigilancia permanente de la Policía Municipal de Huauchinango en el lugar de los trabajos situado al pie de la comunidad inconforme.
La demanda de Amparo Colectivo fue presentada por más de 500 indígenas nahuas contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que autorizó la construcción del gasoducto que, según los inconformes, pasa a sólo 170 metros del poblado que habitan unos tres kilómetros al sureste de la cabecera de esta demarcación.
La juez de Distrito señaló además las 10:21 horas del próximo 30 de enero para la realización de la Audiencia Constitucional, donde tras recibir los informes de las autoridades responsables, los argumentos de la empresa Gasomex que fue llamada al juicio como “tercera perjudicada” y de los afectados, además de desahogar las pruebas, deberá dictar sentencia.
Desde octubre pasado, los habitantes de Cuacuila han realizado dos clausuras simbólicas de la obra, marchas y asambleas y han recibido el apoyo de otras organizaciones de la región que luchan contra los denominados “proyectos de muerte”.
En tanto, Gasomex ha argumentado que no existe ningún riesgo para la población debido a que en los trabajos “son 100 por ciento seguros” y lo que se edifica cerca de esta junta auxiliar “es una válvula de seguridad” y el proyecto fue sometido “a consulta por internet por la Semarnat”.
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