Martín Esparza Flores
Revista Siempre
11 de octubre 2014
En agosto pasado, la deuda pública en México llegó al más alto nivel en su historia al representar el 39.9% del producto interno bruto (PIB), superior al 39.4% registrado en 1990, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se calcula que al asumir los pasivos laborales de Pemex y CFE, con la aprobación de la reforma energética, estimados en 2.1 billones de pesos el endeudamiento interno del sector público ronda ya la también cifra récord de los 7 billones de pesos.
Y si bien la palabra deuda ha estado ligada al país desde la consumación del movimiento de Independencia, en 1821, cuando la corona española impuso como condición para el reconocimiento del gobierno de Agustín de Iturbide el admitir el pago de los adeudos contraídos por el gobierno virreynal —por lo que los mexicanos ganamos independencia pero sin libertad económica—, en los últimos 30 años las políticas neoliberales han terminado por hacer un uso indebido y excesivo del endeudamiento, pasando por alto lo establecido en la propia Constitución.
La fracción VIII del artículo 73 de la Carta Magna establece que el Congreso tiene facultad: “Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. En los ingresos públicos ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”.
Las salvedades que enumera el 29 son: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto…”
Los niveles de endeudamiento alcanzados por el gobierno federal hacen inaplazable un análisis serio y profundo que explique al país las razones de fondo que han llevado a las últimas cinco administraciones federales, y a la hoy vigente, a llegar extremos que hacen impagable la deuda pública que, a final de cuentas, terminamos debiendo todos los mexicanos.
Es momento de que la clase política nos explique porqué rescates bancarios y carreteros que son producto del fracaso de las privatizaciones de muchas empresas públicas fueron asumidos por los gobiernos en turno como si se tratara de situaciones de emergencia para la nación.
En las sucesivas entregas, demostraremos cómo, por ejemplo, las deudas contraídas en el gobierno de Porfirio Díaz guardan cierta similitud con el estilo de los neoliberales de hoy.
"Independencia sin libertad económica",
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